El juez federal Martín Cormick hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y declaró la nulidad del protocolo antipiquetes, diseñado e implementado durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación.
En su fallo, el magistrado sostuvo que "se conforma —de manera manifiesta— la ilegitimidad de la Resolución 943/23 y —en consecuencia— corresponde declarar su nulidad en los términos del artículo 1º de la ley 16.986", al considerar que carece de los requisitos exigidos por el artículo 7º de la ley 19.549 para ser considerado un acto administrativo válido.
Cormick agregó que las personas que se consideren perjudicadas por la aplicación del protocolo podrán realizar denuncias individuales ante la Justicia Penal contra quienes hayan actuado en el marco de las instrucciones impartidas por esa resolución.
La reacción de los denunciantes
Tras conocerse la sentencia, el CELS afirmó que el fallo "pone límites a lo que el Ministerio de Seguridad puede hacer" y subrayó que "no puede restringir derechos constitucionales".
Según indicó la organización en un comunicado difundido en la red social X, el juez sostuvo que, bajo el pretexto de ordenar el tránsito y dar instrucciones a las fuerzas policiales, la resolución "se excede hasta modificar leyes penales, orgánicas de la policía y también normas procesales".
"El Ministerio de Seguridad legisló a través de una resolución para restringir al máximo el derecho a la protesta, pasando por encima del Congreso y también del Poder Judicial", añadió el CELS.
La última aplicación del protocolo antipiquetes se registró a mediados de diciembre, durante la marcha de la CGT contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, cuando la ministra Alejandra Monteoliva ya se encontraba al frente de la cartera de Seguridad.
En paralelo, continúa en curso una causa judicial que investiga los hechos ocurridos durante la manifestación del 12 de marzo, cuando el reportero gráfico Pablo Grillo resultó herido tras recibir el impacto de un tubo de gas lacrimógeno mientras trabajaba en las inmediaciones del Congreso Nacional, a metros del Anexo del Senado.
Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que "una resolución ministerial no puede estar por encima de la Constitución y menos aún pretender reformarla", y calificó el fallo como "un gran avance contra la represión".
Aguiar afirmó que con esta decisión judicial "comienzan a restablecerse las garantías constitucionales y se pone límite al autoritarismo extremo del Gobierno", aunque advirtió que, de haberse actuado antes, "se hubieran evitado más de 1.400 heridos en las manifestaciones". "Ya era hora de que, ante semejante afectación de derechos fundamentales, la Justicia dejara de mirar para otro lado", concluyó.