La Justicia federal puso bajo análisis una licitación pública vinculada al mantenimiento de los espacios verdes de la Casa Rosada y la Residencia Presidencial de Olivos, un procedimiento impulsado por la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei.
El fiscal federal Ramiro González solicitó este lunes al Gobierno nacional la entrega del expediente completo correspondiente a la licitación cuestionada como medida previa para determinar si corresponde o no avanzar con una investigación penal. La medida judicial apunta a reunir información vinculada al procedimiento administrativo y conocer el estado actual del trámite antes de resolver si existe mérito suficiente para impulsar formalmente una causa penal.
La licitación observada corresponde a la contratación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de riego de los espacios verdes tanto de la Residencia Presidencial de Olivos como de la Casa de Gobierno.
El pedido de información del fiscal
En su requerimiento, el fiscal González dejó asentado que el objetivo de la medida es evitar una apertura apresurada de una investigación penal sin contar previamente con la documentación necesaria para analizar el caso.
Según expresó el funcionario judicial, "dado que se desconoce el estado actual de la licitación cuestionada, previo a analizar la procedencia del impulso de la acción penal, se considera necesario requerir información vinculada al trámite del procedimiento licitatorio y al estado actual del mismo". La solicitud de la Justicia se centra específicamente en obtener el expediente administrativo completo de la licitación pública N° 23-0005-LPU26, convocada por la Secretaría General de la Presidencia.
El procedimiento tenía por objeto:
- El mantenimiento preventivo de espacios verdes.
- El mantenimiento correctivo.
- El servicio de riego.
- Las tareas sobre la Residencia Presidencial de Olivos.
- Las tareas sobre la Casa Rosada.
La intervención del Ministerio Público Fiscal se produjo tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano.
El cuestionamiento sobre las empresas oferentes
Uno de los principales puntos observados por la Fiscalía está relacionado con la participación de dos firmas que se habrían presentado como oferentes dentro del procedimiento licitatorio. De acuerdo con lo expuesto en el requerimiento judicial, las empresas involucradas son:
- La Mantovana de Servicios Generales SA
- Grub SA
El cuestionamiento surge porque, según el dictamen IF-2024-105621660-APN-CNDC#MEC emitido por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, ambas firmas integrarían un mismo grupo económico.
El fiscal González señaló que esa situación "habría generado una apariencia ficticia de competencia en el marco de la licitación". La observación apunta al funcionamiento del procedimiento competitivo y a las condiciones bajo las cuales se habría desarrollado la convocatoria pública.
La denuncia presentada por Marcela Pagano
La causa judicial tuvo origen en una denuncia impulsada por la diputada Marcela Pagano, quien presentó una acusación dirigida contra Karina Milei. En la presentación se mencionan presuntos delitos vinculados a:
- Fraude en perjuicio de la administración pública.
- Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
- Incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La denuncia se incorporó al expediente que actualmente analiza la Fiscalía federal y que derivó en el pedido formal de documentación realizado este lunes al Gobierno nacional.
Pagano inició su etapa legislativa integrando el espacio político La Libertad Avanza, aunque actualmente mantiene un distanciamiento con ese sector.
El rol de la Secretaría General de la Presidencia
La licitación pública N° 23-0005-LPU26 fue convocada desde la Secretaría General de la Presidencia, área encabezada por Karina Milei. El expediente administrativo requerido por la Justicia será clave para determinar:
- El estado actual del procedimiento.
- Las empresas que participaron formalmente.
- La documentación presentada.
- Las condiciones del proceso licitatorio.
- Las actuaciones administrativas realizadas.
El fiscal González dejó en claro que el requerimiento de información constituye una instancia preliminar y que todavía no se resolvió la apertura formal de una investigación penal.
La medida busca reunir elementos suficientes para evaluar si existen irregularidades que justifiquen avanzar judicialmente sobre el procedimiento impulsado para el mantenimiento de los espacios verdes de dos de los edificios más sensibles de la administración nacional: la Casa Rosada y la Residencia Presidencial de Olivos.