La reciente expulsión del senador Edgardo Kueider ha desatado un intenso debate en el ámbito político y jurídico argentino, evidenciando divisiones internas en el oficialismo y La Libertad Avanza (LLA). La sesión en la que se decidió su destitución, presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, ha sido cuestionada por su legalidad, especialmente por el posible conflicto entre sus roles como vicepresidenta y presidenta en ejercicio debido al viaje de Javier Milei a Italia.
Acusaciones cruzadas y fundamentos jurídicos
El presidente Milei criticó la actuación de Villarruel, señalando que presidir la sesión mientras ejercía el Poder Ejecutivo violaría la división de poderes. Sin embargo, desde sectores afines a Villarruel, se argumenta que la sesión cumplió con el reglamento, ya que el traspaso formal de mando se realizó después de finalizada la votación. La votación concluyó con 61 votos a favor de la destitución, superando ampliamente los dos tercios requeridos por la Constitución.
El contexto judicial y el futuro de Kueider
Kueider, detenido recientemente por enriquecimiento ilícito y evasión, enfrenta un panorama judicial complicado. Desde su prisión domiciliaria en Paraguay, presentó un amparo para invalidar la sesión que lo destituyó, mientras avanza una solicitud de allanamiento a su despacho en el Senado.
Una crisis institucional sin precedentes
La expulsión de Kueider no solo pone a prueba la cohesión interna de LLA, sino también la capacidad del Senado para superar conflictos políticos y jurídicos. Con el receso legislativo en marcha, las decisiones judiciales pendientes serán clave para definir el futuro político de Kueider y el manejo de esta crisis institucional.