Diputados: LLA tiene los votos para aprobar la ley de Malvinas, pero corre peligro un capítulo clave
En conversaciones con aliados, el Gobierno ofreció hacer retoques menores al capítulo que sanciona el financiamiento de campañas y crea nuevos tipos penales vinculados a la "injerencia extranjera".

El oficialismo tiene los votos para aprobar en general el próximo miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional pero podría sufrir la amputación de un capítulo entero que es resistido por sectores dialoguistas.

El jueves pasado el oficialismo intentó alinear a sus aliados en un encuentro a puertas cerradas en el Salón de Honor, y se llevó reacciones diversas: el PRO y la UCR se comprometieron a apoyar el texto con o sin modificaciones, mientras que Provincias Unidas, Argentina Federal y hasta la monobloquista radical Karina Banfi exigieron cirugía mayor en el capítulo 7 a cambio de los votos.

Por el momento, el oficialismo solamente prometió retoques menores, lo que maximiza el riesgo de que el capítulo entero sea guillotinado en la votación en particular.

Una vez que se vote en general, se pasará al desglose por capítulos y el 7 en particular necesita una mayoría especial de 129 votos para su aprobación porque propone, entre otros elementos, cambios al sistema electoral. 

Esa cantidad de votos no está garantizada y por ese motivo no se descarta que el Gobierno acepte a último momento quitar el capítulo para aglutinar respaldo amplio en torno al núcleo duro de sanciones a empresas petroleras que operan sin autorización argentina en el Atlántico Sur. 

La sesión, prevista para este miércoles desde las 12 del mediodía, también incluye en el temario la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, los acuerdos de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, en materia de delitos de menores y de los delitos contra la integridad sexual, el Convenio de Libre Comercio  entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio -AELC- y el Mercado Común del Sur -MERCOSUR-, y la enmienda al Protocolo de Montevideo.

El resistido capítulo

El capítulo 7 prevé multas importantes a extranjeros sin residencia permanente en el país y a personas jurídicas extranjeras que financien campañas electorales. 

Además, crea tipos penales vinculados a la "injerencia extranjera". Por caso, propone penas de prisión por "facilitar operaciones militares o de inteligencia dirigidas por un Estado extranjero u organización y destinadas a afectar la seguridad nacional o la integridad territorial de la Nación".

También dispone penas de prisión por poner los secretos a disposición de un Estado o servicio de inteligencia extranjero; y por proporcionar ayuda a operaciones clandestinas de inteligencia por cuenta de un Estado extranjero.

Se prohíbe la organización, financiación y ejecución de "campañas de injerencia extranjera" y de "actos de violencia o sabotaje dirigidos contra el Estado argentino o sus habitantes".

A raíz de la lluvia de críticas que recibió en su momento el proyecto, el Gobierno aceptó dejar afuera de cualquier tipo de persecución penal o económica a "la actividad diplomática ejercida conforme al derecho internacional, la expresión pública y atribuida de opiniones por un Estado extranjero, el ejercicio de la actividad periodística y de la investigación académica" y "la representación de intereses realizada de forma abierta y conforme a la normativa aplicable".

Hay otros puntos que también generan dudas en algunas fuerzas políticas como el rol de las Fuerzas Armadas en Seguridad Interior y los protocolos de derribo de aeronaves y hundimiento de barcos.