En el marco de una creciente tensión política e institucional, el Gobierno nacional recibió a representantes de la Iglesia para debatir y defender las políticas orientadas al sector de la discapacidad. Este encuentro se produjo en la antesala de un acontecimiento trascendental: la visita que el Papa León XIV realizará el próximo mes al Cottolengo Don Orione, un emblemático centro residencial y de asistencia dedicado al cuidado de personas con discapacidad. La reunión tuvo como sede las instalaciones del Ministerio de Salud, donde funcionarios del área de la administración central entablaron diálogo con las máximas autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).
La respuesta eclesial tras la cumbre reflejó con claridad la postura firme de la institución religiosa. María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad —organismo constituido recientemente por la Conferencia Episcopal Argentina y conformado por representantes de la Pastoral Social, la Pastoral de la Salud y Cáritas—, valoró el acercamiento institucional pero dejó una advertencia contundente.
Baya Casal advirtió: "Es un gesto, pero los gestos solos no alcanzan. Los gestos se traducen en realidades. Los gestos no alcanzan, como dice el dicho, 'de buenas intenciones esta hecho el camino del infierno'". Además, adelantó: "Se abre un espacio de diálogo entre la CEA, el área de discapacidad, y Salud. Quedamos en una próxima reunión. Nos gustaría que hubiera más referentes, fue un planteo que se hizo. Es un camino que recién empieza".
Baya Casal explicó: "Llevamos un escrito con nuestras inquietudes, se habló sobre eso, se plantearon posibles soluciones, caminos de rectificar o ratificar algunos actos. Fue la primera reunion que fuimos invitados, se abre un espacio al que debemos apostar. Nos llevamos tareas para hacer, pasar en limpio algunos datos para poder entregar".
Advirtió: "Hay incumplimientos de la ley vigente, de emergencia, que son reales, el Gobierno los acepta. Es una ley que no se cumple en su totalidad. Lo que se debe comprometer a pagar el Gobierno son compensaciones, actualizaciones del 2023 al 2025, esa sería la deuda actual".
Quiénes asistieron
De acuerdo con lo anunciado formalmente por la CEA, la participación de sus delegados se concretó a partir de una invitación del Gobierno nacional, impulsada con el propósito explícito de entablar un diálogo profundo acerca de la realidad cotidiana que atraviesan las personas con discapacidad, sus grupos familiares y las instituciones encargadas de su cuidado, acompañamiento e inclusión.
Por el lado del Poder Ejecutivo, la comitiva oficial estuvo encabezada por el jefe de Gabinete del Ministerio, Roberto Olivieri Pinto, secundado por diversos funcionarios del Área. Por parte del ámbito eclesiástico, la comitiva estuvo conformada por:
El secretario general de la CEA, monseñor Raúl Pizarro. . El secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti. . El padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione. . María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad de la Conferencia Episcopal Argentina.
Desde la Iglesia remarcaron que la meta central de estas acciones es fortalecer el acompañamiento de la institución hacia las personas con discapacidad, sus familias y las entidades que las asisten. Asimismo, expresaron su agradecimiento por la invitación extendida por el Gobierno, a la que calificaron como una oportunidad de diálogo indispensable para avanzar en respuestas concretas a las necesidades prioritarias que afronta el sector.
La disputa por la ley de Discapacidad
Este intercambio institucional entre el Poder Ejecutivo y la Iglesia se desarrolla en un contexto legislativo altamente complejo y cruzado por fuertes tensiones internas y cruces con la oposición. El mes pasado, el oficialismo de LLA dio un paso decisivo en la Cámara de Diputados al lograr dictamen de mayoría en un plenario de comisiones abocado a tratar la situación de la discapacidad en el país.
La iniciativa impulsada por LLA busca reemplazar el régimen de emergencia en el sector —cuyo vencimiento está estipulado para fin de año—, para lo cual obtuvo un total de 42 firmas junto a bloques aliados, lo que le otorgará prioridad en el debate parlamentario una vez que la propuesta sea discutida en el recinto. En contraposición, los bloques de la oposición impulsaron un dictamen alternativo para prorrogar la emergencia vigente, cosechando un total de 36 firmas.
El proyecto respaldado por el oficialismo se titula formalmente "Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia permanente del sistema de Discapacidad". La propuesta legislativa de la conducción libertaria apunta a consolidar de manera permanente un esquema que otorgue previsibilidad y seguridad jurídica a las personas con discapacidad.