En medio del complejo escenario económico que atraviesa el transporte urbano de pasajeros, el Concejo Deliberante de la Capital sumó a su agenda una propuesta orientada a brindar alivio inmediato a uno de los sectores más golpeados por la caída de la actividad. El concejal capitalino Christian Perea Ansinelli presentó un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia económica del servicio de taxis y remises en San Fernando del Valle de Catamarca.
La iniciativa pone el foco en la situación de choferes, titulares de licencias y prestadores del servicio, con una batería de medidas que apunta a reducir costos fijos, sostener la continuidad laboral y ofrecer herramientas de recuperación financiera a mediano plazo.
Una respuesta urgente
Según se desprende de los fundamentos del proyecto, la propuesta surge como respuesta a un escenario signado por la caída del poder adquisitivo y la crisis económica, variables que impactan de manera directa sobre la demanda del servicio y, en consecuencia, sobre los ingresos diarios del sector.
Perea Ansinelli sostuvo que la coyuntura requiere una respuesta inmediata por parte del municipio, con medidas que contemplen el carácter esencial de la actividad y la necesidad de proteger a quienes dependen de ella como principal fuente de sustento.
En ese marco, el edil remarcó que la iniciativa representa una salida posible y concreta al plantear que: "La solución está en la mesa". Además, definió la propuesta como una "decisión política, solidaria y humanista", subrayando la responsabilidad del Estado municipal de intervenir para amortiguar el impacto de la crisis sobre los trabajadores.
Exención de tasas y habilitación sin costo por 18 meses
Uno de los ejes centrales del proyecto es la reducción inmediata de la carga tributaria y administrativa que hoy afrontan taxis y remises. La ordenanza propone la exención de tasas municipales y de los costos de habilitación del marbete durante 18 meses, un plazo pensado para otorgar previsibilidad y alivio al sector mientras se estabiliza el contexto económico.
Entre los beneficios previstos se destacan:
- Exención de tasas municipales
- Eliminación del costo de habilitación del marbete
- Vigencia de la medida por 18 meses
- Alivio directo sobre gastos fijos obligatorios
- Mejora del flujo operativo de trabajadores y titulares
Esta herramienta busca disminuir uno de los componentes más sensibles de la estructura de costos del servicio, especialmente para quienes dependen del movimiento diario para sostener gastos personales, mantenimiento del vehículo y obligaciones administrativas.
Asistencia económica
Además del alivio fiscal, el proyecto incorpora una herramienta extraordinaria de asistencia financiera. Perea Ansinelli solicitó que el municipio avance en una ayuda económica extraordinaria destinada a choferes y prestadores, con un esquema de devolución a futuro y un plazo de gracia de un año.
Este punto introduce una lógica de acompañamiento que no se agota en el subsidio inmediato, sino que busca ofrecer un respaldo transitorio mientras se recupera la actividad.
Los lineamientos planteados contemplan asistencia económica extraordinaria, alcance para choferes y prestadores, devolución futura, doce meses de gracia y Recuperación financiera progresiva.
La combinación entre alivio tributario y asistencia con recuperación diferida aparece como el núcleo del esquema propuesto.
El foco puesto en la clase trabajadora
En los fundamentos, el concejal enfatizó que el objetivo principal es proteger a la clase trabajadora, en referencia a quienes sostienen diariamente el servicio de taxis y remises en la Capital. La caída del consumo, el menor movimiento de pasajeros y el impacto general del deterioro económico son los elementos que, según la iniciativa, justifican la necesidad de una declaración de emergencia económica sectorial.
El proyecto se inscribe así en una discusión más amplia sobre el rol del municipio frente a sectores que dependen de la dinámica diaria del mercado local y que ven comprometida su estabilidad ante escenarios recesivos.
La propuesta ahora deberá ingresar al circuito legislativo correspondiente, donde se analizará su viabilidad administrativa, presupuestaria y legal.