Desde las 17:00 de este miércoles 25 de marzo, las inmediaciones del Palacio Legislativo se convirtieron en el epicentro de una fuerte protesta social. Diversas organizaciones y agrupaciones comenzaron a manifestarse en los alrededores del Congreso, coincidiendo con el inicio de la primera audiencia pública por el proyecto de Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados. La movilización, que amalgama a ambientalistas, referentes de pueblos originarios y trabajadores de la economía popular, se desarrolla en un clima de tensión contenida y bajo un estricto operativo de seguridad que mantiene el edificio completamente vallado. A la columna principal se sumó el tradicional grupo de jubilados que realiza su marcha de los miércoles, configurando un escenario de reclamo heterogéneo pero unificado en su rechazo a las políticas oficiales.
Según los manifestantes, la normativa impulsada por el Ejecutivo pone en riesgo directo las fuentes de agua dulce más importantes de la Argentina, lo que motivó una convocatoria masiva bajo la consigna: "Traé tu silla o reposera y hagamos fila hasta que nos escuchen". La concentración principal se registra en el cruce de Riobamba y Bartolomé Mitre, afectando sensiblemente la circulación vehicular en el centro porteño debido a una serie de cortes programados desde las primeras horas del día. El foco de la indignación de las organizaciones sociales reside primordialmente en las limitaciones establecidas por las autoridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales, quienes han restringido la participación de manera drástica.
Ante una inscripción masiva que superó las 100.000 personas, los diputados libertarios Nicolás Mayoráz y José Peluc dispusieron un esquema de participación que la oposición tilda de antidemocrático, permitiendo solo 200 ponencias en vivo, ya sean presenciales o virtuales, para un universo de más de cien mil interesados. El resto de los inscriptos fue derivado a enviar su exposición únicamente mediante un video, sin posibilidad de debate directo en el recinto. Además, se determinó que únicamente los diputados miembros de las comisiones y dos asesores por bloque pueden ingresar al salón, limitando la presencia del resto de los legisladores nacionales a pesar de lo que dicta el reglamento. Esta situación se agravó luego de que la Justicia rechazara recientemente un amparo presentado por las organizaciones que buscaba extender los plazos y permitir la palabra de todos los ciudadanos anotados.
La movilización cuenta con un fuerte respaldo de los bloques opositores, quienes denuncian que el oficialismo intenta vaciar de contenido la participación pública para acelerar el trámite legislativo. Las organizaciones campesinas y los representantes de comunidades originarias han sido los más enfáticos al señalar que sus territorios son los que sufrirán las consecuencias de una eventual desprotección de los glaciares. El diputado Juan Grabois, presente en la marcha, denunció la falta de representatividad en el recinto al señalar que de los quince representantes de pueblos originarios que solicitaron hablar, solo tres consiguieron entrar, mientras el resto debe permanecer afuera en la marcha. Por su parte, la diputada de Unión por la Patria, Teresa García, subrayó la necesidad de evitar estas restricciones, calificando como inaceptable que en una audiencia pública no se permita la libre exposición de los sectores afectados este miércoles 25 de marzo.
Mientras la protesta se intensifica en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, el bloque de La Libertad Avanza mantiene su hoja de ruta con el objetivo de acelerar el proceso legislativo y cumplir con el requisito formal de la audiencia pública para avanzar de inmediato hacia un dictamen de comisión. Este apuro parlamentario para llevar el tema al recinto se da en un contexto donde el Gobierno enfrenta críticas externas por temas sensibles, como los recientes cuestionamientos al presidente Javier Milei por $Libra y la polémica en torno al estilo de vida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que según sectores opositores no guarda relación con sus ingresos declarados. A pesar de estos ruidos políticos y la resistencia de las organizaciones, el bloque oficialista se mantiene enfocado en sortear los obstáculos para dar continuidad al trámite de la normativa ambiental que consideran fundamental.