El debate sobre la denominada ley de lobby sumó un nuevo capítulo en la Cámara de Diputados, donde un plenario de comisiones reanudó el análisis de la propuesta oficial que crea un "régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses".
La iniciativa, promovida por el Gobierno nacional, comenzó a transitar una etapa de creciente incertidumbre debido a la acumulación de críticas provenientes de diversos sectores que participaron de las reuniones informativas realizadas en el Congreso.
El plan original del oficialismo contemplaba emitir dictamen este miércoles e incorporar el proyecto al temario de la sesión prevista para el próximo 24 de junio, en simultáneo con el tratamiento de la ley de Súper RIGI. Sin embargo, la propia Casa Rosada avaló una desaceleración del proceso legislativo y redujo las expectativas respecto de un avance inmediato.
La intención inicial del Gobierno era avanzar con rapidez para cumplir compromisos asumidos ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo cuyas recomendaciones apuntan a fortalecer los estándares de integridad pública y los mecanismos de prevención de la corrupción.
No obstante, el contenido del proyecto generó objeciones transversales que comenzaron a erosionar los consensos necesarios para su aprobación.
Las principales críticas al texto oficial
Durante la segunda reunión informativa celebrada la semana pasada, representantes de organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales y cámaras empresarias manifestaron un rechazo prácticamente unánime a distintos aspectos de la iniciativa.
En el tercer encuentro, las observaciones volvieron a concentrarse sobre las definiciones incorporadas por el proyecto. Los expositores advirtieron que la redacción actual presenta conceptos excesivamente amplios y poco precisos, especialmente en lo referido a la denominada gestión de intereses.
Entre los cuestionamientos más reiterados se destacaron:
- La falta de diferenciación entre el lobby corporativo y la participación ciudadana.
- La equiparación entre actividades empresariales y pedidos de audiencias públicas.
- La inclusión de organizaciones sociales dentro de obligaciones pensadas para lobistas profesionales.
- El riesgo de una burocratización excesiva.
- La posibilidad de generar un marco de sospecha generalizada sobre actores sociales legítimos.
Según los participantes, el proyecto termina colocando bajo una misma categoría situaciones muy diferentes, lo que podría afectar la participación democrática y la interacción habitual entre organizaciones y organismos públicos.
La postura de Fundar
Uno de los planteos más críticos fue formulado por el director ejecutivo de Fundar, Martín Reydó. El especialista sostuvo que, tal como está redactado el proyecto, "todos somos lobistas hasta que se demuestre lo contrario".
Según explicó, la definición vigente de gestión de intereses reúne bajo un mismo concepto tanto las actividades de lobby desarrolladas por corporaciones económicas como las acciones de incidencia impulsadas por organizaciones de la sociedad civil. Reydó también alertó sobre los efectos administrativos que podría generar la obligación de presentar reportes trimestrales y sostuvo que la propuesta incorpora un esquema de sospecha generalizada.
Además, consideró que el texto contiene problemas estructurales que podrían entorpecer el diálogo democrático en lugar de fortalecer la transparencia.
Las objeciones del sector industrial
Desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), Gustavo Corradini manifestó preocupaciones similares. El representante sostuvo que la redacción del proyecto es tan amplia y ambigua que no permite diferenciar adecuadamente entre:
- El cabildeo corporativo-financiero tradicional.
- Las consultas técnicas realizadas por cámaras empresariales.
- Los requerimientos institucionales vinculados a sectores productivos.
Corradini señaló además que las reuniones habituales entre pymes, cámaras industriales y funcionarios podrían quedar injustamente bajo sospecha. También cuestionó el régimen sancionatorio previsto por la iniciativa, que contempla multas de hasta 500 salarios mínimos e incluso la inhabilitación para ejercer actividades vinculadas a la representación de intereses.
La preocupación del sector agropecuario
Las entidades rurales también expresaron reparos. El representante de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Adrián Luna Vázquez, sostuvo que la iniciativa podría afectar el derecho constitucional de peticionar ante las autoridades.
Según indicó, existe el riesgo de que la normativa termine interpretando como actividades de lobby clandestino situaciones que forman parte del funcionamiento habitual de las entidades gremiales agropecuarias. Entre ellas mencionó:
- Mesas de diálogo técnico.
- Reclamos sectoriales.
- Presentación de propuestas de políticas públicas.
- Intercambios institucionales con legisladores y funcionarios.
Aunque manifestó apoyo a los objetivos de transparencia, condicionó el respaldo de la entidad a la incorporación de modificaciones profundas en el articulado.
Las advertencias de ONG y especialistas
Las organizaciones vinculadas al ámbito ambiental y a las prácticas de compliance también manifestaron inquietudes. El director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, Manuel Jaramillo, sostuvo que el proyecto equipara erróneamente el lobby privado con la defensa del interés público.
A su vez, consideró que la propuesta dificulta la participación ciudadana y burocratiza el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales. En la misma línea, Carlos Rozen, ex presidente y actual vocal de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC), planteó la necesidad de diferenciar claramente el lobby tradicional, orientado a influir en decisiones con beneficios económicos directos, de los sistemas internos de cumplimiento normativo implementados por empresas y ONG.
Rozen advirtió que la acumulación de reportes obligatorios e inscripciones podría generar una sobrecarga administrativa que termine desviando la atención de los verdaderos riesgos de corrupción.
Por su parte, Sebastián Pilo, asesor estratégico de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA), cuestionó especialmente las disposiciones vinculadas a los denominados intereses foráneos y a la cooperación internacional técnica.
Según expresó, esas regulaciones podrían afectar el financiamiento, la asistencia y el trabajo de organizaciones ambientales que intervienen en políticas de preservación o desarrollan litigios vinculados a cuestiones ambientales.
Qué propone la ley de lobby
La iniciativa oficial toma como referencia el modelo estadounidense y busca establecer un marco regulatorio para las gestiones de intereses realizadas ante funcionarios y legisladores.
Entre los principales puntos del proyecto se encuentran:
- Creación de un Registro Público de Gestiones e Intereses.
- Inscripción obligatoria de los lobistas.
- Presentación de declaraciones juradas.
- Identificación de clientes y beneficiarios finales.
- Registro de fecha, hora y modalidad de cada contacto.
- Publicidad de las audiencias mantenidas con funcionarios.
Además, la norma prevé sanciones para quienes incumplan las obligaciones establecidas. Las penalidades incluyen:
- Multas de hasta 500 salarios mínimos.
- Inhabilitación definitiva para ejercer actividades de lobby.
- Prisión de seis meses a tres años por representación clandestina de intereses extranjeros.
- Inhabilitación especial por un período equivalente al doble de la condena.
La propuesta también establece obligaciones específicas para funcionarios del Poder Ejecutivo y del Congreso, quienes deberán informar y hacer públicas las audiencias mantenidas con gestores de intereses.