Es martes, dos y media de la tarde. En el sexto piso del anexo del Senado de la Nación, un despacho está colmado por catorce legisladores —diputados y senadores de distintas fuerzas— que integran la Comisión Bicameral de Inteligencia, presidida por Martín Lousteau. El espacio funciona bajo estricta reserva y audita a la SIDE, uno de los organismos más sensibles del Estado. Entre los presentes aparecen figuras del kirchnerismo como Parrilli, Wado de Pedro, Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade, junto a referentes opositores como Gabriel Bornoroni (LLA) y Cristian Ritondo (PRO). Como ocurre con cada decisión de este organismo, su labor incide en el escenario político nacional, seguido con atención por provincias como Catamarca.

Falta una semana para que varios miembros de la comisión dejen sus bancas por vencimiento de mandato. Y todos en la sala saben lo que ocurrirá en los siguientes treinta y cinco minutos: tras un acuerdo entre el kirchnerismo y el Gobierno, aprobarán el desempeño del Plan de Inteligencia Nacional correspondiente al primer año de gestión de Javier Milei y al último año de Alberto Fernández, etapa en la que la agencia estuvo dirigida por Agustín Rossi, quien volverá al Congreso como diputado.

Esa definición habilitó otro movimiento político: la Casa Rosada oficializó la salida de Sergio Neiffert, quien había llegado desde la ACUMAR para dirigir la SIDE bajo la confianza de Santiago Caputo. Esa confianza quedó dañada luego de las elecciones de octubre, cuando Neiffert ofreció a Karina Milei presuntos "servicios de protección", como garantizar que no se filtrara un video de Sebastián Pareja involucrado en una pelea en Rosario. Lejos de generar tranquilidad, el gesto provocó desconfianza y derivó en su desplazamiento. En su lugar fue designado Cristian Auguadra, contador que trabajaba en Asuntos Internos y que mantenía en redes sociales numerosas fotos personales, algo llamativo para un funcionario llamado a ocupar un cargo de máxima reserva.

Para comprender esas tensiones hay que volver al pensamiento del núcleo duro del Gobierno sobre la inteligencia. A poco de asumir, la Secretaría estaba bajo control de Nicolás Posse, exjefe de Gabinete y hombre de extrema confianza del Presidente, quien finalmente salió del Gobierno tras denuncias informales por el uso de información falsa y supuestos carpetazos internos. Algunos ministros que visitaban Olivos aseguraban sentirse vigilados.

Ese contexto derivó en una reorganización encabezada por Caputo que incluyó el nombramiento de Neiffert y cambios profundos en la estructura. En ese marco, el 5 de septiembre del año pasado, la secretaria del presidente de la Sociedad Rural recibió una carta bomba destinada a Nicolás Pino, dirigente con vínculo estrecho con Milei. La explosión no causó heridos y dejó más preguntas que respuestas. La investigación sigue en la justicia federal, sin responsables identificados, aunque se determinó que fue enviada por especialistas capaces de detonar un artefacto sin dejar rastros.

Con el paso del tiempo, Caputo avanzó en su intento por "ordenar" la Agencia, incluso con un pedido de ampliación presupuestaria de $100.000 millones que fue rechazado por el Congreso al anular un DNU presidencial. Desde entonces, las finanzas del organismo funcionan con ampliaciones periódicas. La última, emitida esta semana, incluye ítems llamativos: $200 millones para elementos de limpieza, $190 millones para artículos de oficina y $40 millones para utensilios de cocina. En contraste, el Ministerio de Justicia recibió apenas poco más de un millón de pesos para el mismo rubro.

La Bicameral recién analizará estos gastos el próximo año. La reunión de este martes se enfocó exclusivamente en los informes de gestión de 2023 y 2024. El de 2023 había quedado pendiente en medio de controversias, como el aterrizaje del avión venezolano-iraní sin alertas de la AFI durante el gobierno de Alberto Fernández. Con pragmatismo y silencio institucional —obligatorio por ley— libertarios y kirchneristas terminaron aprobándose mutuamente los informes.

El universo de la inteligencia suele ser oscuro y difícil de rastrear, aunque de vez en cuando deja ver escenas inesperadas. En esta reunión también se aprobó abrir un sumario y citar a dos exagentes por un escándalo casi desconocido: una causa por lavado de dinero contra representantes de fútbol iniciada por una denuncia anónima con datos falsos. En ese expediente apareció un testigo protegido, identificado como "Cuatro", quien declaró haber sido enviado a espiar a representantes durante la gestión de Gustavo Arribas, el ex "Señor Cinco" vinculado históricamente al mundo del fútbol.

En paralelo, el clima legislativo también se recalienta. El 10 de diciembre asumirán nuevos representantes en el Congreso y en la Legislatura bonaerense. En esta última, la necesidad de Axel Kicillof de obtener endeudamiento para pagar aguinaldos y financiar a los municipios derivó en un acuerdo político cargado de tensiones. En cuestión de horas, el directorio del Banco Provincia pasó de nueve a quince miembros, en un reparto de cargos vinculado al respaldo legislativo. El PRO, que estaba por perder dos lugares ante la irrupción libertaria, logró conservarlos. Son puestos con funciones acotadas y salarios de veinte millones de pesos mensuales.

Ese escenario incluyó ausencias clave, como la del dirigente libertario Ramón "El Nene" Vera, cuya no participación habilitó al oficialismo a reunir los dos tercios necesarios. En el Congreso nacional la lógica empieza a repetirse: Patricia Bullrich articula la estrategia oficialista mientras circula el borrador final de la reforma laboral, cuyo contenido ya genera inquietud entre aliados. La pulseada por su aprobación será uno de los ejes políticos del verano.