El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó una denuncia penal tras conocer una investigación periodística que revelaría maniobras de espionaje ilegal en su contra.
Con el patrocinio del abogado Guillermo Acuña Anzorena, el mandatario pidió indagar "supuestas maniobras de espionaje ilegal por parte de funcionarios y/o personal de la SIDE", que, a su entender, podrían configurar "delitos de acción pública cometidos por personas cuya identidad deberá establecerse".
En el escrito presentado ante la Justicia, Kicillof señaló que tomó conocimiento de reportes confidenciales que incluirían información sobre políticos y funcionarios opositores. "No conozco más detalles de lo sucedido. Pero la gravedad de lo presuntamente ocurrido me impone formular esta denuncia para que se investigue, con urgencia, lo realmente sucedido, sus alcances y quiénes fueron sus autores", afirmó.
Las CTA también acudieron a la Justicia
Paralelamente, los secretarios generales de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy, denunciaron penalmente al presidente Javier Milei y al titular de la SIDE, Sergio Neiffert, por presuntas tareas de espionaje sobre organizaciones sindicales, dirigentes políticos y movimientos sociales.
La presentación, realizada en la Justicia federal, surge a partir de una investigación periodística que expuso informes secretos de la SIDE en los que se monitoreaban actividades políticas y sindicales lícitas, como marchas de jubilados, actos culturales y protestas gremiales.
Según indicaron desde las centrales sindicales, los documentos detallaban fechas, recorridos y nombres de dirigentes sin referir riesgos para la seguridad nacional, lo que evidenciaría un seguimiento con fines políticos. Este accionar violaría la Ley de Inteligencia Nacional (N° 25.520) y derechos constitucionales como la privacidad, la libertad de expresión y la participación política.
La denuncia solicita determinar si estos informes fueron realizados bajo orden judicial y, de no ser así, identificar y sancionar penalmente a los funcionarios responsables, incluido el Presidente, en su carácter de máxima autoridad política del sistema de inteligencia nacional.
