El juez Jorge Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal N°2, que hace cuatro años condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión, buscó durante una entrevista con Clarín despegar su trayectoria profesional de la repercusión política y mediática que tuvo el caso Vialidad.

El magistrado enumeró otros procesos que considera de gran relevancia dentro de sus 38 años de carrera judicial, entre ellos los juicios por la tragedia ferroviaria de Once, el encubrimiento del atentado a la AMIA, la tragedia de LAPA, distintos debates por delitos de lesa humanidad y, recientemente, la causa Skanska.

Sin embargo, reconoció que la sentencia contra la expresidenta constituye un momento particularmente significativo para el Poder Judicial. La definió como "un punto de inflexión" dentro del compromiso de la Justicia con una política de Estado contra la corrupción y sostuvo que se trata de uno de los "hechos más graves de corrupción" juzgados hasta el momento.

Gorini también rechazó de manera enfática las interpretaciones que, según su visión, buscan reemplazar las consecuencias derivadas de un delito comprobado por conceptos como la proscripción o el "machismo estructural".

La defensa del debido proceso

Uno de los principales ejes de la entrevista fue la discusión acerca de si el juicio por Vialidad respetó las garantías constitucionales. Gorini respondió de manera categórica: "Absolutamente". Como elemento de respaldo, recordó que al comienzo del debate, a pedido del abogado defensor del arquitecto Julio De Vido, el doctor Rusconi, se solicitó la designación de veedores del Colegio Público de Abogacía.

El tribunal aceptó el pedido y el colegio designó tres veedores, bajo la presidencia de un exjuez. Dos de ellas, abogadas mujeres, asistieron a la totalidad de las audiencias, desde la primera hasta la última. El magistrado destacó que su tarea fue reconocida en la propia sentencia y que el tribunal libró un oficio para dejar constancia del desempeño de las veedoras durante todo el debate. Según Gorini, en ningún momento esas profesionales formularon observaciones o cuestionamientos sobre el desarrollo de las audiencias ni sobre lo que el tribunal entendía como respeto al debido proceso.

Para el juez, las partes tuvieron libertad para formular todo aquello que estuviera dentro de sus estrategias procesales y el debate se desarrolló sin restricciones que impidieran ejercer los derechos previstos por el Código.

Acusación, prueba, defensa y sentencia

Gorini explicó que el debido proceso es una exigencia y una garantía constitucional y recordó que la Corte lo definió como un conjunto de cuatro etapas indispensables para asegurar un juicio justo:

• Acusación.
• Prueba.
• Defensa.
• Sentencia.

A esa estructura se sumó, según explicó, la revisión por parte de las instancias previstas por la legislación procesal: la Cámara Federal de Casación Penal y, finalmente, la Corte Suprema de Justicia como Tribunal Constitucional.

El límite que puede establecer un tribunal frente a un planteo de la defensa, de acuerdo con su explicación, aparece cuando aquello que se propone no guarda relación con el objeto del debate, resulta superabundante o tiene un carácter manifiestamente dilatorio.

En ese marco, mencionó el principio de lealtad procesal, que debe alcanzar tanto a las defensas como a las partes acusadoras. También relativizó las críticas formuladas por personas que sostienen que en Vialidad no se respetaron las garantías constitucionales. Según Gorini, muchas de esas opiniones provienen de personas que no presenciaron las audiencias y probablemente tampoco leyeron el expediente.

El magistrado distinguió además entre las declaraciones públicas y los cuestionamientos técnicamente formulados ante el tribunal o las instancias revisoras.

"Cristina Kirchner no está proscripta"

Una de las definiciones más contundentes de la entrevista apareció cuando Gorini fue consultado sobre si corresponde decir que Cristina Kirchner está proscripta.

"No, no está técnicamente proscripta. No lo está", respondió. El juez sostuvo que la expresidenta está afrontando las consecuencias derivadas de la comisión de un delito comprobado y previsto por la ley. Por eso, rechazó que esas consecuencias puedan ser calificadas como proscripción.

La misma posición expresó al ser consultado sobre el reclamo que Cristina Kirchner podría llevar ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para cuestionar la inhabilitación especial perpetua.

Gorini explicó que esa sanción está prevista legalmente y que no se trata de una decisión adoptada arbitrariamente por los jueces. Señaló que la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos forma parte del derecho interno argentino desde hace mucho tiempo y mencionó la reforma introducida en 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, cuando Juan Carlos Maqueda era presidente de la Cámara de Senadores y posteriormente fue juez de la Corte.

Según su interpretación, cualquier cuestionamiento sobre la constitucionalidad de la inhabilitación especial perpetua debía haber sido planteado dentro del expediente y ante los tribunales superiores. Afirmó que ninguna de las defensas, incluida la de Cristina Fernández de Kirchner, formuló ese cuestionamiento.

