Una filtración de documentos de inteligencia rusa desató esta semana un escándalo que involucra a una estructura paraestatal rusa, a decenas de medios digitales locales y a la figura del presidente Javier Milei como blanco declarado de una campaña de desinformación.
El origen de la denuncia
Todo comenzó con 76 documentos clasificados que llegaron al medio africano The Continent y fueron compartidos con un consorcio de organizaciones periodísticas internacionales: openDemocracy (Reino Unido), Forbidden Stories y All Eyes on Wagner (Francia), Dossier Center e iStories (Rusia), y en Argentina el sitio Filtraleaks, encabezado por el periodista Santiago O'Donnell. El material, más de 1.400 páginas en total, describe con detalle operativo las acciones de un grupo identificado internamente como "La Compañía" en distintos países de África y América Latina.
En el caso argentino, los documentos abarcan el período comprendido entre abril y octubre de 2024, coincidente con el momento de mayor acercamiento diplomático entre el gobierno de Milei y Ucrania en el marco de la guerra contra Rusia.
¿Qué es "La Compañía"?
Según el consorcio investigador, la estructura sería una continuación del tristemente célebre Grupo Wagner, la organización paramilitar liderada por Yevgeny Prigozhin hasta su muerte en agosto de 2023. Tras ese episodio, sus operaciones militares habrían quedado bajo el control de la inteligencia militar rusa (GRU), mientras que sus actividades de influencia e información en el exterior pasaron al Servicio de Inteligencia Exterior (SVR), dependiente del Kremlin.
En Argentina, la investigación identificó la presencia de al menos dos agentes vinculados a esta red que residían en Buenos Aires. Ambos, según el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), abandonaron el país hacia San Petersburgo cuando el gobierno reveló sus nombres, pero habrían regresado meses después.
Los números de la operación
El informe detalla un presupuesto de aproximadamente 283.000 dólares destinados a financiar la publicación de más de 250 artículos distribuidos en al menos 23 medios digitales argentinos. Según los documentos, los portales con mayor cantidad de contenidos supuestamente pagados son Diario Con Vos (37 notas), El Destape (27), Diario Registrado (26), Realpolitik (20), C5N (17) y Big Bang News (16), entre otros. Con menor volumen aparecen también Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, A24, e incluso Infobae y El Cronista, con dos artículos cada uno.
La lista no incluye a La Nación, Clarín, Página 12, Crónica ni al Grupo Olmos.
Además de los medios escritos, los investigadores identificaron pagos a cincuenta cuentas de influencers en Instagram, X y YouTube, con contenidos orientados a amplificar críticas al gobierno.
¿Cómo funcionaba el mecanismo?
La investigación describe un sistema de distribución de contenidos basado en intermediarios: agencias de relaciones públicas, consultoras o voceros que contactaban a los medios y periodistas sin revelar el origen real del financiamiento. En dos casos, fuentes reconocieron haber recibido pagos por publicar artículos, pero indicaron montos muy inferiores a los registrados en los documentos rusos, y atribuyeron el encargo a grupos de empresarios argentinos opositores al gobierno.
Un rasgo llamativo del esquema es el uso de identidades ficticias: muchos artículos no tenían firma, y cuando aparecían nombres de autor, se trataba de personas inexistentes. Algunos perfiles habrían sido generados con inteligencia artificial, incluyendo fotos. Un ejemplo documentado es el de "Gabriel Di Taranto", presunto autor de 20 artículos en distintos medios, cuya maestría universitaria resultó ser inexistente al momento de verificarla.
En cuanto a los contenidos, el informe señala que los temas recurrentes incluían la posición argentina frente al conflicto en Ucrania, críticas al plan económico del gobierno, disputas diplomáticas con Chile y Brasil, y peleas internas dentro del oficialismo. También se registraron noticias directamente falsas, como la supuesta compra de collares de lujo para los perros de Milei, y un intento de provocar una crisis diplomática entre Argentina y Chile mediante una historia inventada sobre un "grupo de sabotaje" enviado a atacar el gasoducto transandino.
La reacción del gobierno
El presidente Milei reaccionó en su cuenta de X calificando el caso como un hecho de "gravedad institucional pocas veces vista en la historia" y prometiendo llegar "hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos". Fue más allá al sugerir que lo revelado es "la punta del iceberg de algo mucho más grande".
El secretario de Comunicación, Javier Lanari, calificó la situación como "uno de los mayores escándalos de la historia democrática argentina" y habló de "traición a la Patria".
La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) informó que la existencia de esta red había sido puesta en conocimiento de la Justicia Federal y del Ministerio Público Fiscal en octubre de 2025, meses antes de que la investigación periodística se hiciera pública. La senadora Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad, confirmó por su parte que fue alertada sobre la campaña a mediados de 2025 por la entonces secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem.
La respuesta de los medios señalados
Las reacciones de los medios involucrados fueron variadas. El periodista Juan Piscetta, cuyas dos notas en Infobae aparecen en los documentos, negó categóricamente haber recibido dinero y afirmó que sus textos se basaron en "fuentes argentinas". El Grupo Indalo, propietario de C5N, anunció una investigación interna para determinar la autoría de los artículos cuestionados. Gabriel Morini, director de Ámbito Financiero, rechazó las conclusiones del consorcio y las calificó de "sugestivamente funcionales a un momento político delicado".
Un editor de Grito del Sur, en cambio, no negó la existencia de los artículos pero afirmó que su medio "respalda fervientemente a la Federación Rusa en su conflicto con Ucrania" y que acepta toda información que cuestione al gobierno, con o sin financiamiento externo.
La posición de Rusia
La Embajada rusa en Buenos Aires rechazó las acusaciones a través de un breve comunicado, calificándolas de "infundadas" y señalando que "no se aportan hechos ni pruebas". El texto indicó además que ya habían respondido a denuncias similares en junio de 2025 y que lamentaban que "las posturas ideológicas se impongan al sentido común".
Lo que aún no está probado
Es fundamental señalar que el propio consorcio investigador reconoció una limitación central: no pudo verificar de manera concluyente que los pagos efectivamente se realizaron ni a quiénes llegaron en última instancia. Los intermediarios contactados negaron vínculos con Rusia y atribuyeron los encargos a empresarios argentinos que no pudieron ser identificados. Los documentos son la única fuente directa, y su autenticidad, si bien fue sometida a verificación periodística, no ha sido corroborada judicialmente.
El investigador del CONICET Martín Becerra planteó una lectura estructural del fenómeno: la precarización de los medios, la reducción de los controles editoriales y la normalización de contenidos pagados no identificados como tales crean un terreno fértil para este tipo de operaciones, con o sin un actor estatal externo de por medio.
Un debate que excede a Rusia
El escándalo pone sobre la mesa preguntas que van más allá de la culpabilidad o inocencia de los medios y periodistas mencionados. ¿Cuánto saben los editores sobre el origen de los contenidos que publican? ¿Qué responsabilidad tienen frente a esquemas de intermediación opaca? ¿Y en qué medida la polarización política local facilita que actores externos —con cualquier orientación ideológica— se infiltren en el ecosistema informativo?
El caso está actualmente judicializado. La Justicia Federal deberá determinar si los hechos denunciados constituyen un delito, quiénes son los responsables y cuál fue el alcance real de una operación que, de confirmarse en sus términos más graves, representaría una intervención inédita de una potencia extranjera en el debate público argentino.
