El fiscal federal Gerardo Pollicita se encuentra actualmente abocado a la redacción de un escrito extenso que tiene como objetivo intimar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que explique el origen de su patrimonio. Según fuentes judiciales, los ingresos declarados por el funcionario no alcanzarían a cubrir la totalidad de sus bienes, situación que motivó la intervención del Ministerio Público.
Este paso representa un procedimiento previo a un eventual llamado a declaración indagatoria. Para establecer con exactitud el monto de la inconsistencia patrimonial, la fiscalía aguarda los resultados de un peritaje contable encargado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), dependiente de la Procuración General de la Nación.
Además, se desarrolla un estudio especializado sobre las operaciones y trazabilidad de fondos en criptomonedas realizadas por Adorni, un aspecto clave dado que el funcionario aún no presentó su última declaración jurada de bienes. Este documento, que había sido prometido tanto por Adorni como por el presidente Javier Milei hace un mes, todavía no se ha hecho público. Los expertos estiman que el informe técnico definitivo podría estar listo en aproximadamente 90 días.
Una vez notificado, Adorni deberá explicar detalladamente el origen de los fondos utilizados para adquirir los bienes observados. Si sus explicaciones son suficientes, el fiscal podría resolver su sobreseimiento. En caso contrario, se solicitará formalmente su declaración indagatoria, según informó el medio La Nación.
Frente judicial secundario: contratos y viajes
En paralelo, Adorni enfrenta un frente judicial secundario bajo la supervisión del juez Ariel Lijo. Este expediente investiga los contratos de coproducción firmados entre la TV Pública y la productora Imhouse, propiedad de Marcelo Grandio, amigo cercano del jefe de Gabinete. Según el expediente, Adorni viajó a Uruguay durante el último feriado de carnaval acompañado por Grandio. El ex vocero afirmó que pagó su viaje con ingresos personales, pero la factura incluida en el expediente contradice esta versión.
La Justicia detectó presuntas transferencias de dinero desde la empresa hacia Adorni previas a su asunción, lo que generó sospechas sobre posibles intermediaciones incompatibles con la función pública o la recepción de dádivas. En este marco, el juez Lijo ordenó medidas de investigación adicionales:
- Cruce de llamadas telefónicas entre los involucrados.
- Análisis de geolocalización para determinar la presencia física de los actores en los momentos clave.
Fuentes de los tribunales de Comodoro Py estiman que la citación a indagatoria por parte del juez Lijo podría concretarse antes del inicio de la feria judicial de invierno, prevista para la segunda mitad de julio. "El juez está a la espera de las últimas medidas de prueba para firmar la citación", indicó una fuente judicial vinculada al expediente.
Conexión y contexto de las investigaciones
El caso de Adorni ilustra un escenario judicial complejo, en el que se combinan la revisión patrimonial, la trazabilidad de fondos en criptomonedas y la investigación de contratos públicos y relaciones personales con empresarios. La coincidencia temporal de ambas investigaciones intensifica la presión sobre el jefe de Gabinete, quien debe aclarar inconsistencias antes de posibles medidas cautelares.
Los procedimientos reflejan un enfoque riguroso y sistemático por parte de la Justicia, que busca determinar si existieron irregularidades patrimoniales y conflictos de interés en la función pública, sin que hasta el momento se hayan emitido juicios sobre la culpabilidad del funcionario.
Próximos pasos
- Fiscal Pollicita: espera resultados del peritaje contable y del estudio sobre criptomonedas; definirá sobreseimiento o llamado a indagatoria.
- Juez Ariel Lijo: aguardando el cierre de pruebas adicionales (cruces de llamadas y geolocalización) para formalizar la citación a declaración indagatoria, posiblemente antes de julio.
La doble investigación marca un momento crítico para el gabinete de Javier Milei y pone en evidencia la complejidad de supervisar el patrimonio y la transparencia de altos funcionarios públicos en Argentina.