Con el objetivo de modernizar el acceso a la carrera docente y simplificar uno de los procedimientos administrativos más relevantes del sistema educativo provincial, el diputado provincial Exequiel Moreno presentó un proyecto de ley para establecer la inscripción y reinscripción digital de docentes ante las Juntas de Clasificación de Catamarca. La propuesta busca transformar un esquema que hoy obliga a miles de aspirantes y docentes en actividad a cumplir con un trámite presencial, sostenido todavía por una normativa de casi cinco décadas de antigüedad.
La iniciativa parte de una premisa concreta: que el actual mecanismo de inscripción docente no sólo resulta burocrático y costoso, sino que además reproduce desigualdades entre quienes viven en la Capital y quienes residen en departamentos alejados. Bajo esa lectura, el proyecto no se limita a incorporar una herramienta tecnológica, sino que se presenta como una reforma administrativa con impacto directo sobre las condiciones de acceso y permanencia en la carrera docente.
Un sistema presencial que se mantiene desde 1976
El proyecto de Moreno propone reemplazar el esquema vigente, establecido por el Decreto Ley N.º 3122 de 1976, que obliga a los aspirantes a trasladarse hasta el Pabellón 26 del CAPE para presentar una extensa documentación en formato papel. Ese procedimiento incluye la reunión de certificados, fotocopias, constancias y otros requisitos, además de la obligación de ajustarse a cronogramas escalonados que suelen extenderse durante semanas.
En la práctica, el sistema actual implica para los docentes una carga administrativa considerable. La inscripción y reinscripción no se resuelven a través de un trámite ágil o automatizado, sino mediante una presentación física de documentación, con tiempos de espera, traslados y exigencias que se repiten cada año. El proyecto sostiene que este esquema genera costos económicos y pérdida de tiempo para miles de docentes, una situación que se vuelve todavía más gravosa para quienes viven en el interior provincial y deben movilizarse hasta la Capital para completar un procedimiento administrativo.
A esa carga se suma otro elemento señalado por la iniciativa: la necesidad de ausentarse de los establecimientos educativos para cumplir con un trámite que, en gran parte, consiste en presentar información que el propio Estado ya posee y que podría verificar mediante sus bases de datos. El diagnóstico del proyecto apunta justamente a esa contradicción: la persistencia de una lógica presencial y en papel para gestionar datos que ya forman parte de registros estatales.
La digitalización como regla
Frente a ese escenario, la propuesta legislativa establece que la modalidad digital pase a ser la regla para las inscripciones y reinscripciones docentes ante las Juntas de Clasificación. El cambio no se agota en trasladar el trámite a una plataforma, sino que incorpora además la creación de un legajo electrónico, pensado para evitar la presentación reiterada de documentación por parte de los docentes.
Ese punto es uno de los núcleos del proyecto. La implementación de un legajo digital permitiría que la información presentada quede registrada y disponible para futuras reinscripciones, reduciendo la necesidad de volver a reunir y entregar los mismos papeles en cada instancia administrativa. De esa manera, la digitalización no sólo apuntaría a acelerar los tiempos del trámite, sino también a modificar la lógica de funcionamiento de un sistema que hoy exige reiteración documental y presencia física.
La iniciativa, sin embargo, no plantea una digitalización rígida o excluyente. Junto con la modalidad virtual, prevé instancias de atención presencial asistida destinadas a quienes no cuenten con conectividad o necesiten acompañamiento para completar el trámite. Es decir, el proyecto busca que el sistema digital sea la regla, pero sin desconocer las dificultades de acceso tecnológico que todavía pueden existir en algunos sectores o zonas de la provincia.
Reducción de desigualdades entre el interior y la Capital
Uno de los argumentos centrales del proyecto es que la reforma tiene un sentido de igualdad de oportunidades. Moreno sostiene que la digitalización no constituye solamente una mejora administrativa, sino también una medida orientada a eliminar barreras geográficas, económicas y burocráticas que hoy afectan de manera particular a los docentes del interior provincial.
La estructura actual obliga a muchos aspirantes y trabajadores de la educación a invertir tiempo, dinero y organización personal para trasladarse hasta la Capital, reunir documentación, respetar turnos o cronogramas y completar un trámite que, en términos prácticos, no se realiza en igualdad de condiciones para todos. En ese punto, la propuesta busca equilibrar el acceso a la carrera docente en toda la provincia, reduciendo el peso que tiene la distancia geográfica sobre la posibilidad de cumplir con las exigencias administrativas.
El proyecto pone el foco en esa asimetría territorial y la vincula con una idea más amplia de cercanía estatal. Incorporar tecnología, en este caso, no aparece sólo como una cuestión de eficiencia, sino como una forma de acercar el Estado a quienes forman parte del sistema educativo y de evitar que la localización geográfica se convierta en un obstáculo adicional para inscribirse o reinscribirse.
La viabilidad técnica del sistema
Entre sus fundamentos, la iniciativa destaca que la Provincia ya dispone de la infraestructura tecnológica necesaria para avanzar en este tipo de transformación. Como antecedente, recuerda que durante 2025 el Ministerio de Educación utilizó la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) para una inscripción extraordinaria de docentes titulares en disponibilidad.
Ese antecedente es presentado como una prueba de viabilidad técnica. Según la argumentación del proyecto, la experiencia desarrollada por el Ministerio de Educación demuestra que existe la capacidad operativa para sostener un esquema permanente de gestión digital y que, por lo tanto, la digitalización de las inscripciones docentes no constituye una hipótesis abstracta, sino una posibilidad concreta basada en herramientas que ya fueron utilizadas por la administración provincial.
La referencia a la TAD cumple, además, una función política dentro del proyecto: mostrar que la propuesta no parte de cero, sino que se apoya en una experiencia reciente y en recursos tecnológicos que el propio Estado provincial ya empleó para resolver una situación específica del sistema educativo.
Menos papel, menos burocracia
Además de sus efectos sobre los docentes, el proyecto también plantea beneficios para el funcionamiento de las Juntas de Clasificación y para la administración pública en general. Moreno sostiene que la digitalización permitiría agilizar los procesos, optimizar el trabajo de esas juntas y promover una gestión más eficiente y sustentable.
En ese punto, la iniciativa vincula la reforma con la reducción del uso de papel y con la incorporación de herramientas digitales que simplifiquen la relación entre el Estado y los docentes. La idea es que el procedimiento deje de depender de expedientes físicos, fotocopias y constancias en papel, y pase a organizarse a través de un sistema que centralice la información y permita verificarla de manera más rápida.