La investigación conocida como la causa de la mansión de Pilar volverá a tener movimiento este lunes con la finalización de la feria judicial. El expediente, que analiza la adquisición de una propiedad valuada en aproximadamente 20 millones de dólares, incluyendo los vehículos hallados en el lugar, ingresa en una nueva etapa procesal marcada por dos definiciones relevantes: la posibilidad de que sean llamados a declaración indagatoria los presuntos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y la resolución que deberá adoptar la Cámara Federal de Casación Penal sobre qué tribunal continuará al frente de la investigación.
Actualmente la causa se encuentra radicada en el juzgado de la jueza en lo Penal Económico Verónica Straccia, quien asumió el expediente durante su subrogancia en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 10. Sin embargo, esa subrogancia concluirá a mediados de noviembre de este año, por lo que el avance de las actuaciones se desarrolla en un escenario de incertidumbre respecto de la continuidad del proceso.
El reclamo para que Pantano y Conte sean indagados
Uno de los principales planteos de los denunciantes es que la Justicia cite a declaración indagatoria a Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, propietarios de Real Central S.R.L., la empresa titular de la propiedad investigada.
Según consta en la causa, Pantano y Conte, madre e hijo, son respectivamente un monotributista y una jubilada. De acuerdo con la hipótesis que sostiene la investigación, ambos habrían actuado como presuntos testaferros de Pablo Toviggino, ya que, según los investigadores, no presentarían un perfil patrimonial compatible con la adquisición de un inmueble de semejante valor económico.
Hasta el momento, ninguno de los dos fue convocado a prestar declaración indagatoria, situación que los denunciantes buscan revertir con el reinicio de la actividad judicial.
El origen de la propiedad
El expediente procura establecer cómo Real Central S.R.L. adquirió una propiedad valuada en alrededor de 20 millones de dólares.
Durante los allanamientos realizados por la Justicia en el predio ubicado en Pilar se constató la existencia de una mansión construida sobre aproximadamente cinco hectáreas, además de una importante infraestructura y bienes de alto valor. Entre los elementos encontrados se detallan:
- Una mansión construida sobre aproximadamente cinco hectáreas.
- 54 automóviles de lujo.
- Pistas ecuestres.
- Caballerizas.
- Un helipuerto.
Estos elementos forman parte del conjunto de pruebas incorporadas al expediente para determinar las características patrimoniales de la operación investigada.
Los cambios societarios bajo análisis
Otro de los aspectos centrales de la investigación está relacionado con la evolución societaria de la empresa propietaria del inmueble. Según surge del expediente, la firma originalmente se denominaba Central Parks Drinks S.R.L. y contaba con un capital social de 300.000 pesos.
Posteriormente, el 16 de mayo de 2024, la sociedad modificó su denominación para pasar a llamarse Real Central S.R.L. y elevó su capital social a 58 millones de pesos. De acuerdo con la investigación, apenas catorce días después de concretarse esos cambios societarios, la empresa adquirió el predio ubicado en Pilar, circunstancia que también integra el análisis judicial.
Entre la documentación incorporada a la causa figura además una tarjeta corporativa de la AFA emitida a nombre de Luciano Pantano. Según la investigación, esa tarjeta habría sido utilizada para afrontar gastos relacionados con la flota de vehículos hallada dentro de la propiedad.
Conflictos de competencia
El expediente también registra una extensa discusión respecto del tribunal competente para llevar adelante la investigación. Inicialmente la causa comenzó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, donde se ordenaron las primeras medidas probatorias y los allanamientos.
Posteriormente pasó al entonces Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 10, que en ese momento estaba a cargo de Marcelo Aguinsky. Más adelante, durante la feria judicial de enero, Luciano Pantano presentó un planteo de inhibitoria que derivó el expediente al juzgado federal de Campana, conducido por González Charvay.
Esa decisión fue posteriormente anulada y, el 12 de junio, la Cámara en lo Penal Económico resolvió que la causa debía continuar en el juzgado actualmente conducido por Verónica Straccia.
La defensa de Pantano y Conte intentó revertir esa resolución mediante un recurso, aunque la Cámara en lo Penal Económico rechazó el planteo al considerar que la definición sobre la competencia no constituía una sentencia definitiva ni impedía la continuidad de la investigación.
Casación volverá a revisar todo lo actuado
Pese a esa resolución, la discusión volvió a abrirse luego de que la Cámara Federal de Casación Penal hiciera lugar a un recurso en queja presentado por los acusados. Como consecuencia de esa decisión, el máximo tribunal penal deberá revisar nuevamente todo lo actuado para determinar qué juez continuará con la investigación.
En ese contexto surgieron versiones que sostienen que los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos Barroetaveña podrían devolver el expediente al juez González Charvay, titular del juzgado federal de Campana, una posibilidad que genera interrogantes dentro del proceso. No obstante, según señalaron personas cercanas a Borinsky y Barroetaveña, la intervención de Casación consistirá en revisar el expediente y escuchar a las partes antes de adoptar una decisión definitiva.
Mientras ese debate permanece abierto, Verónica Straccia continúa al frente de la investigación y el expediente retomará su actividad habitual tras el receso invernal.
La audiencia prevista para el 12 de agosto
El próximo paso procesal relevante tendrá lugar el 12 de agosto, cuando la Cámara Federal de Casación Penal realice una audiencia destinada a revisar todo lo actuado en la causa.
En esa instancia deberá resolver cuál será el tribunal competente para continuar con la investigación.
Los principales puntos pendientes dentro del expediente son:
- La posible citación a declaración indagatoria de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte.
- La definición de la competencia judicial que deberá continuar la investigación.
- La revisión integral de las actuaciones por parte de la Cámara Federal de Casación Penal.
- La continuidad del expediente mientras Verónica Straccia permanece al frente del juzgado.
La decisión que adopte la Cámara de Casación podrá confirmar el criterio vigente, manteniendo la causa en el fuero Penal Económico bajo la conducción de Verónica Straccia, o modificar nuevamente el rumbo procesal del expediente, en una investigación que continúa enfocada en determinar las circunstancias que rodearon la adquisición de la propiedad de Pilar y el eventual rol que habrían desempeñado los presuntos testaferros señalados por los denunciantes.