Las rejas del Penal de Ezeiza no habrían impedido que Lázaro Báez continuara impartiendo instrucciones sobre sus propiedades y negocios, pese a encontrarse detenido y a que buena parte de su patrimonio está alcanzado por medidas judiciales. Una serie de escuchas telefónicas incorporadas a una investigación penal revela que el empresario habría seguido interviniendo en la administración de inmuebles, estancias y distintas operaciones comerciales desde el interior del establecimiento penitenciario.
La investigación sostiene que las maniobras se desarrollaron mediante comunicaciones realizadas desde la cárcel, utilizando un teléfono celular y el teléfono público del establecimiento. Según la documentación, a la que accedió Clarín, las instrucciones de Báez estaban relacionadas con la comercialización y explotación de bienes embargados por la Justicia, algunos de los cuales forman parte de los pedidos de decomiso formulados en el marco de la causa Vialidad.
Uno de los fragmentos más contundentes de las conversaciones es una discusión sobre el alquiler de una propiedad. Allí se escucha a Báez afirmar: "El dueño de la historia acá, soy yo si no les gusta, me decís y terminamos el contrato acá". La frase aparece en una comunicación vinculada con un inmueble utilizado para actividades comerciales y refleja, según la hipótesis investigativa, su intervención directa en decisiones sobre contratos y condiciones económicas.
Los audios también exponen posibles falencias en los mecanismos de control de la Justicia y del Servicio Penitenciario para impedir que el empresario continuara manejando sus negocios desde su lugar de detención.
La información sobre el papel que habría desempeñado Báez fue presentada en la fiscalía federal de Río Gallegos, a cargo de Julio Zárate, durante una audiencia realizada este jueves. En esa instancia fue señalado como presunto integrante de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero y con vínculos con una organización relacionada con el tráfico de drogas.
La investigación y los nombres que aparecen en la estructura
Además de Báez, la causa menciona a su novia, Claudia Insaurralde, y a Cristian Ibañez, señalado como presunto testaferro. También aparecen otras personas vinculadas con la administración y el funcionamiento de los negocios del empresario.
La prueba reunida incluye escuchas telefónicas que registran conversaciones en las que Báez impartía instrucciones desde el establecimiento penitenciario federal, donde cumple una pena unificada de quince años de prisión por los casos Ruta del Dinero K, por lavado de dinero, y Vialidad, por administración fraudulenta.
Según la documentación, el empresario mantenía anotaciones en su celda con información sobre movimientos de dinero, personas a las que podía cobrarles y estrategias para recuperar fondos. A partir de esos registros y de las conversaciones interceptadas, los investigadores reconstruyeron distintas directivas que habría transmitido a sus colaboradores.
En ese esquema, Ibañez aparece como uno de los encargados de encabezar negocios en Río Gallegos en representación del titular del Grupo Austral. En las comunicaciones, se dirigía a Báez como "el Tío", mientras que las instrucciones impartidas desde la prisión también involucraban a "la Tía", apodo utilizado para referirse a Claudia Insaurralde.
La mujer fue detenida el lunes cuando, según la información incorporada a la investigación, intentaba fugarse.
Otro elemento mencionado en la acusación es la existencia de un teléfono celular a disposición de Báez dentro de la cárcel federal. Las escuchas muestran que, cuando las personas llamaban al teléfono público del establecimiento, solamente pedían por "Lázaro" y eran comunicadas de inmediato.
La investigación también cuenta con registros de visitas realizadas por Insaurralde, el contador y colaborador imputado Diego Navarro, Ibañez y otras personas vinculadas con el empresario.
Una estructura societaria bajo investigación
La pesquisa está a cargo del fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate, y cuenta con la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), encabezada por el fiscal Diego Velasco, además de los fiscales generales Diego Luciani y Abel Córdoba.
De acuerdo con el detalle de la investigación, se identificó un entramado societario complejo nucleado alrededor del holding de Lázaro Báez. La organización habría funcionado con "carácter estable" y habría estado dedicada a la presunta comisión de delitos de lavado de activos agravado, asociación ilícita calificada, insolvencia fraudulenta y defraudación.
