El exministro de Planificación Federal del kirchnerismo, Julio De Vido, presentó ante el Tribunal Oral Federal N°4 un pedido formal de prisión domiciliaria, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara la condena a cuatro años de prisión en su contra por la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida en febrero de 2012 y que dejó 51 víctimas fatales.
La solicitud fue presentada por su abogado defensor, Maximiliano Rusconi, quien calificó la resolución del máximo tribunal como "arbitraria" y adelantó que acudirá a instancias internacionales. Según explicó, planea realizar una presentación ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, al considerar que el fallo "carece de fundamentos" y vulnera derechos humanos básicos.
"El fallo de la Corte es una decisión de una velocidad sospechosa y un oportunismo evidente", expresó Rusconi, quien además sostuvo que la acción penal ya habría prescripto, dado que "pasaron casi siete años sin una sentencia completa", por lo que cualquier orden de detención "constituiría una medida ilegítima".
El abogado insistió en que su defendido "nunca fue condenado por el choque en sí mismo", sino por presuntas irregularidades en el manejo de subsidios ferroviarios, una causa que, según la defensa, también estaría prescripta. "Se ha intentado confundir deliberadamente a la opinión pública —sostuvo Rusconi— mezclando la tragedia con un expediente que tiene otro objeto procesal".
El letrado consideró que el caso "expone una enorme gravedad institucional" y denunció que el exministro enfrenta "una persecución política y judicial" por su rol durante los gobiernos kirchneristas. En ese sentido, afirmó que la presentación ante la ONU busca evitar "una privación de libertad ilegal y arbitraria" y que se adopten "las medidas urgentes necesarias para impedir que se materialice una detención que viola el estado de derecho".
"Ante lo preocupante de la situación y ante la inminente privación de libertad arbitraria del arquitecto De Vido, pediremos al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias que actúe mediante el procedimiento de 'acción urgente'", precisó Rusconi. La defensa argumenta que la condena, al no haber tenido sentencia firme durante años, no puede ejecutarse sin violar garantías constitucionales básicas.
De Vido fue ministro de Planificación Federal entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. En el marco del juicio por la tragedia de Once, fue condenado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, al entender la Justicia que tuvo responsabilidad en la falta de control sobre los subsidios al sistema ferroviario que derivaron en el deterioro del servicio.
Con la reciente ratificación de la Corte, la sentencia quedó firme y el exfuncionario enfrenta ahora la posibilidad de cumplir la pena en prisión. Sin embargo, su defensa busca que, debido a su edad y a cuestiones de salud, se le otorgue el beneficio de la detención domiciliaria.
Desde su entorno, aseguran que De Vido atraviesa un cuadro de salud delicado y que el cumplimiento de la condena en un establecimiento carcelario "pondría en riesgo su integridad física y emocional". Por su parte, organizaciones de derechos humanos y dirigentes cercanos al kirchnerismo acompañaron la postura de su defensa, calificando la decisión judicial como "una muestra más de lawfare en la Argentina".
La resolución final sobre el pedido de prisión domiciliaria quedará ahora en manos del Tribunal Oral Federal N°4, mientras la defensa avanza con su estrategia internacional para cuestionar el fallo ante organismos de derechos humanos.
