La causa que investiga el presunto crecimiento patrimonial injustificado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Julieta Angeletti, sumó una nueva serie de medidas impulsadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita. A través de una resolución de cinco páginas, el representante del Ministerio Público Fiscal dispuso múltiples requerimientos dirigidos a organismos públicos, empresas privadas y administraciones de barrios privados con el objetivo de profundizar distintas líneas de investigación vinculadas a la evolución patrimonial de ambos.
Las nuevas diligencias se incorporan a un expediente que busca establecer si existe correspondencia entre los ingresos declarados por Adorni y Angeletti y el crecimiento de sus bienes y patrimonio durante los períodos analizados.
La resolución contempla pedidos de información sobre actividades laborales, propiedades inmobiliarias, movimientos económicos, compras de bienes y antecedentes relacionados con activos virtuales, ampliando significativamente el alcance de la investigación.
Los antecedentes laborales
Uno de los aspectos centrales de la nueva batería de medidas apunta a reconstruir posibles vínculos laborales de Manuel Adorni con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores.
En ese sentido, Pollicita solicitó información destinada a determinar si el actual jefe de Gabinete mantuvo algún tipo de contratación, designación, asesoría o actividad remunerada dentro de esa institución durante el período comprendido entre 2017 y 2023. En caso de existir algún vínculo, el fiscal requirió que se remita toda la documentación correspondiente, incluyendo:
• Designaciones o contrataciones.
• Funciones desempeñadas.
• Remuneraciones percibidas.
• Eventuales declaraciones juradas patrimoniales.
El mismo requerimiento fue formulado respecto de Bettina Julieta Angeletti, aunque para el período comprendido entre 2018 y 2023.
La información solicitada busca incorporar elementos que permitan analizar los ingresos declarados por ambos y contrastarlos con la evolución patrimonial que se encuentra bajo investigación.
La causa vinculada al hermano del funcionario
Otra de las medidas ordenadas por el fiscal involucra a un expediente judicial que investiga un presunto enriquecimiento ilícito relacionado con Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, y otra persona. Pollicita solicitó al juzgado federal interviniente una certificación amplia sobre esa causa, incluyendo información detallada sobre:
• Los hechos investigados.
• Las personas involucradas.
• Referencias a bienes familiares.
• Menciones a dinero en efectivo.
• Datos vinculados a la sucesión de Jorge Adorni.
Según el requerimiento, el objetivo es determinar si existen elementos que puedan guardar relación con la investigación patrimonial actualmente en curso.
La lupa sobre una propiedad en Indio Cuá Golf Club
Uno de los ejes más relevantes de la pesquisa está vinculado a un inmueble identificado como el lote 380 del barrio privado Indio Cuá Golf Club. Con el propósito de reconstruir gastos e inversiones efectuadas en esa propiedad, el fiscal solicitó información detallada sobre ingresos y egresos de proveedores, contratistas, transportistas y empresas de entrega que hayan realizado trabajos o suministrado materiales entre noviembre de 2024 y agosto de 2025.
De acuerdo con la resolución, los registros requeridos permitirán analizar aspectos relacionados con:
• Reformas edilicias.
• Acondicionamiento del inmueble.
• Compra de materiales.
• Amoblamiento.
• Otros gastos vinculados a la propiedad.
La finalidad de esta medida es reconstruir con precisión los movimientos económicos asociados al inmueble y determinar su eventual incidencia dentro del análisis patrimonial que lleva adelante la fiscalía.
La situación de Silvia Pais
En paralelo, la investigación también se extendió hacia otro barrio privado. Pollicita requirió a la administración de Fincas de Iraola 2 que informe si Silvia Pais, madre del funcionario, reside en ese complejo.
En caso de una respuesta afirmativa, la administración deberá proporcionar información acerca de:
• La fecha desde la cual ocupa la propiedad.
• La modalidad de ocupación.
• La documentación relacionada con el inmueble.
• Contratos de alquiler, en caso de existir.
• Comprobantes de pago de expensas.
La información será incorporada al expediente para su análisis dentro del conjunto de elementos que se encuentran bajo revisión.
Una compra de más de ocho millones de pesos
Otra de las medidas surgió a partir del análisis de un teléfono celular secuestrado durante la investigación. A raíz de esa evidencia, el fiscal solicitó información a la empresa Rosen The Store respecto de una factura emitida en junio de 2025 por un monto de $8.183.303,25, registrada a nombre de Gisela Kocsis.
El requerimiento incluye detalles sobre:
• El medio de pago utilizado.
• La identidad de la persona que efectuó el pago.
• El domicilio donde fueron entregados los productos.
• La documentación respaldatoria de la operación.
El objetivo es establecer quién fue el destinatario final de los bienes adquiridos y determinar la relevancia de esa operación dentro de la investigación patrimonial.
Activos virtuales bajo análisis
Las nuevas medidas también incorporan un relevamiento relacionado con el universo de los activos digitales. En ese marco, Pollicita solicitó a la Comisión Nacional de Valores información histórica sobre las plataformas, exchanges y proveedores de servicios de activos virtuales que operaron o brindaron servicios en Argentina desde 2012 hasta la actualidad.
Asimismo, requirió antecedentes regulatorios y normativa aplicable al sector durante ese período.
La información permitirá contextualizar eventuales operaciones vinculadas a activos virtuales que pudieran surgir en el expediente.