Uno de los aspectos centrales de la hipótesis es que los involucrados no habrían creado nuevas empresas para introducir fondos ilícitos en el mercado, como suele suceder en determinadas operaciones de blanqueo. En cambio, habrían operado directamente sobre un patrimonio preexistente y de gran magnitud, que ya estaba alcanzado por medidas judiciales.
La documentación señala que esos bienes se encontraban sujetos a embargos, depósitos judiciales e incluso mandatos firmes de decomiso dictados en causas anteriores contra Báez.
Entre las propiedades y explotaciones mencionadas figuran las estancias agropecuarias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike, identificadas por el Ministerio Público Fiscal para su decomiso en el marco del caso Vialidad.
También se incorporaron inmuebles ubicados en Río Gallegos y El Calafate, donde funcionaban propiedades destinadas al alquiler para actividades médicas y comerciales. Los operativos requeridos por el fiscal Zárate permitieron documentar esos bienes como parte de la estructura investigada, según pudo saber Clarín.
Las empresas y los bienes utilizados en las operaciones
La investigación identificó distintas sociedades que habrían sido utilizadas para desarrollar las actividades económicas bajo análisis. Entre ellas aparece Austral Agro S.A., titular de varias estancias adquiridas por Báez entre 2010 y 2012, operaciones que forman parte de la investigación por lavado de activos en la causa Ruta del Dinero K.
También figura Kank y Costilla S.A., empresa que recibió obra pública vial de manera presuntamente irregular, con sobreprecios, y que simultáneamente fue inquilina de las compañías de la familia Kirchner: Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
A la estructura investigada se suman rodados que tenían pedidos de secuestro y que habrían formado parte de las maniobras bajo análisis. La documentación también describe "operaciones clandestinas de venta de galpones", otro de los mecanismos que los investigadores incorporaron a la reconstrucción de las actividades comerciales.
En cuanto al volumen económico, el entorno de Báez habría puesto en circulación un flujo financiero consolidado de aproximadamente 390.880.000 pesos, una cifra que la investigación equipara a unos 980 salarios mínimos, vitales y móviles. El movimiento de esos fondos y las operaciones sobre los bienes habrían sido coordinados desde el interior de la cárcel, según la hipótesis fiscal.
Las conversaciones y la disputa por el manejo de las estancias
Una de las series de escuchas incorporadas a la causa corresponde al 5 de octubre de este año, cuando se registraron tres conversaciones entre Báez y Cristian Ibañez. Los diálogos giraron alrededor de la administración de estancias, la designación de personas para trabajar en esos establecimientos y el cobro de dinero.
En la primera comunicación, Ibañez le contó a Báez que Gastón lo había llamado para informarle que una mujer le estaba reclamando 50 y que posteriormente le permitiría ingresar a la estancia Alquinta. También relató una conversación relacionada con la incorporación de personas a La Entrerriana, una de las propiedades rurales del empresario.
Ibañez explicó que había hablado con la persona a la que identificaban como "la Tía" y que, por su parte, consideraba conveniente mantener a los trabajadores que ya habían sido acordados para evitar que se incorporara otra gente.
Báez respondió con insistencia: "Pero haceme caso, haceme caso por favor, y después llamame". Cuando Ibañez le indicó que lo mantendría informado y que todavía no comunicaría nada, el empresario manifestó que no estaba entendiendo la situación y advirtió que, si era necesario, llamaría a quienes correspondiera para sacar a todos del lugar.
En la segunda conversación, Báez planteó que no podían mezclar dos cuestiones y que necesitaban una persona de confianza. Explicó que había pedido que enviaran a quien estaba administrando La Entrerriana y que esa persona designara a otro trabajador en el establecimiento.
Ibañez respondió que ya tenía dos personas en la estancia: una a la que le pagaba el sueldo y otra que colaboraba con el trabajo. Báez, entonces, manifestó su preocupación por las decisiones de "la Tía" y advirtió: "La Tía piensa que porque pone gente que ella quiere, después va a hacer lo que ella quiere, ojo con eso".
