La presentación de la nueva declaración jurada de Manuel Adorni, lejos de cerrar el escándalo que rodea al jefe de Gabinete, abrió un nuevo capítulo judicial. La fiscalía y el juzgado deberán determinar ahora si los bienes y fondos incorporados recientemente fueron omitidos de manera deliberada en las presentaciones originales, si el funcionario tenía capacidad económica para comprar los bitcoins que dice haber adquirido, y cuál es la trazabilidad de esas operaciones. En el centro de la escena aparece una figura penal precisa: la omisión maliciosa de datos en las declaraciones juradas patrimoniales, prevista en el artículo 268 (3) del Código Penal argentino.
Qué dice el artículo 268 (3)
La norma es contundente. El artículo 268 (3) del Código Penal reprime con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua a quien, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo; y establece que en la misma pena incurrirá quien maliciosamente falseare u omitiere insertar los datos que esas declaraciones deben contener. Es decir, el delito no se limita a no presentar la declaración: también alcanza a quien la presenta pero esconde o falsea información.
La obligación nace de la ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que exige declarar todo el patrimonio del funcionario y su familia. Según explicó el abogado Luis María Bunge Campos, poco importa si la ocultación se hizo para evitar problemas fiscales o para tapar un enriquecimiento ilícito: el delito se configura con la ocultación consciente de esos datos, sea falseándolos u omitiéndolos.
En términos prácticos, si la Justicia concluyera que Adorni ocultó deliberadamente parte de su patrimonio, la condena podría ir de apenas quince días a un máximo de dos años de prisión. Al no superar los tres años, la pena suele ser de ejecución condicional, por lo que el funcionario difícilmente iría preso de manera efectiva si no registra antecedentes. Pero la sanción más demoledora para un político no es la prisión: es la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, que pondría fin definitivo a su carrera en el Estado.
Cómo llegó Adorni a esta encrucijada
El detonante fue la propia confesión del funcionario. El jefe de Gabinete admitió que escondió unos 500.000 dólares durante años para "escaparse" del fisco, con la pretensión de frenar el avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Tras esa entrevista televisiva en LN+, presentó ante la Oficina Anticorrupción una declaración jurada con decenas de novedades contables que elevaron su patrimonio neto a más de 627,2 millones de pesos, e incluyó una serie de rectificativas y correcciones tributarias que modifican sustancialmente la composición patrimonial conocida hasta entonces, con la afirmación de que ganó unos 300.000 dólares con inversiones en bitcoin entre 2013 y 2018.
El problema es que esa admisión choca de frente con sus propias palabras. El 29 de abril, ante el Congreso, Adorni había asegurado que en sus declaraciones juradas figuraban todos los detalles de sus bienes, "respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna". Un mes antes, el 25 de marzo, había afirmado en conferencia de prensa en Casa Rosada que todo lo que debía estar declarado, estaba declarado, cuando una periodista le preguntó cómo justificaba propiedades atribuidas a la pareja con un salario cercano a los tres millones de pesos y un patrimonio declarado de unos 40 mil dólares. Esas contradicciones públicas son hoy material sensible para los investigadores, porque pueden servir como indicio de que la omisión no fue un descuido sino una decisión.
La clave jurídica: probar la "malicia"
Aquí reside el corazón del eventual proceso. Cuando la ley habla de "maliciosamente", exige un dolo calificado: una intencionalidad detrás de la decisión de no declarar lo que debía declararse. Es lo que la dogmática penal llama un "elemento normativo de recorte", que reduce el universo de conductas perseguidas. Un simple error contable, un olvido o una desprolijidad administrativa no alcanzan para condenar. La defensa del funcionario, previsiblemente, se aferrará a esa interpretación: una de las cuestiones centrales que deberá resolver la investigación es si la incorporación tardía de los fondos responde a un error administrativo, como sostienen sectores cercanos al funcionario, o si existió una decisión consciente de excluir esos activos de las declaraciones originales.
Sin embargo, los antecedentes del caso complican esa línea defensiva. No se trata de un monto menor ni de un único ejercicio fiscal: el propio Adorni reconoció que en 2023 omitió más de medio millón de dólares no declarados, y la reconstrucción patrimonial incluyó activos que no habían sido informados previamente "por error". Será difícil sostener que medio millón de dólares se omite por distracción, especialmente cuando el funcionario negó públicamente y bajo la solemnidad del Congreso cualquier ocultamiento.
Un mal menor frente a un riesgo mayor
Paradójicamente, en el entorno político se interpreta que el propio Adorni podría preferir esta imputación. En despachos oficiales sostienen que el funcionario busca cambiar de figura legal: pasar de ser acusado por enriquecimiento ilícito —que prevé penas de dos a seis años de prisión— a enfrentar el cargo de omisión maliciosa, sensiblemente más leve. La lógica de su estrategia quedó expuesta por él mismo, al repetir el consejo de su contador: lo que debe demostrar es que el ahorro lo generó antes de su gestión pública.
Pero la jugada no está exenta de riesgos. En la investigación que tramita en Comodoro Py ya estaba claro que los ingresos declarados no alcanzaban para explicar más de 406.681 dólares en gastos detectados desde que es funcionario, a los que se suman 335.000 dólares en nuevas deudas. El fiscal Gerardo Pollicita se preparaba para exigirle que justifique sus bienes, y los investigadores advierten que la versión de Adorni deberá ser chequeada. El fiscal ya solicitó acceso urgente a la declaración jurada de 2025 y a todas las rectificaciones, para contrastarlas con los cruces patrimoniales que realiza junto a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado. Y existe un escenario aún peor: que se investiguen posibles delitos detrás del supuesto enriquecimiento, como lavado de dinero, aunque por ahora la causa no parece orientada en ese sentido.
En síntesis, si los tribunales federales concluyeran que el jefe de Gabinete ocultó su patrimonio de forma maliciosa, Manuel Adorni enfrentaría una pena de entre quince días y dos años de prisión —probablemente en suspenso— y, sobre todo, la inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública. Corresponde subrayar que, hasta el momento, Adorni no ha sido imputado formalmente por este delito y goza de la presunción de inocencia: la "malicia" que exige el artículo 268 (3) deberá ser probada por la fiscalía con el estándar propio de un proceso penal. Lo que está fuera de discusión es que su confesión televisiva, sus rectificativas ante la Oficina Anticorrupción y sus desmentidas previas ante el Congreso convirtieron lo que era una causa por enriquecimiento ilícito en un expediente con múltiples frentes, cuyo desenlace definirá no solo su futuro judicial sino también su supervivencia política.
