La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizó este lunes a los Tribunales de la calle Talcahuano y presentó un recurso judicial para que se declare la inconstitucionalidad de la ley de reforma laboral, que obtuvo sanción definitiva en el Senado el viernes pasado y aún no fue promulgada por el Poder Ejecutivo.

La central formalizó su planteo mediante escritos ingresados tanto en el fuero Laboral como en el Contencioso Administrativo. "Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional", afirmó Jorge Sola, uno de los tres cosecretarios generales de la CGT, al hablar con la prensa frente a los tribunales.

Sola estuvo acompañado por los otros dos cosecretarios generales, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, quienes encabezaron la presentación judicial en nombre de la central sindical. Según indicó, con este paso la CGT "cumple con lo que venimos diciendo desde que iniciamos este proceso de rechazo a la ley".

Los fundamentos del reclamo

En un comunicado difundido tras la presentación, la CGT sostuvo que su pedido de inconstitucionalidad se basa en la afectación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en la vulneración de principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Pacto de San José de Costa Rica, instrumentos que cuentan con rango constitucional en la Argentina.

"La mal llamada 'modernización' significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales", señaló la central. Según el documento, la norma transgrede el principio de Progresividad o No Regresión, que impide adoptar medidas que impliquen retrocesos injustificados en derechos laborales adquiridos.

También argumentó que se vulnera el Principio Protectorio, basado en la desigualdad estructural entre empleador y trabajador, y que se afectan derechos contemplados en el artículo 14 bis, como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a huelga, la negociación colectiva, la libre agremiación, la libertad sindical y la seguridad social.

Cuestionamientos a la reforma

La CGT cuestionó aspectos puntuales de la ley. Sostuvo que habilita jornadas laborales de hasta 12 horas, elimina las horas extras y podría derivar en una reducción salarial. Asimismo, objetó la supresión de sanciones a empleadores que incumplieron aportes y la posibilidad de abonar indemnizaciones por despido en cuotas a través del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Según la conducción sindical, ese esquema implicaría financiar los despidos con aportes de los propios trabajadores, lo que afectaría el financiamiento del sistema de seguridad social.

En su comunicado, la central también vinculó la reforma con un escenario que describió como de aumento de la desocupación, cierre de empresas y pymes, pérdida de poder adquisitivo y caída de la actividad económica.

Críticas al Gobierno

Argüello rechazó las afirmaciones del presidente Javier Milei sobre la evolución del empleo. "Es una locura total y lo estamos viendo día a día. Se han perdido 270.000 puestos de trabajo", afirmó el dirigente de Camioneros. También cuestionó el discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa, al que calificó como "un show" sin anuncios concretos sobre generación de empleo.

Jerónimo, por su parte, sostuvo que distintos sectores comienzan a replantearse el acompañamiento al Gobierno y a la ley, al considerar que no tiene impacto beneficioso para los trabajadores.

La CGT concluyó que, en coherencia con su compromiso doctrinario, resistirá la reforma "por todos los medios a su alcance" y aguardará ahora que la Justicia se expida sobre la validez constitucional de la norma.