Tras la denuncia presentada por el Gobierno, la Justicia ordenó suspender la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. La medida alcanza a medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales.
"Corresponde admitir la protección cautelar requerida (...) decretase el cese de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025 y atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei", señala el fallo difundido por el vocero presidencial, Manuel Adorni.
El portavoz destacó que la resolución "reconoce una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión".
Denuncia por inteligencia ilegal
La decisión responde a la denuncia que el Ejecutivo presentó el lunes ante la Justicia federal por una supuesta "operación de inteligencia ilegal" destinada a "desestabilizar al país en plena campaña electoral" a través de la filtración de audios privados.
El escrito, impulsado por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich y radicado en el Juzgado Federal N.º 12, sostiene que se trató de "un ataque planificado para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de la democracia". Según la acusación, los hechos implicaron espionaje clandestino, edición de grabaciones y su posterior difusión con fines políticos.
Los apuntados y la difusión en streaming
El canal de streaming Carnaval, a través del programa Data Clave, fue el primer espacio en difundir los audios. Allí, el periodista Mauro Federico aseguró disponer de "más de cincuenta minutos de grabaciones" de Karina Milei y anticipó que se publicarían de manera progresiva.
En la denuncia también se señala al empresario Pablo Toviggino (vinculado a la AFA), al conductor Jorge Rial y al abogado Franco Bindi, a quienes el Gobierno acusa de articular una red con operadores políticos y servicios de inteligencia para impactar en la campaña. Según la presentación, el objetivo sería "afectar variables económicas, alterar la campaña electoral y generar violencia contra funcionarios".
Próximos pasos
En paralelo a la vía judicial, la Casa Rosada trabaja para determinar si las grabaciones fueron intervenidas digitalmente y si el contenido difundido corresponde a ediciones manipuladas. La investigación busca establecer responsabilidades y el posible alcance institucional de la maniobra.
