Tras 16 años de trámite, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó una demanda colectiva para el ajuste de jubilaciones y, en una contundente decisión, volvió a exigir al Congreso Nacional que designe a un Defensor del Pueblo , un cargo que permanece vacante desde hace más de 15 años.
El fallo desestima una demanda que, en 2009, había impulsado el entonces Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, con el objetivo de extender a todos los jubilados los alcances del histórico "Caso Badaro" . Sin embargo, la Corte argumentó que el Defensor no tiene la legitimación para este tipo de reclamos colectivos y que las circunstancias han cambiado sustancialmente a lo largo de los años.
El camarista Juan Fantini, de la Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, consideró que el fallo "salió a destiempo, 16 años después", y explicó que la falta de un Defensor del Pueblo y la posterior sanción de la ley de Reparación Histórica hacen inviable el planteo original.
Los argumentos de la Corte
En un voto conjunto, los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz señalaron que la extensa demora se debía a la acefalía en la Defensoría. Argumentaron que la demanda de 2009 no pudo ser ajustada a los nuevos requisitos para procesos colectivos que la propia Corte inició posteriormente. Además, destacaron que la sanción de la Ley de Reparación Histórica modificó el escenario, ofreciendo una vía de solución para los afectados que quisieran adherirse a ese programa.
Por su parte, el juez Ricardo Lorenzetti coincidió en que la demora del fallo se debió a la prolongada vacancia del cargo. Sostuvo que la Defensoría no tiene legitimación para representar a jubilados en cuestiones patrimoniales y que quienes se sientan afectados pueden iniciar acciones de forma individual.
El fallo reitera dos exhortaciones ya realizadas en el pasado:
Que el Congreso designe al Defensor del Pueblo de la Nación, tal como lo establece el artículo 86 de la Constitución Nacional.
Que se sancione una ley que regula los procesos colectivos , una deuda pendiente desde el fallo "Halabi" hace 15 años.
El "Caso Badaro" fue una clave precedente en el que la Corte decidió que el Congreso debía fijar un índice de actualización para los haberes jubilatorios. Ante la omisión, el tribunal inició que la prestación del jubilado Adolfo Badaro debía ajustarse por el índice salarial del INDEC entre 2002 y 2006, lo que generó millas de reclamos similares.