En el marco de una investigación judicial en curso, la Justicia ordenó este viernes el secuestro de los teléfonos celulares del concejal salteño Pablo López. La medida fue dispuesta a partir de la presentación de pruebas por parte de la víctima, las cuales no solo comprometerían a López, sino que también involucran directamente a la legisladora nacional Emilia Orozco.
Según fuentes vinculadas a la causa, la investigación busca esclarecer una serie de hechos que incluirían amenazas, manipulación de pruebas y posibles actos de encubrimiento. En este contexto, cobró relevancia la figura de Orozco, quien —según trascendidos— habría tenido conocimiento previo de lo denunciado y podría haber colaborado activamente o, al menos, mantenido silencio ante los hechos.
En paralelo con el avance del expediente, Pablo López fue expulsado por unanimidad del espacio político La Libertad Avanza. El presidente del partido, Eduardo Virgili, expresó su "absoluto rechazo a los aberrantes hechos que son de público conocimiento" y reafirmó la postura del presidente Javier Milei: "El que las hace, las paga".
La investigación continúa en desarrollo y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días.
La denunciante, que además fue electa como convencional municipal por la capital salteña, afirmó en el audio que López retenía parte de su salario: "Querés hacer caja con "500 mil al mes, porque mi sueldo era de 500, pero te quedás con 200 y me quedan 300", le reclama. Ante esto, el concejal responde: "No me forreés, dejá de forrearme y te voy a escuchar".
El fragmento más delicado se produce segundos después, cuando López insinúa que podría reducirle los descuentos si accedía a mantener relaciones sexuales con él.
"Yo te ofrecí una solución para todos tus problemas y vos no aceptaste. Por cada chupada de pito te descontaba $10 mil", se lo escucha decir. "¡¿Creés que soy una puta?!", reacciona la mujer.
La mujer ya radicó una denuncia penal y la causa quedó en manos de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual Número 3, que inició una investigación preliminar. El caso amenaza con desatar una nueva crisis interna dentro del oficialismo libertario a pocas semanas del cierre de listas. Por lo pronto, la denunciante ya recibió un botón antipánico.