El Gobierno nacional envió este jueves al Congreso un proyecto de ley que busca incentivar la incorporación de los denominados "dólares del colchón" al sistema financiero formal mediante modificaciones al régimen de "Inocencia Fiscal".
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, tiene como objetivo ofrecer mayores garantías jurídicas a los ahorristas para fomentar que los fondos no bancarizados ingresen al circuito financiero y puedan destinarse al consumo, la inversión y el crédito.
Al presentar la propuesta, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la intención es que "esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin penalidad de ningún tipo" y remarcó que "la contracara de la inversión es el ahorro, que hoy está debajo del colchón".
El proyecto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el propio Caputo.
Los principales cambios
La iniciativa plantea modificaciones sobre dos ejes centrales: el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y el esquema de prescripción tributaria.
Entre las principales medidas, elimina los límites de ingresos y patrimonio que restringían el acceso al régimen simplificado. De esta manera, todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país podrán optar por esa modalidad, independientemente del volumen de sus ingresos o bienes.
Además, redefine el concepto de "discrepancia significativa", que habilita a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a revisar las declaraciones de los contribuyentes.
Según el proyecto, esa situación se configurará cuando la diferencia implique un incremento del impuesto o una reducción de quebrantos superior al 15% de lo declarado, supere el monto previsto en el Régimen Penal Tributario o se detecte la utilización de facturas apócrifas o el cómputo indebido de ingresos.
A su vez, incorpora un piso mínimo equivalente al 5% del monto previsto en el Régimen Penal Tributario para evitar que diferencias de escasa magnitud den lugar a fiscalizaciones consideradas desproporcionadas.
Beneficios para los contribuyentes
La propuesta también establece que quienes adhieran al régimen podrán rectificar sus declaraciones juradas y cancelar las diferencias detectadas dentro de los 15 días posteriores a la notificación sin perder los beneficios previstos.
Asimismo, crea un mecanismo de reintegro acelerado que obliga a ARCA a devolver, con intereses, los montos abonados cuando una impugnación sea posteriormente revocada, en un plazo máximo de 45 días hábiles.
En materia de prevención del lavado de activos, el texto dispone que las operaciones de los contribuyentes adheridos deberán canalizarse a través de los medios autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores.
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno sostuvo que la iniciativa busca consolidar un sistema tributario "más lógico y protector de los derechos de los pequeños y medianos contribuyentes", al tiempo que procura fortalecer las herramientas de fiscalización y control del Estado.
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