El Gobierno nacional confirmó que convocará al Congreso a sesiones extraordinarias durante las primeras semanas de diciembre, en un escenario marcado por una importante cantidad de iniciativas legislativas pendientes y por las dificultades del oficialismo para avanzar con algunos de los proyectos que considera prioritarios.
El anuncio fue realizado este martes por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada. Hacia el cierre de su presentación, el funcionario fue consultado sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo convocara a los legisladores para continuar con el tratamiento de distintas iniciativas una vez finalizado el período ordinario.
Ravier confirmó que habrá una convocatoria, aunque evitó precisar cuáles serán los proyectos incluidos en el temario. La definición sobre las iniciativas que llegarán al recinto, explicó, se conocerá cuando se formalice el llamado presidencial.
"Las sesiones extraordinarias van a ocurrir en las primeras semanas de diciembre, por lo menos. No puedo decir qué proyectos van a entrar en las sesiones extraordinarias. Es algo que cuando se convoque, se sabrá", expresó el vocero.
La declaración confirmó una decisión que ya se descontaba dentro del escenario político y parlamentario: la necesidad de que el presidente Javier Milei habilite un período extraordinario para intentar avanzar con una agenda legislativa que todavía tiene numerosos asuntos sin resolver.
Una agenda legislativa con proyectos clave pendientes
La convocatoria se producirá cuando finalice el período de sesiones ordinarias del Congreso, que concluye durante este mes. El oficialismo tiene por delante una batería de iniciativas que considera importantes y cuyo tratamiento todavía no logró completar.
Entre los principales proyectos pendientes aparecen el Presupuesto 2027 y la Reforma Electoral, que contempla la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Ambos asuntos forman parte de una agenda que el Gobierno buscará acelerar durante las próximas semanas.
Sin embargo, el temario legislativo no se limita a esas dos iniciativas. También se encuentran en carpeta otros proyectos que podrían formar parte de las discusiones parlamentarias:
Ley Malvinas.
Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye la reposición de la Ley de Tierras.
Discapacidad.
Súper RIGI.
Nueva Ley de Salud Mental.
Presupuesto 2027.
Reforma Electoral y eliminación de las PASO.
A esa lista se suma la Ley de Ludopatía, cuyo futuro legislativo se convirtió en uno de los puntos de mayor tensión política dentro del oficialismo.
La necesidad de convocar a extraordinarias responde, precisamente, a la cantidad de iniciativas que todavía requieren tratamiento. Aunque también existe la posibilidad de extender el período de sesiones ordinarias, esa alternativa presenta una diferencia importante: en ese caso, el temario no quedaría limitado exclusivamente a los proyectos que solicite el Presidente.
Por esa razón, la convocatoria presidencial a extraordinarias aparece como el mecanismo que permitiría al Ejecutivo delimitar los asuntos que pretende impulsar durante diciembre.
La Ley de Ludopatía, en riesgo de perder estado parlamentario
Uno de los interrogantes que surgieron durante la conferencia de Ravier estuvo relacionado con la Ley de Ludopatía. El vocero fue consultado sobre si el Gobierno respaldaría su tratamiento, teniendo en cuenta que la iniciativa perderá estado parlamentario si no obtiene avances antes del vencimiento correspondiente.
Sin embargo, el funcionario no brindó precisiones ni manifestó una posición concreta sobre el proyecto. La situación genera preocupación entre los sectores que reclaman que el Congreso avance con una legislación destinada a la prevención de la ludopatía. La iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en noviembre de 2024, pero desde entonces nunca fue tratada en el Senado.
Si la Cámara Alta no la vota antes del 30 de noviembre, el proyecto perderá estado parlamentario y el proceso legislativo deberá comenzar nuevamente desde cero.
El recorrido de la iniciativa estuvo marcado por las diferencias entre el oficialismo y los sectores que impulsaron el texto aprobado por Diputados. En el Senado, el tratamiento quedó congelado debido a que el Gobierno consideraba que la propuesta era demasiado restrictiva.
Entre los argumentos esgrimidos por el oficialismo figuraban las posibles consecuencias sobre las libertades comerciales, la publicidad privada y las competencias provinciales vinculadas con la regulación del juego. En mayo de este año, Javier Milei envió al Congreso un proyecto propio del Gobierno sobre la problemática. Sin embargo, esa iniciativa tampoco consiguió que comenzara formalmente la discusión parlamentaria.
La presión de Patricia Bullrich para iniciar el debate
Mientras el Gobierno mantiene sin definiciones públicas el futuro de la Ley de Ludopatía, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, anunció que comenzarán a discutirla durante las próximas semanas.
Su posicionamiento representa un nuevo punto de diferenciación con la Casa Rosada, en un momento en que también crecen las versiones sobre posibles cambios en la conducción del bloque oficialista en el Senado. La discusión legislativa se desarrolla en medio de la tensión entre Karina Milei y Patricia Bullrich, y de los rumores acerca de que la exministra podría ser desplazada de la titularidad de la bancada libertaria.
La disputa interna adquirió mayor intensidad frente a las versiones sobre la posibilidad de que la conducción política del oficialismo avance contra Bullrich. Según trascendió, ante esa amenaza, la senadora habría respondido: "Que me corran, no tengo problema. Pero no les sale ni una ley más".
La frase refleja el nivel de confrontación que atraviesa al espacio oficialista y las posibles consecuencias que esa disputa podría tener sobre la actividad parlamentaria.
Las diferencias no se limitan a los cargos o a la conducción política del bloque. También tienen impacto concreto sobre la agenda legislativa y los acuerdos necesarios para conseguir avances en el Congreso.
La reforma electoral y las diferencias por las PASO
Otro de los puntos que alimenta las tensiones alrededor de Bullrich es el tratamiento de la reforma electoral, una iniciativa que incluye la eliminación de las PASO. A la jefa del bloque libertario la acusan de estar demorando el debate porque le convendría especular hasta último momento con la posibilidad de competir en unas elecciones primarias contra Javier Milei.
De acuerdo con esos cuestionamientos, esa posibilidad le permitiría contar con una herramienta de negociación política y fortalecer su posición frente al Presidente. La discusión sobre la reforma electoral se suma así a un escenario en el que las diferencias internas comienzan a influir sobre el ritmo de los proyectos que el oficialismo pretende impulsar.
En ese contexto, la Ley de Ludopatía aparece como otro terreno en el que podrían profundizarse los desacuerdos entre Bullrich y la conducción política del Gobierno.
La Iglesia también reclama avances en el Congreso
La discusión sobre la prevención de la ludopatía también incorporó la participación de sectores religiosos. En la previa de la visita del Papa León XIV a la Argentina, la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) lanzó una campaña de recolección de firmas mediante la plataforma Change.org.
El objetivo de la iniciativa fue exigir que el proyecto de ley avance en el Congreso y que se concrete su tratamiento legislativo. El reclamo se produjo en un momento especialmente sensible para el futuro de la propuesta, debido a la proximidad del vencimiento del plazo parlamentario. Si el Senado no aborda el texto antes del 30 de noviembre, la iniciativa perderá estado parlamentario, pese a haber conseguido la aprobación de Diputados en 2024.
La intervención de la CEPAS sumó presión sobre los legisladores y volvió a colocar el tema en la discusión pública, mientras el Gobierno continúa sin definir qué posición adoptará frente al proyecto.