La Justicia federal se encamina a desestimar el pedido de nulidad presentado por los dueños de la droguería Suizo Argentina, Emmanuel y Jonathan Kovalivker, en el marco de la investigación por presuntos pagos indebidos y contrataciones irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según fuentes de Comodoro Py, el juez Sebastián Casanello consideraría "improcedente" el recurso de la defensa.
El abogado de los Kovalivker, Martín Magram, argumenta que la causa debe ser anulada por dos razones: la primera, que se originó a partir de grabaciones supuestamente ilegales que violan el derecho a la intimidad; la segunda, que el caso ya fue "juzgado", dado que en 2024 se archivó una denuncia anterior por un contrato de la misma droguería.
Sin embargo, los investigadores mantienen una postura firme. En Comodoro Py sostienen que las grabaciones no autorizadas en casos de corrupción no invalidan una investigación. Explican que existen convenciones internacionales que respaldan el uso de este tipo de pruebas en la lucha contra estos delitos, y señalan que "un funcionario público muchas veces teme denunciar y por eso graba y luego filtra el material a la prensa para que se haga público. Eso no impide que el caso pueda investigarse".
Una causa que salpica a la cúpula del poder
La causa vigente se inició el 25 de agosto a raíz de una denuncia de la asociación civil Arco Social, que acusó a la ANDIS de realizar compras millonarias, sin licitación pública, a Suizo Argentina por cerca de 30.000 millones de pesos. En ese momento, el organismo era dirigido por Diego Spagnuolo, quien fue separado de su cargo tras la filtración de audios en los que denunciaba pedidos de coimas, salpicando a altos funcionarios del gobierno.
La denuncia también vincula a la droguería con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y con su primo Eduardo "Lule" Menem, cercano a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
El abogado de los Kovalivker también cuestionó los allanamientos y el secuestro de equipos, advirtiendo que "la orden contenía muchísima información" y que la firma podría ver afectado el abastecimiento de medicamentos en el país. Además, justificó la negativa de sus defendidos a entregar las claves de sus teléfonos, alegando que contienen información sensible y personal.
Por ahora, el análisis de los contratos se encuentra en una etapa preliminar. La decisión final sobre el recurso de nulidad deberá ser revisada por la Cámara Federal.