La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni ingresó en una nueva etapa. Después de más de cuatro meses de análisis, el fiscal federal Gerardo Pollicita firmó este lunes el requerimiento de justificación patrimonial mediante el cual intimó al exjefe de Gabinete a brindar explicaciones sobre la evolución de sus bienes. La medida, que constituye una instancia previa al eventual llamado a indagatoria, deberá ser notificada por el juez federal Ariel Lijo.

La renuncia de Adorni a su cargo no lo exime de responder ante la Justicia federal por las dudas que surgieron alrededor de su declaración patrimonial. Las observaciones no se concentran únicamente en la última declaración correspondiente al período fiscal 2025, sino también en las distintas rectificaciones mediante las cuales fueron modificadas la cantidad de bienes declarados, su valuación y los dólares utilizados para justificar el incremento de su patrimonio.

Ante la Oficina Anticorrupción (OA), y en el marco del avance de la investigación, Adorni presentó una declaración jurada anticipada que, de acuerdo con el análisis realizado por la fiscalía, generó nuevos interrogantes. Ese documento se sumó a una serie de declaraciones testimoniales y a los primeros cuestionamientos sobre la evolución patrimonial del exfuncionario.

Un informe técnico de 210 páginas

El pedido firmado por Pollicita tiene como principal sustento el informe elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo que analizó los ingresos y egresos de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.

El análisis permitió reconstruir la evolución económica y financiera del matrimonio desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad, tanto de manera individual como consolidada para el grupo familiar. El objetivo era establecer si existía algún desbalance patrimonial que justificara la exigencia de explicaciones antes de avanzar con otras medidas dentro de la causa.

El documento técnico detectó "inconsistencias" en la evolución de los patrimonios, aunque no estableció una cifra concreta respecto de un eventual desbalance. A partir de ese resultado, la fiscalía avanzó con el requerimiento de justificación patrimonial.

El documento firmado por Pollicita tiene 210 páginas e incluye más de 20 preguntas específicas que Adorni deberá responder. Entre los temas planteados aparecen las rectificaciones de sus declaraciones juradas, gastos en efectivo realizados en el exterior y arreglos efectuados en la casa de Indio Qua.

El fiscal trabajó incluso durante la feria judicial para concluir el requerimiento, una instancia que muchos consideran una "indagatoria blue", debido a que busca obtener explicaciones patrimoniales antes de un eventual llamado a indagatoria.

Quince días para explicar el aumento patrimonial

La fiscalía estableció un plazo de 15 días para que Adorni justifique el incremento de su patrimonio. La intimación comprende los aumentos patrimoniales, compras y desembolsos reconstruidos durante la investigación que, confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, "no encuentran hasta el momento explicación suficiente".

El requerimiento surgió luego de cotejar de manera conjunta y pormenorizada la prueba reunida durante la investigación, incluyendo el análisis técnico de la DAFI, las declaraciones juradas patrimoniales integrales, tanto públicas como reservadas, y sus correspondientes rectificativas.

La metodología aplicada buscó, además, evitar que determinadas operaciones fueran consideradas como nuevas fuentes de dinero cuando en realidad se trataba de movimientos internos. Por ese motivo se depuraron transferencias entre cuentas propias o de integrantes del grupo familiar, movimientos internos, rescates de inversiones, devoluciones, reintegros, préstamos, ventas de activos, conversiones de moneda y acreditaciones provenientes de terceros.

El seguimiento de ingresos, gastos y bienes

Otro de los ejes centrales del trabajo consistió en reconstruir las entradas y salidas de fondos para vincularlas con la adquisición de bienes, los gastos cotidianos y extraordinarios, los consumos, los pagos realizados en efectivo o en moneda extranjera y la cancelación de obligaciones.

El análisis también contempló la comparación entre las distintas declaraciones juradas y sus rectificaciones. La fiscalía buscó establecer qué modificaciones se produjeron en la composición y valuación de los activos y pasivos, cuál fue el origen atribuido a cada variación y qué impacto tuvieron esos cambios sobre la evolución patrimonial.

En ese punto, las rectificaciones adquirieron especial importancia dentro de la investigación. La comparación permitió identificar modificaciones sobre bienes y valores declarados y confrontarlas con la documentación incorporada al expediente.

El estudio también debía determinar el costo, fecha de adquisición, modalidad de pago y fuente de financiamiento de los bienes incorporados al patrimonio, además de las erogaciones y obligaciones invocadas.

