El Gobierno logró frenar en el Senado la sesión en la que la oposición buscaba avanzar con la interpelación a Manuel Adorni, en una maniobra coordinada con bloques aliados y sectores dialoguistas que terminó desactivando el debate en el recinto. La estrategia oficial se apoyó en una definición política clara: no correr el riesgo de una votación de resultado incierto sobre el jefe de Gabinete y trasladar la discusión a un terreno más controlado, como el de la comisión de Asuntos Constitucionales.

La escena en el Senado dejó expuesto el nivel de tensión que atravesaba la jornada. Los senadores de La Libertad Avanza ingresaron al recinto, pero no se sentaron en sus bancas. El peronismo replicó esa misma maniobra y, de ese modo, no se alcanzó el número de 37 legisladores necesarios para abrir el debate. La falta de quórum frustró la sesión y dejó en suspenso no sólo el tratamiento del caso Adorni, sino también el resto del temario previsto para esa jornada.

La decisión fue el resultado de una jugada diseñada desde la Casa Rosada para impedir que la discusión por el jefe de Gabinete quedara planteada directamente en el recinto. En ese marco, el oficialismo convocó a la comisión de Asuntos Constitucionales para el martes 1 de julio a las 15, con el objetivo de tratar allí los proyectos de resolución impulsados por el kirchnerismo y el PRO. La comisión está presidida por el libertario Agustín Coto, y se transformará ahora en el nuevo escenario de una disputa que el Gobierno consiguió postergar, pero no clausurar.

La apuesta del oficialismo

En el Gobierno sostienen que la salida elegida permite ganar tiempo y, sobre todo, ordenar la negociación con los bloques que acompañan al oficialismo en forma parcial o táctica. Antes de la sesión, en Nación admitían que seguían trabajando desde temprano para garantizar los votos que bloquearan la interpelación. Sin embargo, frente a un desenlace incierto, la decisión final fue directamente no abrir el recinto y evitar una pulseada que podía derivar en un costo político mayor.

La convocatoria a Asuntos Constitucionales aparece así como una herramienta para construir una salida legislativa que no obligue a los aliados a quedar expuestos en una votación en el recinto. La lógica del oficialismo es ofrecerles a esos bloques un ámbito alternativo para procesar el conflicto, sin forzarlos a aparecer alineados con el kirchnerismo, pero tampoco como defensores explícitos de Adorni.

La maniobra reproduce, además, una estrategia que el oficialismo ya había ensayado en Diputados. Allí logró que el PRO, la UCR y sectores provinciales no dieran quórum para una sesión especial opositora, a cambio de habilitar el debate en comisión. Ahora, el Gobierno intenta repetir ese esquema en el Senado: desactivar el impacto político inmediato de una interpelación en el recinto y trasladar el conflicto a una instancia donde el tiempo, el reglamento y la negociación permitan administrar mejor los daños.

El costo de blindar a Adorni

La decisión de impedir la sesión también tuvo consecuencias para la propia agenda del Gobierno. La caída del debate frenó el resto del temario que el oficialismo quería aprobar en el Senado, una lista de expedientes que incluía el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, pliegos judiciales, ascensos diplomáticos y convenios internacionales. En Balcarce 50 venían sosteniendo que contaban con los votos necesarios para avanzar con esos asuntos, pero el caso Adorni terminó condicionando toda la hoja de ruta legislativa.

Ese es uno de los datos políticos más relevantes que dejó la jornada. El Gobierno consiguió evitar una votación "en caliente" sobre el jefe de Gabinete, pero a cambio dejó sin sesión una agenda legislativa impulsada por el propio oficialismo. El blindaje político sobre Adorni tuvo, por lo tanto, un costo concreto: la postergación de proyectos que la Casa Rosada buscaba convertir en avances parlamentarios.

En el entorno presidencial entienden, sin embargo, que el beneficio de evitar la interpelación en el recinto compensa ese retroceso. La lectura oficial es que la comisión de Asuntos Constitucionales les dará una semana adicional para alinear posiciones, contener a los bloques aliados y evitar una derrota parlamentaria. La oposición, en cambio, buscará aprovechar ese mismo lapso para mantener vivo el caso y volver a colocar a Adorni en el centro de la discusión política.

La mesa política del Gobierno, activada en el Congreso

La relevancia que el Ejecutivo le asignó a esta pulseada quedó reflejada en el despliegue de parte de su mesa política en el Congreso. En el Senado se esperaba la presencia del ministro del Interior, Diego Santilli; del subsecretario Eduardo "Lule" Menem; del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y del secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, que actúa como nexo con Karina Milei y con el propio Adorni.

Mientras tanto, la secretaria general de la Presidencia y el jefe de Gabinete siguieron la situación desde la Casa Rosada. Karina Milei aparece como una de las principales sostenes políticas de Adorni dentro del Gobierno y viene interviniendo en el armado de su defensa. Devitt, por su parte, participó de las reuniones con los senadores libertarios y funciona como enlace entre Balcarce 50 y la negociación legislativa, un rol central en un conflicto donde la gestión parlamentaria quedó íntimamente ligada a la protección política del funcionario.

La discusión reglamentaria que quedó sin resolver

Además de la tensión política, la sesión frustrada dejó sin resolver una disputa reglamentaria clave. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, había intentado sostener el acta de Labor Parlamentaria que exigía dos tercios de los presentes para habilitar el tratamiento sobre tablas de los proyectos contra Adorni, dado que esas iniciativas no contaban con dictamen de comisión. Del otro lado, José Mayans, jefe del bloque peronista, reclamaba que se respetara el acuerdo anterior, que hablaba de mayoría absoluta.

La diferencia entre ambos criterios era determinante para el resultado. Si se imponía la interpretación de la mayoría absoluta, la oposición necesitaba 37 votos para avanzar con la interpelación. Si, en cambio, prevalecía la exigencia de dos tercios, el oficialismo quedaba en condiciones de bloquear el tratamiento con una minoría suficiente. La caída de la sesión evitó que esa controversia se saldara en el recinto, pero no la eliminó del mapa: simplemente la postergó.

Una tregua táctica, no un cierre del conflicto

La jugada del Gobierno permitió desactivar el riesgo inmediato de una derrota parlamentaria y corrió la discusión hacia la comisión de Asuntos Constitucionales. Pero el conflicto quedó abierto. La oposición no consiguió llevar a Adorni al recinto, aunque tampoco el oficialismo logró clausurar el tema. El Senado entró así en una tregua táctica, sostenida por la falta de quórum y por la promesa de un tratamiento en comisión que ahora funcionará como nuevo campo de batalla.

Lo que quedó claro es que el caso Adorni alteró por completo la agenda legislativa y obligó al Gobierno a desplegar una maniobra defensiva de alto costo político. La Casa Rosada ganó tiempo y evitó una votación riesgosa, pero al precio de congelar una sesión propia y de exponer, una vez más, la fragilidad de sus mayorías en el Congreso. La próxima escala será el martes 1 de julio, cuando la comisión de Asuntos Constitucionales se reúna para tratar los proyectos impulsados por el kirchnerismo y el PRO. Allí comenzará una nueva etapa de una disputa que el oficialismo consiguió postergar, aunque todavía está lejos de cerrar.