En un movimiento estratégico para el sistema judicial de la región, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán se encuentra en el centro de una propuesta de transformación profunda que busca redefinir su operatividad. Los senadores nacionales Sandra Mendoza, por la provincia de Tucumán, y Guillermo Andrada, por Catamarca —ambos integrantes del bloque Convicción Federal— han formalizado la presentación del Proyecto de Ley (S-0130/2026). La iniciativa tiene como eje central la división del tribunal en dos salas diferenciadas, una medida que pretende modernizar la dinámica administrativa de una de las jurisdicciones más extensas y complejas del país.
La relevancia de este proyecto trasciende ampliamente las fronteras tucumanas, ya que la competencia de esta Cámara abarca de forma integral a las provincias de Catamarca y Santiago del Estero. Por ello, la reforma se presenta como una respuesta directa y necesaria a la demanda de brindar una tutela judicial efectiva y en tiempos razonables para los ciudadanos de estas tres provincias, quienes a menudo ven dilatadas sus causas debido a la actual estructura centralizada del tribunal.
La fundamentación de la ley se apoya en un análisis exhaustivo de los datos objetivos sobre el desempeño del tribunal en la última década. Desde el año 2012, la Cámara ha registrado un crecimiento constante en el volumen de causas a resolver, lo que ha terminado por tensionar una estructura administrativa que hoy resulta insuficiente para el flujo de expedientes. Actualmente, el órgano funciona bajo un esquema de tribunal único multifuero que genera demoras inevitables en el dictado de sentencias debido a su composición de cinco miembros.
Bajo el reglamento vigente, la mecánica decisoria exige la concurrencia insoslayable de tres voluntades para alcanzar una mayoría en las sentencias. Esta exigencia, en un tribunal de cinco integrantes, suele provocar que los plazos procesales se extiendan significativamente más de lo deseado por los ciudadanos, alejando al sistema de los estándares de eficiencia y celeridad que la sociedad actual demanda con urgencia. El proyecto identifica este punto como el principal cuello de botella que debe ser removido para agilizar la justicia regional.
Para resolver esta problemática, el proyecto de los senadores Mendoza y Andrada propone una reingeniería institucional que ya ha demostrado su éxito en otros centros urbanos de gran densidad litigiosa, tales como Salta, La Plata, Córdoba, Mendoza y Rosario. El nuevo esquema se define por la creación de dos salas integradas por dos miembros cada una, las cuales estarán bajo la órbita de un Juez de Cámara que ejercerá la presidencia de forma compartida.
En este nuevo diseño operativo, el presidente del cuerpo intervendrá de forma indistinta únicamente cuando exista una discrepancia insalvable entre los vocales de una sala, actuando como el tercer voto necesario para alcanzar la mayoría exigida para dictar una resolución. Esta estructura no solo busca mejorar la celeridad en términos cuantitativos, permitiendo el tratamiento simultáneo de más expedientes, sino que también apunta a un fortalecimiento cualitativo del servicio de justicia en toda la jurisdicción.
Un aspecto fundamental del proyecto, especialmente ante la rigurosidad del actual contexto económico, es que su implementación no implica gasto o erogación alguna para las arcas públicas. La propuesta de los legisladores asegura que la reorganización puede ejecutarse íntegramente mediante la optimización de los recursos humanos y materiales que ya forman parte del presupuesto vigente de la jurisdicción. Es decir, se trata de una mejora en la eficiencia administrativa que no requiere nuevas contrataciones ni infraestructuras adicionales.
Finalmente, el texto de la ley es el corolario de un extenso proceso de diálogo y trabajo articulado con actores clave del poder político y judicial. Durante su etapa de elaboración, se llevaron a cabo reuniones estratégicas con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, magistrados de la propia Cámara Federal, integrantes del Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, así como con diputados y senadores nacionales. En estos encuentros de trabajo, además de consensuar la división en salas, se subrayó la urgencia de avanzar en la cobertura de vacantes y la resolución de los concursos pendientes para garantizar que el fortalecimiento del servicio de justicia sea pleno y sostenible en el tiempo.