Julio de Vido fue condenado a cuatro años de prisión por fraude en la importación de GNL
El exministro de Planificación recibió su tercera condena judicial por administración fraudulenta agravada. El fallo también alcanzó a Roberto Baratta y al empresario Nicolás Dromi San Martino. En total, deberán restituir más de 5,5 millones de dólares al Estado.

El exministro de Planificación Federal Julio de Vido fue condenado este martes a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por el pago indebido de comisiones durante la importación de Gas Natural Licuado (GNL) entre 2008 y 2015. Según los cálculos de la investigación, la maniobra le habría generado al Estado una pérdida cercana a los 7.000 millones de dólares.

En el mismo expediente, el exfuncionario Roberto Baratta recibió una pena de tres años y seis meses de prisión efectiva, mientras que el empresario Nicolás Dromi San Martino fue condenado a tres años de prisión en suspenso y deberá realizar un curso de ética pública para el sector privado.

Además, el Tribunal Oral Federal 7 ordenó a los tres condenados devolver 5,5 millones de dólares en concepto de reparación al Estado. Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero también dictaron la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra De Vido y Baratta.

El tribunal los halló responsables del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. No obstante, ninguno quedará detenido hasta que la condena quede firme.

La sentencia fue leída por videoconferencia, con la presencia de los imputados. Al momento de sus últimas palabras, De Vido se limitó a agradecer a los magistrados por el trato recibido.

Los fundamentos del fallo se conocerán el 28 de noviembre, fecha a partir de la cual las defensas podrán presentar apelaciones ante la Cámara Federal de Casación Penal. Durante el juicio, habían solicitado la absolución de todos los acusados.

Este fue el quinto juicio oral contra De Vido y la tercera condena que acumula. La primera fue por la tragedia ferroviaria de Once, con una pena inicial de cinco años y ocho meses de prisión por administración fraudulenta, luego reducida a cuatro años. La segunda correspondió a la compra de trenes en desuso a España y Portugal, que le valió una condena de ocho años, actualmente bajo revisión de Casación.