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Lavado de dinero: investigan la red de Lázaro Báez y un vínculo con el tasador de CFK

Una investigación judicial reconstruyó una presunta estructura que, según la fiscalía, continuaba explotando propiedades embargadas, decomisadas y transferidas al Estado mediante administradores informales y operaciones financieras.

Cristina y Lázaro Báez
Cristina y Lázaro Báez

16 Noviembre de 2026 15.37

Una investigación judicial reconstruyó una presunta estructura que, según la fiscalía, continuaba explotando propiedades embargadas, decomisadas y transferidas al Estado mediante administradores informales y operaciones financieras.

Después de realizar 27 allanamientos en la capital santacruceña, el fiscal Julio Zárate ordenó requisar un domicilio que adquirió especial relevancia en la investigación: el correspondiente a Sergio Felipe Pejkovic, titular de una inmobiliaria y perito tasador designado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en el proceso de ejecución de bienes del caso Vialidad.

Durante los procedimientos judiciales se secuestró una importante cantidad de documentación. Entre los elementos encontrados en la inmobiliaria había una carpeta identificada con el rótulo "Lázaro Báez y Cristina Ibáñez", que contiene información sobre el manejo de propiedades.

El hallazgo generó un cruce de información entre la investigación por lavado y el proceso destinado a recuperar los fondos correspondientes al perjuicio económico establecido en el caso Vialidad.

El dato fue considerado relevante por el fiscal general Diego Luciani, quien analizó los vínculos comerciales e inmobiliarios de Pejkovic con personas del entorno de Báez y advirtió sobre las posibles consecuencias que esas relaciones podrían tener en la objetividad de las tasaciones.

La conexión adquiere importancia porque la persona propuesta para intervenir en la valuación de bienes destinados a satisfacer el decomiso habría mantenido relaciones previas con el empresario condenado y con sus operadores actuales.

El decomiso de $685.000 millones y los 111 bienes bajo análisis

El caso Vialidad tiene como uno de sus objetivos centrales recuperar 685.000 millones de pesos, cifra correspondiente al perjuicio ocasionado al Estado mediante la maniobra defraudatoria vinculada con la obra pública vial en Santa Cruz. La Corte Suprema de Justicia confirmó hace un año la condena por esa maniobra, que posicionó a Lázaro Báez como el principal adjudicatario de obra pública vial en esa provincia entre 2003 y 2015.

Entre los hechos condenados por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) se encuentran circuitos exclusivos de pago, sobreprecios promedio del 65%, procesos simulados y pagos por avances de rutas que no eran reales.

El decomiso constituye la herramienta judicial destinada a avanzar sobre el patrimonio de las personas condenadas para recuperar el producido del delito. En este caso, los condenados deben responder solidariamente con sus respectivos bienes para cubrir el monto actualizado del perjuicio. Entre ellos, Lázaro Báez y Cristina Kirchner aparecen como los imputados con patrimonios más cuantiosos.

En el proceso a cargo del TOF 2 existe una orden de decomiso que obtuvo la confirmación de la Cámara de Casación y que actualmente se encuentra bajo estudio de la Corte Suprema de Justicia.

La medida comprende 111 bienes, distribuidos de la siguiente manera:

20 propiedades pertenecientes a la familia Kirchner.

84 bienes correspondientes a Lázaro Báez.

El resto, perteneciente a los demás acusados.

Dentro de las propiedades vinculadas con la familia Kirchner se encuentran 19 inmuebles de Máximo y Florencia Kirchner y uno bajo la titularidad de la exmandataria, individualizados en la resolución del 18 de noviembre de 2025.

La designación de Pejkovic y la inmobiliaria Patagonia Propiedades

El vínculo entre el tasador y el entorno de Báez comenzó a adquirir relevancia dentro del expediente a partir de la documentación presentada por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner.

El pasado 15 de mayo, la defensa de la expresidenta designó como perito tasador de parte a Sergio Felipe Pejkovic e informó como correo electrónico de contacto la dirección "[email protected]".

Mediante una resolución del 18 de mayo de 2026, el tribunal tuvo presente esa designación para que Pejkovic interviniera junto al Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la tasación de los inmuebles individualizados en la resolución del 18 de noviembre de 2025.

En esa misma presentación, la defensa solicitó que las tareas se realizaran mediante inspecciones presenciales y con participación conjunta de los peritos de parte.

