La investigación judicial sobre el denominado "rulo" financiero del dólar blue sumó este viernes un capítulo de alto impacto. El levantamiento del secreto de sumario permitió conocer detalles de una trama que, según el expediente, funcionó como un "sistema paralelo" para destrabar autorizaciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante los años 2022 y 2023.
El eje de esta nueva derivación surgió a partir de los peritajes realizados sobre los teléfonos celulares de Martín Migueles, señalado como ex socio y allegado a Elías Piccirillo. De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, los dispositivos contenían conversaciones, audios y referencias directas a un esquema de intermediación destinado a agilizar aprobaciones de importaciones que, en el contexto de las restricciones cambiarias y la escasez de reservas, podían demorarse más de tres meses.
Según la reconstrucción judicial, el mecanismo consistía en el cobro de retornos que variaban entre el 10% y el 15% del valor total de las importaciones, con cálculos realizados tanto al tipo de cambio oficial como al dólar blue, dependiendo de cada negociación.
Los chats y audios que comprometen a los involucrados
Uno de los puntos centrales del expediente es la aparición de conversaciones atribuidas a Ariel Germán Saponara, abogado con pasado en el Gobierno de la Ciudad y que, según registros, figuraría actualmente como personal de Presidencia de la Nación.
En los diálogos analizados, Saponara consultaba a Migueles por contactos capaces de "liberar" declaraciones de importación vinculadas a autoelevadores y repuestos. La evidencia incorporada por los investigadores incluye mensajes de voz que describen con precisión los porcentajes que se manejaban en la operatoria.
En uno de los audios, Migueles afirma:
"A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13".
Para los investigadores, el contenido de esa conversación resulta relevante porque expondría no sólo el porcentaje exigido para destrabar operaciones, sino también el margen de ganancia que retenían los intermediarios por encima de la suma que debían "rendir" internamente.
El expediente sostiene que el sistema permitía obtener aprobaciones en un plazo extraordinariamente breve. Mientras los tiempos habituales del SIRA podían superar los 90 o incluso 120 días, las empresas que ingresaban en este circuito conseguían el visto bueno en apenas una semana o diez días.
El rol de "Pipo" y la estructura interna
Otro de los nombres destacados en la investigación es el de Héctor Ezequiel "Pipo" Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de canalizar los pedidos hacia personas con capacidad de influir directamente sobre la aprobación de las importaciones.
Los audios incorporados a la causa muestran conversaciones en las que Caputto explica la lógica de los pagos y la estructura financiera del esquema. Uno de los mensajes de voz analizados por la Justicia describe de manera explícita cómo se calculaban los montos:
"Es el 15% oficial el costo... es lo que tenemos que rendir adentro".
La frase es considerada clave por los investigadores porque sugiere la existencia de un circuito interno de distribución de dinero. Según la reconstrucción del expediente, el monto era pesificado al dólar oficial y luego convertido nuevamente en dólares billete para determinar la ganancia neta.
La investigación también avanzó sobre la denominada "ruta del dinero". Uno de los casos testigos involucra a la empresa Neme S.A., donde, según consta en los intercambios analizados, Migueles habría dado instrucciones específicas para entregar el dinero de la coima en una oficina ubicada sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.
Allanamientos y más de 50 investigados
Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Ariel Lijo ordenó una serie de allanamientos dirigidos a financistas y operadores vinculados al presunto esquema.
Entre los nombres alcanzados por las medidas judiciales aparecen:
- Gonzalo "Gonzalote" Calo
- Fernando Rubén Tacchi
- Alejandro "El Turco" Calian
La magnitud de la causa quedó reflejada en otro dato significativo del expediente: actualmente hay más de 50 personas y empresas bajo investigación.
En paralelo, el fiscal Franco Picardi profundiza el análisis de las escuchas y comunicaciones para identificar a otros intermediarios mencionados en los audios bajo los apodos de "Pato" y "La Señora".
"La Señora", una figura clave bajo sospecha
Dentro de la estructura investigada, "La Señora" aparece como una figura particularmente sensible. Según las hipótesis que maneja la fiscalía, esta persona habría ocupado funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio o en organismos evaluadores vinculados al sistema de importaciones.
De acuerdo con el expediente, su rol habría sido determinante porque tendría capacidad real para otorgar el "visto bueno" final a las operaciones. Esa posible posición estratégica la convierte en una pieza central para comprender cómo funcionaba el circuito de autorizaciones aceleradas.
La investigación continúa avanzando sobre el contenido de los dispositivos electrónicos secuestrados. Los peritajes tecnológicos, según fuentes del expediente, siguen revelando nombres de firmas importadoras de gran tamaño que habrían aceptado pagar estos denominados "peajes" para sostener su actividad y garantizar operaciones en medio de las restricciones impuestas por el último cepo cambiario.
Con el secreto de sumario levantado y nuevas líneas de investigación abiertas, la causa ingresa ahora en una etapa de mayor exposición pública y profundización judicial, mientras los investigadores buscan determinar el alcance total de un esquema que, según las pruebas reunidas hasta el momento, habría operado sobre uno de los sistemas más sensibles de control del comercio exterior argentino.
