La Inspección General de Justicia (IGJ) volvió a colocar a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el centro de la escena institucional. Su titular, Daniel Vitolo, advirtió que el organismo detecta desde hace años severas irregularidades contables en la entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia y señaló que la AFA aún debe justificar gastos por 111 millones de dólares. A pesar del tenor de las observaciones, el funcionario aclaró que el Ministerio de Justicia "no está pensando" en intervenir la organización madre del fútbol argentino.
Vitolo explicó que, aunque la AFA anunció la mudanza de su sede legal a la provincia de Buenos Aires, la entidad "sigue bajo la supervisión" de la IGJ. De acuerdo con el funcionario, la modificación de jurisdicción no puede concretarse hasta que se cumplan pasos formales indispensables, como la reforma del estatuto y su posterior aprobación judicial. "La AFA puede ir a la jurisdicción que quiera, pero eso no tiene eficacia si no se presentan y validan los cambios. No pueden efectivizar la mudanza sin cumplir la ley", sostuvo en declaraciones radiales.
Las observaciones de la IGJ se producen en un contexto marcado por controversias que rodean a Tapia, entre ellas sus supuestos vínculos con la financiera Sur Finanzas —investigada por presuntas maniobras de lavado de activos— y las denuncias públicas sobre una mansión valuada en 10 millones de dólares en Pilar. Aunque Vitolo evitó pronunciarse sobre estas investigaciones, recordó que, en los casos de presunto lavado, la Justicia puede adoptar medidas de protección patrimonial, como resguardar bienes o pruebas que permitan avanzar en los expedientes.
Según remarcó el titular de la IGJ, la AFA acumula "ocho años de inconsistencias contables", un período durante el cual no logró tener aprobados sus balances. Vitolo aseguró que las autoridades de la entidad "quieren partir a la provincia de Buenos Aires para que nadie los revise", una maniobra que, desde la perspectiva del organismo de control, no puede avanzar mientras continúen las irregularidades administrativas y financieras.
El funcionario también denunció que la AFA celebró recientemente una asamblea sin notificar a la IGJ y fuera de la jurisdicción correspondiente. "Podemos no aprobar los estados contables, y la realidad es que tienen ocho años sin aprobar. Es una situación grave", señaló. Entre las inconsistencias detectadas, enumeró pagos a jugadores, gastos de hotel y aportes a FIFA y Conmebol por un total de 12 millones de dólares, además de desembolsos generales que suman 111 millones de dólares cuya justificación todavía no fue presentada.
La lupa de la IGJ no se limita a la AFA. Vitolo indicó que también se analiza la situación de la Superliga, una estructura que depende de la asociación y que —según sus declaraciones— debe explicar egresos por 348 millones de dólares. "Si queda como único fin comercializar derechos, deja de ser una asociación sin fines de lucro. Tenemos que saber qué recibió cada club, y la AFA no contesta", planteó.
Frente a este panorama, el funcionario expuso que la AFA podría ser "sujeto de intervención como cualquier otra asociación civil", aunque insistió en que el Ministerio de Justicia no prevé aplicar esa medida. "Nadie está pensando en intervenir, así que ese escenario no sucederá", afirmó, al tiempo que reclamó que la entidad regularice su situación y entregue la documentación necesaria para esclarecer el uso de los fondos.
Pese a las advertencias, la IGJ ratificó que el organismo continuará supervisando el funcionamiento de la AFA mientras se mantengan las inconsistencias administrativas y contables. La tensión entre ambas instituciones deja en evidencia un conflicto que se arrastra desde hace años y que vuelve a poner en debate la transparencia en el manejo de los recursos del fútbol argentino.