Se concretó esta mañana la firma de la escritura de afectación de un vasto e importante predio destinado a la expansión de la infraestructura del Poder Judicial de Catamarca. La ceremonia fue encabezada por el gobernador de la provincia, Raúl Jalil, y el presidente de la Corte de Suprema de Justicia local, Dr. Hernán Martel.
El documento rubricado formaliza la cesión de un total de 34 hectáreas de tierra, una superficie considerable que permitirá encarar un proyecto de gran envergadura para las próximas décadas. El terreno se encuentra estratégicamente ubicado en la zona norte de la ciudad Capital, en el sector conocido como Quebrada de Moreira. Este emplazamiento, alejado del congestionado microcentro pero con potencial de accesibilidad, ha sido considerado ideal para la proyección de un nuevo complejo judicial moderno y funcional, que albergará diversas dependencias hoy dispersas o con limitaciones espaciales.
El acto de firma, que tuvo lugar en dependencias gubernamentales, contó con la presencia de figuras clave del Gabinete y del ámbito notarial, garantizando la formalidad y legalidad del traspaso. Estuvieron presentes la Escribana de Gobierno, María Belén Saadi, quien certificó la escritura de afectación de uso; el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, cuya cartera tiene injerencia directa en las relaciones interinstitucionales; y el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchatti, actor fundamental en la futura asignación de recursos para la construcción.
La escrituración de afectación de uso no es un mero trámite administrativo, sino un paso jurídico indispensable que habilita formalmente al Poder Judicial a tomar posesión del predio y, lo más importante, a iniciar inmediatamente los trabajos de planificación, diseño y posterior ejecución de la obra. Con el título legal en mano, la Corte Suprema de Justicia queda facultada para avanzar en el llamado a concursos de proyectos arquitectónicos y en la búsqueda de financiamiento, ya sea provincial o nacional.
Desde el Gobierno Provincial, se subrayó que esta cesión se enmarca en una política de fortalecimiento de las instituciones democráticas. La decisión de liberar y destinar este extenso terreno busca responder a una necesidad histórica del Poder Judicial: mejorar sustancialmente la infraestructura edilicia que actualmente resulta insuficiente o inadecuada para la demanda de servicios. El objetivo final es optimizar el funcionamiento y la calidad del servicio de Justicia que se brinda a toda la ciudadanía catamarqueña.
Se estima que las 34 hectáreas serán suficientes no solo para albergar los edificios judiciales principales (como la nueva sede de la Corte, Cámaras y Juzgados de Primera Instancia), sino también para la creación de amplias zonas de estacionamiento, áreas verdes y, potencialmente, espacios dedicados a la capacitación y la mediación. Este desarrollo inmobiliario y funcional representa una inversión a largo plazo en el capital humano y material de la provincia. La expectativa ahora se centra en los plazos de la Corte Suprema para la presentación del proyecto ejecutivo y el inicio efectivo de las obras, lo que marcará el inicio de una nueva era para la administración de justicia en Catamarca.
