En el marco de un debate legislativo que tensiona las bases del modelo productivo y la protección de los recursos naturales, el diputado nacional por La Libertad Avanza, Alejandro Bongiovanni, expuso una postura tajante sobre la necesidad de reformar el marco regulatorio de los hielos en Argentina. En una entrevista exclusiva brindada a Infobae, el legislador sostuvo que la actual Ley de Glaciares posee un carácter de excepcionalidad absoluta que no encuentra correlato en ninguna otra legislación internacional, lo que, a su juicio, representa un obstáculo para el desarrollo nacional.

Durante su diálogo con los periodistas Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé en los estudios de Infobae a la Tarde, Bongiovanni enfatizó que la intención del oficialismo es avanzar hacia un esquema que logre armonizar la protección ambiental con el desarrollo productivo, respetando la titularidad provincial sobre los recursos.

La excepcionalidad argentina y el conflicto de competencias

Uno de los puntos centrales del argumento de Bongiovanni radica en la comparación internacional. El diputado fue incisivo al señalar que países con una fuerte tradición de protección y actividad en alta montaña, como Perú, Canadá, Suiza, Chile o los miembros de la Unión Europea, no poseen normativas que establezcan una prohibición total sobre las actividades en zonas periglaciares. "Busquen: nadie tiene una norma semejante", insistió, recordando que la ley original —impulsada en su momento por Miguel Bonasso— fue incluso objeto de un veto por parte de Cristina Fernández de Kirchner.

Para el legislador libertario, el nudo gordiano de la discusión se encuentra en la interpretación constitucional de los artículos 124 y 41, que contraponen la tutela ambiental nacional con la propiedad de los recursos de las provincias. Bongiovanni advirtió que el rol de los diputados nacionales debe ser establecer un "piso mínimo de protección" y no un techo máximo que impida toda actividad. Según su visión, el marco actual "tiene un piso máximo, no se puede hacer nada", mientras que la reforma permitiría destrabar la minería en zona periglaciar siempre y cuando se demuestre que no existe una afectación hídrica relevante.

Federalismo, recursos y el rol de las organizaciones

El diputado reafirmó que "los recursos naturales son de las provincias" y que esta premisa debe ser el eje de cualquier discusión federal. Aunque reconoció que la Nación tiene injerencia cuando los intereses de más de una jurisdicción entran en juego, ratificó que no se puede soslayar la autoridad provincial sobre su propio territorio. Ante las dudas planteadas sobre un posible desamparo ambiental, aclaró que, ante la ausencia de la Ley de Glaciares en áreas periglaciares, seguiría operando la ley general ambiental con sus presupuestos mínimos.

Por otro lado, Bongiovanni cargó duramente contra organizaciones como Greenpeace, a quienes acusó de realizar "militancia económica" en lugar de ambiental. Cuestionó la falta de modelos productivos alternativos por parte de estos grupos y planteó un escenario hipotético crítico sobre el futuro del país sin el aporte tecnológico del agro o de proyectos estratégicos como Vaca Muerta, defendiendo la necesidad de integrar la tecnología al desarrollo del campo.

El trasfondo de las reformas y el modelo económico

Más allá de la cuestión ambiental, la entrevista recorrió los pilares de la gestión de Javier Milei. Bongiovanni admitió que la transición de una economía de "búsqueda de rentas" a una de "búsqueda de ganancias" resulta traumática, pero defendió la contención estatal a través de la Seguridad Social, que ha aumentado incluso por encima de la inflación. Respecto al mercado de trabajo y el empleo en ciudades industriales, destacó la importancia de la reforma laboral, celebrando especialmente la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos para fomentar la negociación directa con las empresas.

Finalmente, el legislador se refirió a temas pendientes como la presión de Ingresos Brutos, al que calificó como el "matapymes", y la situación de la educación pública y el financiamiento universitario. Sobre esto último, opinó que la universidad pública "nos sale cara" y abogó por realizar auditorías para ganar eficiencia sin necesariamente "tirarse en contra" del sistema educativo hoy. Al cierre, relativizó la caída en las encuestas, señalando que la popularidad es una "moneda para tradear a favor de reformas" que se recuperará cuando los resultados sean tangibles.