La discusión sobre una reforma integral del sistema tributario volvió a instalarse con fuerza en la agenda económica nacional. El Gobierno del presidente Javier Milei ratificó en los últimos días que mantiene vigente la intención de avanzar con modificaciones estructurales en materia impositiva, aunque a un ritmo menor al pretendido originalmente por la administración nacional.

La decisión reciente de reducir retenciones a las exportaciones del agro fue interpretada como una nueva señal de la voluntad oficial de intervenir sobre el esquema tributario vigente. En paralelo, desde el Ministerio de Economía se impulsó un llamado dirigido a gobernadores e intendentes de todo el país para revisar dos de los tributos más cuestionados por sectores productivos y empresariales: el impuesto sobre los Ingresos Brutos y las tasas municipales aplicadas sobre las ventas.

El planteo se apoya en una preocupación recurrente vinculada con la competitividad de la producción nacional. Según sostiene el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), las distorsiones tributarias constituyen uno de los factores centrales que encarecen costos y afectan el desempeño de la economía argentina.

La entidad considera que cualquier transformación tributaria de fondo necesariamente requiere coordinación entre los tres niveles del Estado. En ese sentido, advierte que medidas aisladas o reducciones puntuales de impuestos pueden representar un alivio transitorio, pero no alcanzan para resolver los problemas estructurales del sistema.

El antecedente del Consenso Fiscal de 2017

Dentro de los antecedentes recientes aparece el denominado Consenso Fiscal 2017, acuerdo firmado entre Nación y provincias que contemplaba un cronograma gradual de reducción de las alícuotas de Ingresos Brutos. Sin embargo, desde Idesa señalan que aquella experiencia terminó fracasando y plantean la necesidad de analizar las razones de ese resultado para evitar repetir errores en futuros intentos de reforma.

El instituto sostiene que el problema no solo radicó en cuestiones de voluntad política, sino también en limitaciones propias del diseño del esquema planteado. Para argumentar esa posición, elaboró un ejercicio de simulación sobre el impacto que tienen Ingresos Brutos y las tasas municipales en el precio final de un producto.

El análisis parte de un supuesto de una cadena de producción compuesta por tres eslabones, donde cada uno representa un tercio del valor agregado total y donde las alícuotas tributarias son idénticas en cada etapa.

A partir de ese esquema, Idesa expone los siguientes resultados:

• Si la alícuota de Ingresos Brutos es de 3% y la tasa municipal alcanza 1%, ambos tributos generan un encarecimiento aproximado del 8% sobre el precio final.
• Si ambos impuestos se reducen en un 25%, la presión tributaria desciende hasta el 6%.
• Si la reducción alcanza el 33%, el impacto sobre el precio final sigue representando un encarecimiento del 5%.

Según el instituto, incluso con reducciones importantes en las alícuotas, el efecto positivo sobre la competitividad seguiría siendo limitado.

El peso de la carga administrativa

Más allá del impacto económico directo, Idesa remarca que uno de los principales problemas reside en el diseño administrativo de ambos tributos. La entidad sostiene que el esquema actual impone una carga burocrática extremadamente elevada sobre los contribuyentes debido a la existencia de cientos de alícuotas distintas y regulaciones variables entre provincias y municipios.

El informe advierte que muchas normas ni siquiera se encuentran disponibles en Internet o presentan interpretaciones ambiguas, lo que genera un entramado regulatorio complejo y costoso. A ello se suman los mecanismos de pago adelantado, que incrementan tanto la carga administrativa como los impactos financieros sobre empresas y contribuyentes.

Desde esa perspectiva, Idesa considera que aun cuando las alícuotas bajaran, los costos transaccionales seguirían vigentes y terminarían diluyendo el beneficio esperado en términos de competitividad.

El reporte también plantea dudas sobre la posibilidad de cumplimiento efectivo de acuerdos fiscales graduales entre Nación y provincias. Según el análisis, existen antecedentes y mecanismos que podrían permitir a las jurisdicciones compensar la baja de alícuotas mediante otras herramientas.

Entre las observaciones señaladas aparecen:

• Reducción formal de alícuotas acompañada por aumentos en pagos a cuenta.
• Incremento de mecanismos de percepción o retención.
• Dificultades para recuperar saldos a favor por parte de los contribuyentes.

Para Idesa, este tipo de prácticas podrían terminar neutralizando el efecto buscado por una eventual reducción tributaria.

El Súper IVA como alternativa

En este contexto volvió a tomar fuerza la propuesta de crear un denominado Súper IVA, mecanismo que absorbería tanto Ingresos Brutos como las tasas municipales sobre ventas. La iniciativa es presentada por Idesa como un camino alternativo "mucho más promisorio" para encarar una reforma tributaria integral.

El esquema planteado contempla un IVA con una alícuota superior al actual 21%, aunque inferior a la carga efectiva que hoy surge de sumar IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales.

De acuerdo con el instituto, este modelo permitiría:

• Reducir costos administrativos.
• Disminuir niveles de evasión.
• Mejorar la competitividad.
• Mantener el equilibrio fiscal de provincias y municipios.

Uno de los aspectos destacados del planteo es que el impuesto se aplicaría sobre el valor agregado y no sobre el precio final de venta. Según Idesa, ello permitiría reintegrar el tributo a exportadores y garantizar igualdad de incidencia entre productos nacionales e importados.

Además, el esquema podría contemplar mecanismos de devolución para familias de bajos ingresos.

La preocupación de las provincias

Del lado de las provincias, los gobernadores mantienen una posición cautelosa frente a cualquier modificación sobre Ingresos Brutos debido al peso que ese tributo tiene sobre las cuentas públicas provinciales.

Según se indica, Ingresos Brutos representa alrededor del 80% de la recaudación global de los distritos del interior, razón por la cual cualquier reforma requeriría garantías concretas de compensación financiera.

La discusión sobre un eventual Súper IVA, por lo tanto, excede el actual ejercicio fiscal y abre un debate de mayor profundidad sobre la distribución de recursos entre Nación, provincias y municipios.

En ese marco, Idesa concluye que reeditar el Consenso Fiscal de 2017 implicaría repetir una experiencia que no logró los resultados esperados. Para la entidad, la opción más viable consiste en avanzar hacia un esquema tributario unificado que absorba Ingresos Brutos y tasas municipales, reduzca costos administrativos y permita mejorar la competitividad sin comprometer las finanzas provinciales.