La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, convocó a una audiencia el próximo 7 de julio a las 12.00 horas para evaluar las restricciones impuestas a Cristina Fernández de Kirchner en el marco de su prisión domiciliaria.
La medida fue adoptada luego de que la defensa de la ex presidenta apelara la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que limitó las visitas a su domicilio —ubicado en San José 1111, Ciudad de Buenos Aires— a un listado de familiares, abogados y médicos previamente autorizados.
El tribunal también estableció que cualquier otra visita debe contar con permiso judicial y ordenó la colocación de una tobillera electrónica para monitorear su localización, medida que también fue objetada por la defensa, aunque ese punto aún no llegó a Casación.
Antecedentes judiciales y planteos de la defensa
El 17 de junio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la condena a seis años de prisión contra Fernández de Kirchner por el delito de administración fraudulenta, y estableció el cumplimiento de la pena en la modalidad de arresto domiciliario, con varias condiciones: no alterar el orden público, restringir las visitas al domicilio y aceptar el uso de la tobillera electrónica.
El abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, presentó dos recursos ante el Tribunal Oral N° 2. En ellos solicitó que se autoricen visitas sin restricciones y que la lista de personas autorizadas se mantenga en reserva, para preservar su intimidad. Hasta el momento, solo trascendió que el listado incluye familiares, médicos, abogados y personal de seguridad.
Apoyos y recusaciones
En paralelo, 44 diputados, 30 senadores y más de 700 ciudadanos particulares solicitaron autorización judicial para visitar a la ex mandataria en su domicilio.
Mientras tanto, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes se opusieron a la prisión domiciliaria, aún mantienen vigente el plazo para presentar un recurso contra la medida. Si la resolución no les resulta favorable, podrían apelar ante la propia Cámara de Casación.
La audiencia del 7 de julio permitirá a las partes exponer sus argumentos ante la Sala IV, que luego tendrá un plazo de cinco días hábiles para emitir una resolución.
