La audiencia por la Ley de Glaciares sigue bajo cuestionamientos y con pedidos de nulidad
Tras una primera jornada marcada por protestas y cruces políticos, el proceso se reanuda con una audiencia virtual. Sectores opositores judicializaron el mecanismo por la limitación en la cantidad de oradores habilitados.

Luego de una primera jornada atravesada por la tensión, la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares continuará este jueves en la Cámara de Diputados con una nueva instancia de exposición, esta vez bajo modalidad virtual.

El encuentro está previsto para las 10 hs y forma parte de un proceso que busca recoger las opiniones de distintos actores de todo el país. Sin embargo, el desarrollo de estas audiencias no está exento de polémica: sectores opositores presentaron pedidos de nulidad en la Justicia, cuestionando la metodología implementada por el oficialismo.

El eje del conflicto radica en la limitación impuesta en el número de oradores, una decisión que generó críticas tanto dentro como fuera del recinto parlamentario.

Protestas y clima tenso en el Congreso

La jornada inicial, realizada el miércoles, estuvo acompañada por un fuerte despliegue de protestas en las inmediaciones del Congreso, protagonizadas principalmente por grupos ambientalistas.

En ese contexto, la Cámara de Diputados llevó adelante la primera audiencia pública, que contó con la participación de un importante número de expositores, muchos de los cuales manifestaron posturas críticas hacia la actividad minera.

El clima general estuvo marcado por:

  • Manifestaciones en la vía pública
  • Discursos con fuerte tono opositor a la minería
  • Un escenario de tensión política dentro del recinto

La combinación de estos factores configuró una jornada intensa, en la que el debate técnico se vio atravesado por posicionamientos políticos y reclamos sociales.

Cruces entre expositores y legisladores

El desarrollo de la audiencia también estuvo signado por fuertes cruces entre algunos oradores y diputados opositores, lo que evidenció el nivel de polarización que rodea al proyecto.

La reunión fue conducida por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, quienes encabezaron una sesión que comenzó temprano por la mañana y se extendió durante varias horas.

Durante el intercambio, se registraron cuestionamientos tanto a la iniciativa en discusión como a la dinámica de participación establecida para las audiencias.

El reclamo por la limitación de oradores

Uno de los puntos más sensibles del proceso fue la decisión de limitar a 200 el número de oradores provinciales, una medida que generó malestar entre los participantes.

A lo largo de la jornada, la mayoría de los expositores expresó su rechazo a esta restricción, señalando que afecta la representatividad y la pluralidad del debate.

Este aspecto es precisamente el que motivó los pedidos de nulidad presentados en la Justicia por sectores opositores, quienes consideran que la limitación vulnera el carácter abierto de las audiencias públicas.

Entre los cuestionamientos planteados se destacan:

  • Restricción en la participación federal
  • Reducción del número de voces habilitadas
  • Impacto en la legitimidad del proceso

Estos argumentos forman parte de la disputa que ahora también se traslada al ámbito judicial.

El contenido del proyecto en discusión

Más allá de la controversia procedimental, el eje del debate está puesto en el contenido del proyecto de reforma, que ya cuenta con media sanción del Senado, obtenida durante el período de sesiones extraordinarias.

La iniciativa busca redefinir el alcance de las zonas protegidas, particularmente en áreas periglaciares, con el objetivo de habilitar ciertas actividades económicas que actualmente están restringidas.

En términos concretos, el proyecto propone:

  • Permitir tareas de exploración
  • Autorizar la explotación económica en determinadas zonas
  • Revisar áreas actualmente consideradas intangibles

Estas modificaciones impactan directamente sobre regiones que hoy se encuentran blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales, lo que explica la fuerte reacción de sectores ambientalistas y de parte de la oposición.

Un proceso abierto y bajo presión

La continuidad de las audiencias, ahora en formato virtual, se desarrolla en un contexto de alta sensibilidad política y social, con el debate atravesado por cuestionamientos legales y movilización en las calles.

El oficialismo busca avanzar con el tratamiento del proyecto, mientras que la oposición intenta frenar o modificar el proceso, tanto en el plano legislativo como en el judicial.

En este escenario, la audiencia de este jueves se presenta como una nueva instancia clave para el desarrollo de una discusión que combina aspectos técnicos, intereses económicos y demandas ambientales.