Por esa razón, consideró que existen "serios defectos de procedencia y admisibilidad" para un planteo ante una instancia internacional, aunque evitó afirmar categóricamente que el reclamo no pueda prosperar.

También explicó que, dentro del esquema jurídico argentino, una alternativa sería que el Congreso sancionara una ley que derogara la inhabilitación especial perpetua. Eso implicaría reformar el Código Penal y permitiría eventualmente introducir un recurso de revisión ante los tribunales argentinos en función de una ley penal más benigna. Según remarcó, ese proceso no ocurrió.

El rechazo a la acusación de "machismo estructural"

Gorini también respondió a la acusación de que Cristina Kirchner fue condenada por su condición de mujer. Su argumento fue que todos los condenados en la causa son hombres. Por eso, sostuvo que afirmar que la condición de mujer de la expresidenta incidió en la decisión es "absolutamente falso".

También recordó que los funcionarios, magistrados y fiscales que intervinieron en el proceso fueron varones, pero volvió a destacar la presencia de las dos abogadas mujeres designadas por el Colegio Público de la Abogacía para supervisar el debate.

Además, señaló que Cristina Kirchner recurrió a abogados varones para su defensa técnica en la totalidad de los juicios que enfrenta, incluso en los ámbitos internacionales. Consultado sobre quién lo designó juez, Gorini respondió: "Cristina Fernández de Kirchner, en el año 2011".

El decomiso y la recuperación de los bienes

Otro de los temas abordados fue la demora en el decomiso de los bienes de los condenados. Gorini explicó que el procedimiento presenta dificultades técnicas. Primero se determinó el perjuicio ocasionado al Estado Nacional por la maniobra, luego ese monto fue actualizado y cuestionado, y finalmente, una vez consolidada la cifra, comenzó la búsqueda de bienes que permitan satisfacerla.

El juez diferenció el decomiso de una multa. Si se hubiera impuesto una multa —algo que no está previsto para este delito— su ejecución sería directa. El decomiso, en cambio, deriva de un principio de doctrina de la Corte según el cual el delito no puede generar beneficios. A partir de ese principio, el decomiso forma parte estructural del Código Penal.

Argentina, además, asumió compromisos internacionales orientados a fortalecer los mecanismos de recupero de activos y bienes producto del delito.

En Vialidad, explicó Gorini, existen dificultades adicionales por la multiplicidad de bienes, porque no todos están bajo titularidad exclusiva de una misma persona y algunos se encuentran afectados por embargos y medidas cautelares correspondientes a otros procesos.

A pesar de esas dificultades, aseguró que el proceso continúa avanzando y que se mantiene el pleno ejercicio del derecho de defensa. Ante la pregunta de si la sociedad podrá ver restituidos los bienes que fueron sustraídos al Estado, Gorini fue contundente: "Estoy seguro que sí".

Sin embargo, evitó establecer plazos porque el procedimiento no depende exclusivamente del tribunal y existen instancias recursivas que involucraron tanto a la Cámara Federal de Casación Penal como a la Corte Suprema.

Una carrera judicial que excede Vialidad

Gorini insistió en que no pretende que su carrera quede reducida al juicio contra Cristina Kirchner. Dentro de sus antecedentes mencionó la tragedia de Once, el encubrimiento del atentado a la AMIA, la tragedia de LAPA, distintos juicios por delitos de lesa humanidad y debates vinculados con centros clandestinos de detención como Vesubio, Atlético, Banco y Olimpo.

También señaló que recientemente culminó el debate de la causa Skanska. Según el juez, muchos de esos procesos fueron trascendentes aunque no tuvieron la misma repercusión político-mediática que alcanzó Vialidad.

La particularidad de este último juicio fue además que Cristina Kirchner ejercía la vicepresidencia de la Nación cuando fue condenada. Para Gorini, ese factor probablemente contribuyó a instalar el proceso con una trascendencia extraordinaria.

El juicio comenzó bajo un signo político de gobierno diferente y transitó prácticamente en su totalidad durante el gobierno de Alberto Fernández, quien además declaró un juicio.

La pena, la asociación ilícita y la complejidad del delito

Consultado sobre si seis años de prisión resultan insuficientes frente a un fraude contra el Estado de la magnitud acreditada, Gorini reconoció que la propia sentencia hizo referencia a esa cuestión. Según explicó, los considerandos de la sentencia de Vialidad señalan que la magnitud de la maniobra delictiva comprobada excede el límite de seis años de prisión previsto por el Código Penal.

Consideró que, en términos de correspondencia entre delito y reproche, la pena puede resultar insuficiente para satisfacer plenamente las expectativas de justicia. A su entender, la incorporación de la inhabilitación especial perpetua compensó de alguna manera ese límite de pena. Respecto de la posibilidad de calificar los hechos como asociación ilícita, Gorini sostuvo que siempre consideró que el delito correspondía a administración fraudulenta, porque la asociación ilícita tiene requisitos típicos que, a su criterio, no estaban presentes.

