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Sesiones Extraordinarias

Javier Milei envió al Congreso la Ley Ómnibus para reformar el Estado

Entre sus principales propuestas está declarar la emergencia pública y delegar las facultades legislativas en el Poder Ejecutivo por al menos dos años.

27 Diciembre de 2023 17.36

El presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación el proyecto de "ley ómnibus", que contiene 664 artículos que suman más reformas en el Estado y desregulaciones a las ya establecidas en el reciente DNU, y que será tratado durante las sesiones extraordinarias.

El proyecto se denomina "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos" y fue entregado este miércoles por el ministro del Interior, Guillermo Francos, al presidente de la Cámara Diputados, Martín Menem.

El texto contiene una amplia reforma electoral, cambios impositivos, un blanqueo y más límites a las marchas, entre otras iniciativas que no fueron parte del DNU porque las temáticas que toca no pueden evitar el Congreso.

Prevé la derogación de las PASO y la implementación de la boleta única de papel, el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad, declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025 y habilita al Ejecutivo a privatizar las empresas estatales. También modifica la Oficina Anticorrupción, la composición de la Cámara de Diputados e introduce cambios en el financiamiento de los partidos políticos.

"Con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853, presentamos al Honorable Congreso de la Nación el adjunto proyecto de ley y manifestamos nuestra firme voluntad de emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación", se informó en la cuenta de Twitter de la Oficina del Presidente de la Nación.

El proyecto modifica una veintena de leyes y entre ellas propone la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria aprobada durante 2020, facultando al Poder Ejecutivo a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones "teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica".