El Gobierno de Argentina se encuentra en medio de intensas negociaciones para modificar la lista de 150 jueces que debe enviar al Senado, con el objetivo de conseguir apoyos cruciales para las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla a la Corte Suprema. Este escenario se desarrolla en un contexto de vacancias en los juzgados subrogados y de tensiones políticas que podrían definir el futuro judicial del país.
Cambios en la lista de jueces
Desde la Casa Rosada indicaron al medio TN que se estaría "afinando el lápiz" en la lista de jueces propuesta, con la intención de realizar cambios significativos en algunos de los nombres que han generado controversia. Los negociadores a cargo, Santiago Caputo y Sebastián Amerio, han estado en contacto constante con gobernadores provinciales para ajustar la lista, que se enviará en tandas de 20 durante la próxima semana. Este esfuerzo se enmarca dentro de la necesidad de asegurar los votos necesarios para que las candidaturas de Lijo y García Mansilla sean aprobadas antes del 30 de noviembre, evitando así que la Corte Suprema quede con solo tres integrantes tras la jubilación del juez Juan Carlos Maqueda.
Controversias en la propuesta judicial
La selección de jueces ha suscitado fuerte oposición y controversia. Entre los casos polémicos se destaca la postulación de Marcelo Martín Bailaque para la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, quien enfrenta investigaciones por supuesta protección a un líder narco. Además, la candidatura de Ana Paula Zavattieri ha generado tensiones en Mendoza debido a su vínculo con Ernesto Sanz, lo que complica aún más las negociaciones con el gobernador Alfredo Cornejo.
El contexto también se ve influenciado por presiones externas, ya que la cobertura de los juzgados federales fue solicitada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el marco de negociaciones para mantener a Argentina fuera de la lista gris. Este factor pone de relieve la importancia política y judicial de estos nombramientos, así como la necesidad de fomentar un sistema judicial que funcione adecuadamente.
Descoordinaciones y tensiones internas en el Gobierno
Un aspecto relevante de estas negociaciones es la falta de comunicación entre el Gobierno y el bloque del PRO, lo que ha elevado las tensiones internas. A pesar de que el PRO cuenta con solo seis senadores, la Casa Rosada ha optado por no incluirlos en estas negociaciones, lo que puede tener repercusiones en la cohesión de la coalición gobernante. Esta descoordinación se suma a otras tensiones, como la filtración sobre recortes en los fondos para partidos políticos y las elecciones PASO, lo que sugiere una falta de alineación en la estrategia política.
Además, el Gobierno busca negociar con sectores del peronismo para asegurar respaldos a García Mansilla. Según informes, ya se han conseguido seis adhesiones para Lijo, quien es visto como un candidato apoyado por el kirchnerismo. Este entramado de alianzas políticas refleja las complejidades y desafíos que enfrenta la administración en su búsqueda de una aprobación unánime.
El futuro judicial de Argentina
La decisión sobre la composición de la Corte Suprema no solo afecta el funcionamiento del sistema judicial argentino, sino que también tiene implicaciones significativas para la democracia en el país. La consolidación de un Poder Judicial fuerte y independiente es esencial para garantizar el estado de derecho y la protección de los derechos ciudadanos. A medida que el Gobierno avanza en estas negociaciones, la atención estará centrada en cómo se desarrollan las dinámicas políticas y si se logran los apoyos necesarios para las candidaturas propuestas.
La complejidad de la negociación del Gobierno para nombrar jueces en la Corte Suprema refleja un panorama político complicado, donde las alianzas y desacuerdos pueden definir el futuro judicial de Argentina.