La Inspección General de Justicia (IGJ) analiza la apertura de un sumario administrativo contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntas irregularidades vinculadas a la falta de rendición de cuentas y demoras prolongadas en la presentación de documentación contable. La medida se evalúa luego de que el organismo detectara una ausencia sistemática de respuestas por parte de la casa madre del fútbol argentino, presidida por Claudio "Chiqui" Tapia, a los pedidos de aclaración formulados desde 2017.
El titular de la IGJ, Daniel Roque Vítolo, explicó en declaraciones a Cadena 3 que, al asumir su cargo hace dos años, se encontró con siete requerimientos pendientes sobre los estados contables de la AFA correspondientes a los períodos 2017-2023. "Nunca contestó las vistas, nunca dio las aclaraciones", afirmó, y detalló que las rendiciones incluían "cifras globales no desagregadas" bajo categorías genéricas como "varios" u "otros gastos".
Vítolo subrayó que en ningún caso la IGJ imputó delitos ni cuestionó la validez formal de los balances: "Nadie está diciendo que hayan sido incorrectos ni los está impugnando. Lo único que se pide es que expliquen las cifras, cómo están compuestas". Según sus estimaciones, el monto no detallado ascendería a unos 111 millones de dólares en ocho años, tomando como referencia los valores en pesos actualizados a moneda estadounidense.
Para ejemplificar el alcance de las observaciones, el funcionario citó el rubro "selecciones nacionales": "Si usted pone 'selecciones nacionales' por 40 millones de dólares, perfecto. Pero necesitamos que nos diga en qué se gastó: vuelos, hoteles, honorarios. Nadie duda que es costoso mover el fútbol. Lo que se pide es una explicación en grandes rubros".
El director de la IGJ también cuestionó el avance de la AFA en un proceso de cambio de jurisdicción legal a la provincia de Buenos Aires, una modificación que, según sostuvo, impediría revisar los ejercicios anteriores. "Al cambiarse de jurisdicción es como si empezaran una vida nueva. La jurisdicción nueva no revisa lo anterior porque no es competente. Entonces estas explicaciones de ocho años no se dan", explicó.
En ese marco, Vítolo remarcó que cualquier traspaso de domicilio jurídico requiere primero regularizar todas las obligaciones pendientes. "Tienen que terminar todos los trámites. No se pueden ir dejando atrás irregularidades o sospechas", dijo. Asimismo, recordó que la IGJ cuenta con facultades para revisar balances, pedir aclaraciones, aprobarlos o rechazarlos, e imponer multas si corresponde. Actualmente, precisó, la AFA "no tiene los estados contables aprobados desde 2017".
El funcionario también se refirió a versiones que vinculaban la situación de la AFA con denuncias penales. En ese punto, aclaró: "Nadie ha hablado de delito. Hay una denuncia por lavado vinculada a una financiera, pero es otro asunto, no tiene que ver con la inspección de justicia".
Frente a la falta de respuesta institucional y el avance del cambio de jurisdicción, Vítolo adelantó que la IGJ podría intervenir con medidas directas, entre ellas la designación de una veeduría o la apertura de una investigación formal. "Ante la renuencia a explicar, podríamos tomar medidas", advirtió.
La situación abre un nuevo capítulo en la relación entre la AFA y los organismos de control, en un contexto marcado por tensiones administrativas, rendiciones pendientes y la exigencia de mayor transparencia en la gestión económica del fútbol argentino.