El Gobierno nacional rechazó un pedido judicial para informar la ubicación de las reservas de oro de la Argentina, en el marco del juicio que se desarrolla en Estados Unidos por la expropiación de YPF. La solicitud fue presentada ante el juzgado de la jueza Loretta Preska, quien interviene en la causa por la estatización de la petrolera ocurrida en 2012, y forma parte de los intentos de los beneficiarios del fallo para identificar activos argentinos susceptibles de ejecución.
La novedad fue dada a conocer por el especialista en litigios internacionales Sebastián Maril, quien difundió el contenido de la presentación a través de sus redes sociales. Según detalló, el Ejecutivo nacional rechazó brindar la información requerida al sostener que las reservas de oro no pertenecen al Tesoro Nacional, sino al Banco Central de la República Argentina (BCRA), entidad que goza de autonomía funcional y operativa.
"El Gobierno rechazó este pedido explicando que el oro pertenece al BCRA y, al ser una entidad independiente, el Tesoro no tiene acceso a dicha información", precisó Maril en un posteo que fue replicado y procesado por la Agencia Noticias Argentinas. De este modo, la administración nacional buscó despegarse formalmente del control directo sobre esos activos, en una estrategia que apunta a limitar el alcance de eventuales medidas de embargo.
En la misma presentación, el Gobierno también rechazó otro requerimiento formulado por los demandantes: la comparecencia del ministro de Economía, Luis Caputo, para prestar declaración y brindar precisiones sobre la ubicación y disponibilidad de las reservas. Según se indicó, el Ejecutivo consideró improcedente esa citación y reiteró que cualquier información vinculada al oro debe ser canalizada exclusivamente a través del Banco Central.
No obstante, desde el Gobierno aclararon que realizarán el pedido correspondiente ante la autoridad monetaria, aunque sin comprometer plazos ni alcances sobre una eventual respuesta. En ese sentido, remarcaron nuevamente la independencia del BCRA como argumento central para justificar la negativa inicial.
El trasfondo de la disputa se vincula con la sentencia que condenó a la Argentina a pagar alrededor de 16.000 millones de dólares como consecuencia de la expropiación de YPF. Los beneficiarios del fallo buscan establecer conexiones entre distintos organismos del Estado para detectar activos que puedan ser considerados embargables y, de ese modo, avanzar en la ejecución de la sentencia dictada por la jueza Preska.
La estrategia judicial de los demandantes apunta a demostrar que, más allá de las divisiones formales entre organismos, existe una unidad económica entre el Estado nacional y entidades como el Banco Central, lo que permitiría extender las medidas de cobro sobre bienes estratégicos del país.
Cabe recordar que la Argentina apeló el fallo condenatorio dictado por Preska y se encuentra a la espera de una resolución por parte de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos. Mientras tanto, el litigio continúa abierto y suma nuevos capítulos, con pedidos de información, presentaciones cruzadas y definiciones que podrían tener impacto directo sobre las finanzas públicas y la estrategia internacional del país.
En ese contexto, la negativa a revelar la ubicación del oro se inscribe en una postura defensiva del Gobierno, orientada a preservar activos clave y a evitar precedentes que puedan facilitar futuras acciones de ejecución por parte de los acreedores.