Una nueva jornada de alta conflictividad social se vivió este miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina. El epicentro del Poder Legislativo fue el escenario elegido por diversos grupos de jubilados y familiares de personas con discapacidad, quienes se movilizaron de manera conjunta para visibilizar una crisis que afecta la sostenibilidad de sus ingresos y el acceso a prestaciones básicas de salud.
La manifestación, cargada de reclamos por la pérdida de poder adquisitivo y la falta de financiamiento estatal, generó momentos de marcada tensión. Esto se debió principalmente al importante despliegue de seguridad ordenado por el Ministerio de Seguridad, que dispuso un rígido cordón policial con el objetivo de dar cumplimiento al protocolo vigente e impedir el corte de las arterias viales circundantes. Del operativo participaron efectivos de la Policía Federal y de la Gendarmería Nacional, quienes mantuvieron una presencia constante frente a la columna de manifestantes.
Denuncias por deudas en programas clave de salud
El núcleo del reclamo técnico y social se centró en la interrupción de los flujos de fondos destinados a la atención de los sectores más vulnerables. Prestadores de servicios, transportistas y familiares denunciaron ante la opinión pública y las autoridades el arrastre de deudas críticas que asfixian el normal funcionamiento del sistema.
De acuerdo con la información relevada durante la jornada, los puntos de conflicto financiero se resumen en deudas acumuladas en el Programa Incluir Salud, que según denunciaron se arrastran desde septiembre de 2025, afectando directamente la provisión de insumos. Asimismo, se reclamó la regularización de pagos en el PAMI, señalando que la falta de transferencias ha provocado que "la gente no tenga medicamentos ni atención" básica.
Daniel Macizo, presidente de la Unión de Transportistas de la Provincia de Buenos Aires (UTBA), fue una de las voces referentes en el lugar. El dirigente cuestionó la gestión del presidente Javier Milei y exigió la inmediata transferencia de recursos para regularizar la situación, advirtiendo sobre la crítica realidad que atraviesan los beneficiarios ante la falta de fondos para programas esenciales.
Gestiones oficiales y demoras presupuestarias
A pesar de la magnitud de la protesta, los canales de diálogo institucional han mostrado avances limitados según la perspectiva de los sectores movilizados. Los representantes de las organizaciones civiles confirmaron que mantuvieron reuniones con autoridades del Ministerio de Salud y con el interventor de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches.
Sin embargo, Macizo señaló que la respuesta oficial recibida hasta el momento apunta a que las dificultades radican en las demoras en la transferencia de recursos desde el área económica del Gobierno nacional. Esta situación ha generado un cuello de botella que impide que los fondos lleguen a los prestadores y, en última instancia, a los beneficiarios finales del sistema de salud y discapacidad, quienes hoy enfrentan la falta de atención médica y cobertura de servicios básicos.
Hacia una profundización de las medidas de fuerza
Ante la falta de soluciones concretas, los grupos que participaron de la marcha evalúan un endurecimiento de su plan de lucha. El malestar por las deudas que datan del año pasado ha llevado a las asambleas de jubilados y familiares a considerar estrategias de mayor impacto político para obtener respuestas efectivas por parte del Ejecutivo nacional.
En este contexto, los manifestantes evalúan profundizar las medidas de fuerza en el corto plazo. Entre las opciones que cobran mayor fuerza se encuentra la posibilidad de instalar un acampe por tiempo indeterminado frente al Congreso. Esta medida buscaría visibilizar permanentemente el reclamo ante los legisladores y presionar por una regularización de los fondos destinados a programas de salud y una mejora real en los haberes previsionales, buscando respuestas concretas para un sector que se declara en emergencia.
