En el marco de la causa Vialidad, por la que fue condenada a seis años de prisión, la situación de Cristina Fernández de Kirchner volvió a ser analizada este martes por la Cámara Federal de Casación Penal. Durante la audiencia, el fiscal Mario Villar solicitó que la expresidenta continúe bajo arresto domiciliario, aunque en un domicilio distinto al que actualmente habita en el barrio porteño de Constitución.

El pedido se basó en los "tumultos y molestias" que, según el representante del Ministerio Público, genera la presencia de la exmandataria en esa zona residencial. Villar también decidió retirar el recurso presentado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían reclamado que Cristina Kirchner cumpliera la pena en una cárcel común.

La audiencia, encabezada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña (Sala IV de Casación), fue convocada para revisar las condiciones actuales del arresto domiciliario de la exjefa de Estado. Los magistrados tienen cinco días hábiles para emitir una resolución.

El reclamo de la defensa

Los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, impugnaron varias restricciones impuestas por el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF2), entre ellas, la prohibición de recibir visitas más allá de sus familiares directos, médicos y abogados, sin previa autorización judicial.

La defensa sostuvo que la expresidenta necesita reunirse periódicamente con contadores, apoderados y otros colaboradores para gestionar sus actividades personales y profesionales. También pidieron el retiro de la tobillera electrónica, argumentando que la medida resulta desproporcionada.

Según los letrados, las condiciones impuestas son incompatibles con el derecho a la vida familiar y social, y no se justifican ni por riesgos procesales ni por razones de seguridad.

El trasfondo de la discusión

El eje del debate se encuentra en la legalidad y pertinencia del beneficio de prisión domiciliaria. Luciani y Mola, en su momento, argumentaron que la medida constituía un "privilegio" y que debía cumplirse la condena en un establecimiento penitenciario, como establece la regla general del Código Penal.

Ambos fiscales consideraron que no existían razones humanitarias ni de salud que justificaran una excepción en el caso de la exmandataria. Indicaron que un informe socioambiental reciente reveló que Cristina Kirchner se encuentra en buen estado de salud, lo cual refuerza su postura.

No obstante, el fiscal Villar decidió reformular la estrategia del Ministerio Público y no insistir con el traslado a una cárcel, aunque sí propuso que la dirigente cambie de lugar de cumplimiento del arresto domiciliario, en función del impacto que su presencia genera en el entorno barrial.