Recordó que esa calificación no prosperó en el tribunal, tampoco en Casación ni en la Corte Suprema. No obstante, señaló que se trata de un delito complejo y no descartó que pueda aplicarse en el futuro. Mencionó que la causa Cuadernos tiene, según entiende, una calificación por asociación ilícita y que habrá que esperar los resultados de ese debate.

Las presiones durante el juicio

Durante la entrevista, Gorini relató también distintos episodios de presión y situaciones de seguridad que atravesó durante el proceso. Mencionó el robo de sus declaraciones juradas y anexos reservados, además de 12 intentos de acceso ilegítimo a su información biométrica del RENAPER.

Explicó que, si los datos personales del anexo reservado se combinan con información biométrica, se puede construir fácilmente una identidad falsa y hacerlo aparecer en lugares en los que no estuvo realizando actividades que no hizo.

También relató una falsa amenaza de bomba en su domicilio y la instalación de una unidad básica de La Cámpora en un pequeño local lindante con su vivienda. Según contó, allí había jóvenes que podían observar sus movimientos, fotografiar con teléfonos celulares a su familia y su vehículo y conocer los horarios de entrada y salida.

La unidad dejó de funcionar después de que sufrió un atentado relacionado con la colocación de una falsa bomba en la puerta de su domicilio. Gorini aclaró que no vincula directamente a quienes ocupaban el local con ese hecho y consideró que probablemente se alejaron para evitar quedar relacionados.

También confirmó haber sido uno de los magistrados objeto de espionaje. Según explicó, fue desbaratado un grupo de personas destinado a realizar escraches digitales contra ministros de la Corte y determinados magistrados, entre los que se encontraba él.

Prisión domiciliaria y funcionamiento de la Justicia

Gorini se refirió además a la prisión domiciliaria y aclaró que su análisis no estaba dirigido exclusivamente a Cristina Kirchner, sino a la categoría en general. Consideró necesario un debate democrático en el Congreso para revisar la Ley 24.660, de ejecución penal, porque entiende que la regulación actual resulta insuficiente y contempla solamente algunos supuestos.

Sobre la naturaleza de la prisión domiciliaria, explicó que continúa siendo una pena privativa de libertad. La diferencia radica en que se cumple en un domicilio particular y no en un establecimiento penitenciario, con restricciones y permisos propios de esa modalidad.

El desafío, según sostuvo, consiste en mantener un equilibrio que impida desnaturalizar el contenido punitivo de una condena de prisión. También abordó las críticas por la duración de los procesos judiciales. Admitió que determinados sectores sociales reclaman respuestas rápidas, pero explicó que los jueces deben respetar los plazos del Código, las garantías constitucionales y todas las etapas del debido proceso.

El contraste, según su descripción, está entre el juicio mediático, que es instantáneo, y el proceso judicial, que requiere formalidades y recursos destinados a garantizar el ejercicio de los derechos de todas las partes.

Funcionarios investigados y salud democrática

Finalmente, Gorini fue consultado sobre lo que representa para la Argentina que numerosos expresidentes y exvicepresidentes hayan sido juzgados y que algunos hayan resultado condenados.

Consideró que no es deseable que un alto funcionario tenga que atravesar un proceso judicial por sospecha o comprobación de un delito cometido durante su función. Sin embargo, sostuvo que, si esos hechos ocurren, es preferible que sean juzgados antes que no sean investigados. A su entender, que los funcionarios sean sometidos a procesos judiciales también habla de cierta salud democrática, porque implica que frente a la comprobación de delitos se desarrolla un proceso que finalmente concluye con una sentencia.

Ante la crítica de que los funcionarios son juzgados una vez que abandonan el poder, explicó que las investigaciones suelen comenzar mientras todavía ejercen funciones públicas y que las causas de corrupción requieren tiempos prolongados.

En este tipo de delitos, señaló, la prueba testimonial no suele ser la principal herramienta. A diferencia de un hecho de sangre, donde el testimonio de quien observa directamente el crimen puede ser determinante, en los delitos contra la administración pública "la reina de las pruebas" es la documental.

La verificación, el cotejo y el análisis de documentos requieren tiempo, y esa complejidad forma parte de las razones por las que una investigación judicial no puede responder necesariamente a los tiempos de la expectativa social inmediata.

Desde esa perspectiva, Gorini defendió el funcionamiento del proceso judicial como un sistema que debe preservar las garantías, permitir la revisión de las decisiones y sostener la independencia de los magistrados, incluso cuando las causas involucran a figuras de máxima relevancia política.