Cuando aparecieron préstamos, mutuos u otras formas de financiamiento, el análisis se orientó a establecer la capacidad económica involucrada y detectar eventuales diferencias entre los instrumentos utilizados, las declaraciones juradas, las escrituras, los registros y la documentación respaldatoria.

Bitcoin y los supuestos US$200.000 invertidos

Uno de los capítulos más sensibles de la investigación está relacionado con la operatoria mediante criptoactivos. La DAFI debía integrar información proveniente de plataformas, cuentas y billeteras vinculadas con activos virtuales y distinguir entre depósitos, retiros, compras, ventas, permutas y transferencias.

Esos movimientos debían ser contrastados con las declaraciones juradas patrimoniales y con los antecedentes bancarios, fiscales y patrimoniales incorporados al expediente. La cuestión de las criptomonedas adquirió particular relevancia debido a los supuestos US$200.000 que Adorni afirmó haber invertido en Bitcoin. Según trascendió, la elaboración del informe técnico sufrió demoras debido a la incorporación de nuevos estudios relacionados con ese punto.

La investigación buscó, de esta manera, integrar la información vinculada con los activos virtuales dentro de la reconstrucción general del patrimonio y determinar cómo se relacionaban esas operaciones con los fondos declarados y con el resto de los movimientos financieros analizados.

La ecuación patrimonial que reconstruyó la DAFI

Como parte del estudio, la DAFI debía elaborar una ecuación patrimonial anual y acumulada, tanto individual para Adorni y Angeletti como consolidada para todo el grupo familiar.

El propósito era confrontar los ingresos lícitos y las disponibilidades iniciales acreditadas con la incorporación de bienes, los gastos, los consumos y la cancelación de pasivos. A partir de ese cruce, el informe debía identificar las partidas u operaciones que no guardaran correspondencia con los ingresos y disponibilidades acreditadas, aquellas que presentaran respaldo incompleto, las que hubieran recibido explicaciones diferentes en distintas declaraciones o las que no pudieran ser conciliadas.

Las inconsistencias detectadas a partir de esa metodología fueron las que finalmente llevaron a Pollicita a requerir explicaciones formales al exfuncionario.

Otra causa por el viaje a Punta del Este

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito permanece en etapa de instrucción. Paralelamente, existe otro expediente relacionado con el viaje que Adorni realizó durante el feriado de Carnaval a Punta del Este, en un vuelo privado junto con su familia y el periodista Marcelo Grandio.

En ese expediente se busca establecer quién afrontó los costos del traslado y analizar el vínculo existente entre Adorni y el empresario, además de los contratos que este último habría mantenido con la TV Pública y otros organismos estatales.

Se trata de una investigación que corre en paralelo y que agrega otro capítulo al análisis judicial sobre los vínculos económicos y patrimoniales relacionados con el exjefe de Gabinete.

Cómo comenzó la investigación

El expediente por presunto enriquecimiento ilícito se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien atribuyó al entonces jefe de Gabinete "la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito, a partir de gastos que lucirían prima facie desproporcionados respecto de sus ingresos legítimos como funcionario público".

La presentación inicial tuvo posteriormente dos ampliaciones, realizadas por Pagano y por sus pares Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro.

Entre los elementos incorporados al expediente se encuentran las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales presentadas ante la Oficina Anticorrupción. El material incluye la declaración jurada anual correspondiente a 2025 y las rectificaciones de los ejercicios 2023 y 2024, todas presentadas el 10 de junio de 2026 e incorporadas a la causa, además de otros elementos reunidos durante la investigación.

Ahora, con el requerimiento firmado por Pollicita, se abre una instancia decisiva dentro de la instrucción. Adorni tendrá 15 días para responder las preguntas de la fiscalía y justificar la evolución de su patrimonio, mientras el juez Ariel Lijo deberá notificar formalmente la medida.

El contenido del requerimiento refleja el resultado de un proceso de reconstrucción financiera que incluyó bienes, ingresos, gastos, deudas, inversiones, operaciones en moneda extranjera, rectificaciones de declaraciones juradas y criptoactivos. Para la Justicia federal, el análisis dejó hasta el momento más interrogantes que certezas y será la respuesta del exfuncionario la que deberá aportar explicaciones sobre las inconsistencias detectadas.