Sin embargo, el cruce de información incorporado por la fiscalía permitió identificar una serie de relaciones entre Pejkovic y personas vinculadas con la administración de propiedades de Báez. Uno de los episodios señalados por Luciani ocurrió el 29 de septiembre de 2026, cuando Cristian Sebastián Ibáñez, identificado como operador de confianza del empresario, se comunicó con Pejkovic para averiguar quién administraba y percibía los alquileres de los departamentos de Báez en el edificio ubicado en Zapiola N.º 55.

En un escrito, el fiscal describió el contenido de esa comunicación. Según lo reconstruido, Pejkovic identificó cuál era la unidad perteneciente a Báez y mencionó que Gendarmería se había presentado con todos los documentos que correspondían al empresario, mientras que ellos también habían presentado toda la documentación.

Además, indicó que la administración de esos inmuebles se encontraba en manos de personas que "prestan plata" en la esquina de Zapiola y Fagnano.

Minutos antes, el encargado del mismo edificio le había informado a Ibáñez que la administración de esas unidades había estado anteriormente a cargo de "Patagonia". Esa denominación coincide con la dirección de correo electrónico informada por Pejkovic ante el tribunal y con la correspondiente a la otra perito de parte designada por la defensa de Cristina Kirchner, Claudia Alejandra Rocha, cuyo correo es "[email protected]".

El fiscal Diego Luciani sostuvo que se pudo corroborar que Pejkovic sería el titular de la inmobiliaria Patagonia Propiedades.

A esa relación se suma una operación inmobiliaria anterior: el 27 de marzo de 2007, Pejkovic le vendió a Lázaro Báez, más precisamente a través de Austral Construcciones S.A., un inmueble identificado con la matrícula N.º 18.144, ubicado en Río Gallegos, Santa Cruz.

La empresa Austral Construcciones fue utilizada, según los antecedentes judiciales mencionados, para lavar 55 millones de dólares en la causa conocida como Ruta del Dinero K y para el fraude de 685.000 millones de pesos investigado en el caso Vialidad.

Los cuatro vínculos que señaló Diego Luciani

A partir de la documentación y las comunicaciones analizadas, el fiscal general consideró que la relación de Pejkovic con el entorno de Báez presenta cuatro aspectos relevantes para el proceso de decomiso.

En su presentación, Luciani sostuvo que quien fue propuesto por la condenada Fernández de Kirchner para tasar bienes destinados a satisfacer el decomiso reúne las siguientes conexiones: Habría administrado inmuebles pertenecientes a Lázaro Báez.

Le habría adquirido bienes al empresario.

Mantendría trato con su operador actual en relación con la percepción de los frutos de inmuebles ya decomisados.

Actúa a propuesta de una persona condenada que está obligada solidariamente con Báez a responder por el perjuicio económico establecido en el caso Vialidad.

La fiscalía advirtió que estos antecedentes podrían configurar un posible conflicto de intereses, debido a que el valor asignado a los bienes sujetos a decomiso incidirá directamente sobre el alcance de la ejecución patrimonial.

Luciani planteó que esos vínculos pueden comprometer la objetividad que debe exigirse a cualquier experto que participe en el procedimiento, incluso cuando intervenga como perito de parte. Por ese motivo, solicitó al TOF 2 que tome en consideración las circunstancias denunciadas y adopte las medidas necesarias para garantizar que la tasación de los bienes se realice preservando la objetividad de todos los participantes.

El planteo también incluyó un pedido de intervención urgente sobre los bienes alcanzados por el decomiso, debido a que, según la fiscalía, continúan siendo explotados y generando ingresos mediante cánones locativos y producción agropecuaria, mientras esos recursos se percibirían fuera del control jurisdiccional, a través de terceros y bajo directivas del propio condenado.

Un flujo de casi $391 millones bajo investigación

Los reportes financieros incorporados a la investigación permitieron reconstruir movimientos económicos que, entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, alcanzaron un flujo consolidado de $390.880.000.

La cifra equivale aproximadamente a 980 salarios mínimos y supera ampliamente el piso legal de $59.820.000 que exige la ley para configurar el delito de lavado de activos. Además, ese cálculo no contempla el valor real de los campos y edificios que habrían sido explotados. Dentro del universo financiero analizado se identificaron 662 operaciones bancarias acreditadas por $380.620.089, vinculadas con Cristian Ibáñez y Jorge Manuel Ulloa.

El detalle de los movimientos permitió establecer las siguientes operaciones:

Jorge Manuel Ulloa: realizó autotransferencias entre cuentas propias por $165.161.408, equivalentes al 63% de sus egresos.

