En una decisión que ha generado un fuerte impacto en los foros internacionales, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó recientemente una resolución de carácter histórico que declara la trata de esclavos africanos y la esclavitud racializada como el crimen más grave contra la humanidad. Sin embargo, la noticia cobró una dimensión particular en el Cono Sur, ya que la Argentina fue uno de los poquísimos países que se opuso a lo dispuesto por el organismo internacional. Esta postura marca una distancia drástica respecto a los consensos globales en materia de derechos humanos, posicionando al país en una vereda marginal dentro del concierto de naciones.
La resolución fue adoptada gracias a una contundente mayoría que refleja el sentir de la mayor parte de la comunidad internacional, alcanzando un total de 123 votos a favor. En contraste, la oposición fue mínima pero significativa: solo se registraron tres votos en contra, correspondientes a la Argentina, Estados Unidos e Israel. Por su parte, hubo 52 abstenciones que provinieron, en su mayoría, de países integrantes de la Unión Europea y el Reino Unido, quienes optaron por no acompañar la medida pero tampoco rechazarla de forma directa.
El trasfondo de la iniciativa y la búsqueda de reparaciones
La medida no surgió de un vacío institucional, sino que fue impulsada por la Unión Africana y liderada por el estado de Ghana. El objetivo de estas naciones africanas trasciende el reconocimiento simbólico de los horrores del pasado. La resolución busca establecer un camino legal para disculpas formales y, fundamentalmente, abrir la puerta a posibles reparaciones económicas por parte de las antiguas potencias coloniales que se beneficiaron durante siglos de la trata transatlántica de personas.
Este enfoque de reparación histórica es precisamente uno de los mayores puntos de fricción. La posibilidad de que se generen obligaciones legales y financieras derivadas de la esclavitud racializada explica la resistencia de los países que votaron en contra, quienes ven en este marco jurídico un riesgo para su soberanía económica o una revisión jurídica de hechos pretéritos bajo estándares actuales.
Los fundamentos de la negativa argentina y la nueva doctrina
Aunque la Cancillería argentina no siempre emite comunicados detallados sobre cada decisión de voto en los organismos multilaterales, la postura adoptada en esta ocasión se alinea estrictamente con la nueva doctrina de política exterior del gobierno de Javier Milei. Bajo esta gestión, el país ha decidido votar de forma sistemática en contra de resoluciones que contengan agendas vinculadas a la justicia social, las reparaciones históricas o términos relacionados con el neocolonialismo.
Para la actual administración, estos conceptos son interpretados como parte de una agenda colectivista que resulta contraria a su visión de la libertad individual y el funcionamiento del mercado. En consecuencia, el rechazo a declarar la esclavitud como delito de lesa humanidad se presenta como una defensa de esta doctrina, evitando avalar marcos internacionales que, a juicio del Ejecutivo, promueven reparaciones de Estado o intervenciones colectivas basadas en el pasado colonial.
Un patrón de votos en soledad y ruptura de tradiciones
Este rechazo a la resolución sobre la esclavitud no constituye un hecho aislado, sino que se inscribe en una tendencia reciente donde Argentina ha quedado en soledad o integrada en grupos extremadamente reducidos de naciones. Durante noviembre de 2024, el país ya había manifestado su oposición a los derechos de los pueblos indígenas y se convirtió en el único país del mundo en votar contra una resolución destinada a eliminar la violencia contra mujeres y niñas. A esto se sumó, en noviembre de 2025, el voto negativo ante una resolución para prevenir y erradicar la tortura.
Esta serie de decisiones marca un quiebre profundo con la tradición histórica de la diplomacia nacional, la cual, desde el retorno de la democracia, solía acompañar y liderar los consensos internacionales en defensa de los derechos humanos. Al oponerse a declarar la esclavitud racializada como el crimen más grave contra la humanidad, el gobierno actual ratifica su voluntad de confrontar con lo que denomina agendas globales, incluso cuando esto signifique quedar por fuera de un acuerdo respaldado por más de un centenar de países.