El fiscal federal Abel Córdoba solicitó este viernes al Tribunal Oral Federal N° 4 la detención de seis empresarios condenados en la causa conocida como la "Ruta del dinero K", luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firmes sus condenas por lavado de activos.
El pedido incluye a Fabián Rossi, Julio Mendoza, Juan Alberto De Rasis, César Fernández, Carlos Molinari y Eduardo Castro, quienes hasta ahora no habían estado detenidos y deberán comenzar a cumplir sus penas. Córdoba requirió que sean alojados en una unidad del Servicio Penitenciario Federal.
La decisión del fiscal se conoció apenas un día después de que el máximo tribunal rechazara los recursos de queja de los imputados y ratificara sus condenas en el marco de la causa por lavado de dinero que involucró al empresario Lázaro Báez y a su entorno.
El tribunal deberá ahora evaluar la situación particular de cada condenado. Algunos presentaron certificados médicos para solicitar prisión domiciliaria, beneficio que también podrían obtener por superar los 70 años de edad, según la normativa vigente.
Un engranaje clave del esquema de lavado
Los seis empresarios fueron hallados culpables por su participación en la maniobra que permitió lavar cerca de 55 millones de dólares a través de la financiera SGI —conocida como "La Rosadita"— utilizada por el grupo liderado por Báez.
La causa judicial se inició en 2013, tras un informe emitido por el programa Periodismo para Todos, conducido por Jorge Lanata. En ese reportaje se vinculó directamente a Báez —íntimo del expresidente Néstor Kirchner y principal adjudicatario de obra pública en Santa Cruz— con la expatriación de fondos hacia cuentas en Suiza, mediante sociedades offshore.
El informe televisivo incluyó declaraciones claves, entre ellas las de Federico Elaskar y Leonardo Fariña, este último grabado en una cámara oculta.
En abril de 2016, el juez Sebastián Casanello ordenó la detención de Lázaro Báez y de su contador, Daniel Pérez Gadín, ante el riesgo de fuga. También fue arrestado el abogado Jorge Chueco, cuando intentaba huir hacia Paraguay.
El circuito del dinero
La investigación concluyó que entre diciembre de 2010 y abril de 2013 funcionó una organización criminal que realizó múltiples maniobras de lavado de dinero. La operatoria consistía en el envío de fondos ilícitos al exterior, su colocación en cuentas bancarias a nombre de terceros, la adquisición de bonos de deuda pública y su posterior liquidación en Argentina, simulando una inversión extranjera millonaria.
Este dinero retornaba al país bajo la apariencia de capital suizo destinado a la compra de acciones de Austral Construcciones S.A., la principal empresa del grupo Báez.
El jueves, la Corte Suprema confirmó las condenas dictadas por el Tribunal Oral Federal N° 4, cerrando así una de las causas de corrupción más emblemáticas de la última década.