Cristian Ibáñez: registró movimientos propios por $65.305.267.

Agosto de 2026: se habría cerrado una negociación para vender ilegalmente dos galpones embargados por $250.000.000.

Octubre: se detectó una secuencia de siete transferencias rápidas por $6.900.000, realizadas en apenas cuatro minutos y quince segundos.

Seis remesas directas: por un total de $5.100.000, que terminaron en manos de Claudia Insaurralde.

Estas operaciones forman parte del análisis sobre la circulación de fondos y las modalidades utilizadas para fragmentar y movilizar el dinero dentro de la estructura investigada.

Campos, edificios y sociedades bajo explotación

La investigación también identificó un conjunto amplio de propiedades y activos que habrían sido utilizados para generar ingresos pese a encontrarse alcanzados por medidas judiciales.

Entre los establecimientos rurales mencionados aparecen las estancias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike, que integraban el patrimonio explotado por la organización. En el ámbito urbano y comercial, los investigadores identificaron:

Las unidades funcionales del edificio ubicado en calle Zapiola N.º 55.

Un inmueble situado en la costanera de El Calafate.

Dos galpones que habrían sido negociados por $250 millones.

El inmueble de calle Córdoba N.º 45, que ya figuraba formalmente a nombre de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como consecuencia del decomiso.

Este último caso adquiere particular relevancia porque se trata de una propiedad cuya titularidad ya había pasado formalmente al máximo tribunal, pero que igualmente aparece dentro del universo de bienes sobre los cuales se investiga una posible explotación irregular.

La red también habría mantenido control fáctico sobre las sociedades Kank y Costilla S.A. y Austral Agro S.A., además de percibir irregularmente ingresos correspondientes a contratos de alquiler vigentes con las empresas Prexa S.R.L., Cedimag S.A. y Centro Médico La Trinidad S.A.

Vehículos y conexiones con investigaciones por narcotráfico

El expediente también incorporó información sobre vehículos vinculados con el entorno de Báez y utilizados en actividades que forman parte de otras investigaciones judiciales.

Uno de ellos es un Ford Mondeo, dominio LSJ-212, registrado a nombre de Báez y con pedido de secuestro. Según la información reunida, el automóvil era utilizado por la pareja de Agüero, investigada por narcotráfico. También aparece un camión Scania, dominio COC-335, que fue interceptado en el control de Güer Aike con documentación falsa.

Estos elementos se relacionan con el origen de la investigación, que surgió como desprendimiento de causas por narcotráfico después de que se detectaran operadores locales que combinaban logística y vehículos vinculados con el empresario.

La fiscalía investiga así una posible conexión entre la explotación de bienes judicializados, los movimientos financieros y las actividades de personas involucradas en causas conexas por drogas.

Doce imputados y una estructura organizada

La Justicia identificó una presunta banda estable integrada por doce imputados, articulada mediante relaciones familiares, de pareja y subordinación. Según los elementos de la investigación, varios de sus integrantes llamaban "Tío" y "Tía" a Lázaro Báez y a su pareja.

En la cúspide de la organización, de acuerdo con la imputación del fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate, se encontraba el propio Báez, quien habría impartido instrucciones desde el penal de Ezeiza. La conducción ejecutiva estaba integrada por su pareja, Claudia Insaurralde, y Cristian Ibáñez. Ambos fueron detenidos e incomunicados después de abordar un vuelo desde Río Gallegos hacia Buenos Aires, durante el cual despacharon cuatro valijas de gran tamaño.

Junto a ellos aparece Valentina Micaela Devetac, identificada como parte del anillo familiar de apoyo logístico, junto a Fausto Devetac.

En la ingeniería financiera y contable, los investigadores atribuyeron funciones específicas a otros integrantes:

Jorge Manuel Ulloa: encargado del nodo bancario utilizado para mover y mezclar los fondos.

Paula Godfrid: vinculada con la cobertura y justificación agropecuaria y financiera del dinero.

Mauro Trevisan Godfrid: también señalado por su participación en la cobertura y justificación agropecuaria y financiera.

Diego Navarro: histórico colaborador de Báez, que aportaba respaldo técnico.

Agustín Agüero y Pablo Toledo: identificados como enlaces locales con economías criminales y causas conexas por drogas.

La investigación busca establecer cómo funcionaba esta estructura, qué participación tuvo cada uno de sus integrantes y de qué manera se habría sostenido la explotación económica de bienes que debían permanecer bajo control judicial.