La jueza estadounidense Loretta Preska, a cargo del juicio por la expropiación de YPF, intensificó esta semana la investigación sobre los activos estatales argentinos. Además de ordenar la entrega de los chats y correos electrónicos del actual ministro de Economía, Luis Caputo, y de su antecesor Sergio Massa, Preska formalizó el requerimiento de información a otros tres exfuncionarios y anunció que seguirá la pista del oro del Banco Central, los procesos de privatización y los acuerdos estratégicos con China.

Según la transcripción de la audiencia celebrada el martes 29 de julio en Nueva York, a la que accedió el diario Clarín, la magistrada mantuvo un intercambio con los representantes legales de ambas partes: Seth L. Levine, por los demandantes, y Robert J. Giuffra Jr., defensor del Estado argentino. El documento de 72 páginas detalla que los documentos que se produzcan durante este proceso no serán confidenciales, a menos que se justifique lo contrario, por lo que podrían hacerse públicos.

Chats, correos y exfuncionarios en la mira

Preska también solicitó el acceso a las comunicaciones de Guillermo Michel (exdirector de Aduanas y hombre de confianza de Massa), Eduardo "Wado" de Pedro (exministro del Interior) y Matías Tombolini (exsecretario de Comercio), a quienes considera figuras clave en decisiones sobre los precios de los combustibles.

Según la demanda, estos exfuncionarios habrían influido en las políticas de precios de YPF con el fin de contener la inflación, lo que habría perjudicado a otras empresas del sector. En cambio, Preska descartó incluir al asesor presidencial Santiago Caputo y al exsecretario general de la Presidencia Julio Vitobello, por considerar que no poseen información relevante sobre el caso.

El oro del Banco Central y las privatizaciones

Uno de los focos más sensibles de la audiencia fue el interés de la jueza por rastrear el destino del oro del Banco Central, del cual el propio Luis Caputo habló públicamente en 2023. Preska busca determinar dónde están depositadas esas reservas, con el objetivo de evaluar su posible embargo internacional, en caso de ser consideradas activos del Estado.

En paralelo, exigió que la Argentina presente antes del 15 de agosto una lista detallada de ministerios, registros, cuentas bancarias, fideicomisos y vínculos comerciales con China. El objetivo es avanzar en la estrategia de los demandantes, que buscan demostrar que existen organismos y empresas públicas que funcionan como "alter ego" del Estado y, por lo tanto, pueden ser embargados.

En cuanto al proceso de privatizaciones, la jueza indicó que, una vez que haya actos oficiales —como decretos o resoluciones— se podrá avanzar en el descubrimiento (discovery) de empresas como Transener o AySA, cuya situación patrimonial podría ser clave en el juicio.

Contexto y próximos pasos

La Argentina fue condenada a pagar 16.100 millones de dólares más intereses por la expropiación de YPF. Sin embargo, aún no ha depositado ninguna garantía y ha apelado el fallo. Mientras tanto, se abre un nuevo frente de investigación judicial en Estados Unidos, con ramificaciones económicas, políticas y diplomáticas.

La próxima audiencia fue programada para el miércoles 6 de agosto.