La Corte Suprema de la Nación dio un paso decisivo hacia la reconfiguración del sistema de selección de magistrados al aprobar un Proyecto de Reglamento de Concursos destinado a reorganizar los mecanismos que definen las ternas de jueces. La medida fue adoptada mediante una acordada firmada por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y ahora será sometida a discusión en el ámbito del Consejo de la Magistratura de la Nación.
La iniciativa se inscribe en un contexto de alta actividad institucional, marcado por la estrategia impulsada en paralelo por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien busca cubrir más de 200 vacantes en la justicia federal mediante el envío de pliegos al Senado.
El objetivo
En la acordada, el máximo tribunal reafirmó su rol como "cabeza de este poder del Estado y órgano supremo de la organización judicial argentina", al tiempo que subrayó su responsabilidad de colaborar en la mejora del sistema.
Sin desconocer las funciones del Consejo de la Magistratura, la Corte sostuvo que las modificaciones propuestas tienen como eje central:
- Garantizar la primacía del mérito y la idoneidad en la selección de magistrados.
- Reducir los márgenes de discrecionalidad en las decisiones.
- Fortalecer la evaluación objetiva de antecedentes, priorizando el rendimiento académico.
- Asegurar el anonimato en las pruebas de oposición.
- Establecer reglas claras y previsibles para las entrevistas personales.
El documento enfatiza la necesidad de corregir "disfunciones del sistema" y advierte que el esquema vigente, en algunos casos, ha favorecido el "mero tránsito burocrático" por encima del mérito real.
Dos tipos de concursos y un nuevo esquema organizativo
Uno de los cambios estructurales más relevantes es la creación de dos modalidades de concursos:
- Concursos anticipados (regla general):
- Permiten cubrir hasta ocho cargos por convocatoria.
- Deben integrarse en un Plan Anual aprobado por la Comisión de Selección y el Plenario.
- Concursos especiales (excepción):
- Pueden ser simples (un cargo) o múltiples (hasta nueve cargos).
Además, el proyecto impulsa la digitalización integral del proceso, tanto para la inscripción como para la presentación de antecedentes, otorgando un peso específico a la formación académica.
Evaluación
El nuevo reglamento redefine de manera profunda las etapas de evaluación. La prueba de oposición escrita se dividirá en dos instancias:
- Etapa general:
- 120 preguntas seleccionadas de un banco de 2.000 ítems.
- Corrección automatizada.
- Etapa específica:
- Ejercicios de razonamiento e interpretación de un caso cerrado.
- Resolución de un caso práctico con sentencia.
Las consignas serán elaboradas por un Comité de Examen y evaluadas por un Jurado, mediante un sistema informático que garantiza el anonimato de los postulantes.
En cuanto a la evaluación de antecedentes, se establecen criterios objetivos y uniformes para reducir la arbitrariedad. A partir de allí se confeccionará un orden de mérito provisorio.
Solo los seis mejores postulantes accederán a la entrevista personal, que tendrá características específicas:
- Será pública y transmitida por medios audiovisuales.
- Estará abierta a la ciudadanía.
- Tendrá una ponderación reducida a 20 puntos.
La etapa final
Concluidas las evaluaciones, la Comisión de Selección elaborará un dictamen que incluirá la terna de candidatos, el orden de mérito y los puntajes obtenidos.
Posteriormente, el Plenario deberá convocar a audiencia pública y resolver la aprobación o rechazo del concurso, completando así el proceso institucional.
Fundamentos
El texto aprobado por la Corte Suprema subraya que la reforma responde a la necesidad de elevar los estándares del sistema. En ese sentido, sostiene que: "Se advierte la necesidad de perfeccionar determinados procedimientos con el objetivo de reforzar la objetividad, la transparencia y la previsibilidad del sistema".
Asimismo, identifica una falencia central en el esquema vigente: "La etapa de evaluación de antecedentes premia en ocasiones el mero tránsito burocrático por sobre el rendimiento académico de excelencia y el mérito real".
Finalmente, el documento fija una meta institucional clara: asegurar que el proceso de selección de magistrados se desarrolle con los más altos estándares de objetividad, transparencia y previsibilidad, como condición indispensable para:
- Resguardar el principio de igualdad ante la ley.
- Garantizar el debido proceso de los participantes.
- Evitar que los concursos desalienten a profesionales idóneos.
- Preservar el prestigio de la magistratura.
- Fortalecer la confianza pública en la integridad del Poder Judicial.
En este marco, la iniciativa de la Corte se proyecta como un intento de reordenar un sistema clave para el funcionamiento institucional, en un momento en que la cobertura de vacantes judiciales se ha convertido en una prioridad estratégica.