A continuación, indicó cómo debían organizarse las designaciones: que el administrador de La Entrerriana colocara a alguien de su confianza para realizar los trabajos y que él mismo supervisaría ambos lados.
La tercera comunicación se produjo después de las 19 horas y volvió sobre la administración de Alquinta. Ibañez le informó que ya tenía todo preparado y que esperaba su autorización para que otra persona firmara y pudieran manejar la operación.
Cuando Báez preguntó a qué se refería, su interlocutor precisó que hablaba de Alquinta. El empresario respondió afirmativamente y luego pidió que, si la mujer estaba desesperada por algo, lo llamara y explicara qué necesitaba. También le indicó que dejara de hacer maniobras que pudieran involucrarlos a todos en el mismo problema.
En esa conversación mencionó que, de lo contrario, se echaría a todos los trabajadores que habían sido designados para quedar a cargo de Agro, la empresa encargada de un grupo de estancias.
Tanto La Entrerriana como Alquinta forman parte de las más de 50 estancias que la Justicia le habría detectado a Báez.
El movimiento de bienes en Gobernador Gregores
Otra conversación incorporada al expediente tuvo lugar el 9 de septiembre de este año, a las 20:45, desde el Penal de Ezeiza. En ese diálogo, Ibañez le anticipó a Báez que al día siguiente Claudia Insaurralde iría a visitarlo y que le explicaría una operación relacionada con Gobernador Gregores.
El interlocutor señaló que estaba evaluando retirar algunos elementos del lugar y que necesitaba la autorización del empresario para avanzar. Báez respondió que quería que esos bienes fueran tomados como parte de pago o a cuenta.
Ibañez confirmó que tenía algunas cosas guardadas en Gregores que eran de su propiedad. Antes de finalizar la conversación, Báez preguntó por el valor aproximado de la operación y planteó distintas posibilidades: 20, 30 o 40.
Ibañez estimó que podía representar entre 40 y 50, además de otros elementos que tenía disponibles, y explicó que la intención era dejar saldada una deuda o una cuenta pendiente.
El intercambio fue incorporado como parte de las pruebas que buscan determinar de qué manera se organizaban los movimientos de bienes y las operaciones comerciales desde la cárcel.
"El dueño soy yo": la discusión por los alquileres de laboratorios
Una de las escuchas más relevantes se registró el 8 de octubre, a las 12:10, cuando Báez mantuvo una conversación con un inquilino de propiedades ubicadas en Río Gallegos que eran utilizadas para el funcionamiento de un laboratorio.
El diálogo comenzó cuando el interlocutor, identificado como Tato, explicó que Claudia le había comentado que existían conversaciones sobre la situación contractual. También mencionó a las partes que figuraban en los contratos: Trinidad, Cedimag y Prexa, los laboratorios involucrados.
Báez respondió que, desde su perspectiva, había una sola parte y que Claudia tenía instrucciones precisas. Le dijo que debían llegar a un acuerdo lo antes posible y que, si no lo conseguían, podían dar por terminado el contrato.
El empresario sostuvo que llevaban diez años haciendo "los pícaros" y reclamó que se resolviera la situación. Tato intentó conocer qué información manejaba Báez y cuáles eran concretamente sus exigencias.
El empresario insistió en que ya habían conversado sobre el asunto con el contador de la otra parte, a quien identificó también como Diego. Se refería a Diego Navarro, histórico colaborador de Báez, quien además está imputado en la causa.
Durante el intercambio, Báez sostuvo que las instrucciones ya habían sido comunicadas y que esperaba una respuesta. También cuestionó que se hubiera incorporado a otra persona a las negociaciones y afirmó que esa intervención no tenía relación con él.
En ese contexto pronunció una de las frases más significativas de la escucha: "El dueño de la historia acá soy yo, ni mi familia, ni los otros abogados".
Cuando Tato preguntó si se refería al doctor Lerena, intervino Claudia Insaurralde para aclarar: "No, por Nanini". La conversación fue interpretada dentro de la investigación como una muestra de la intervención directa de Báez en las condiciones de alquiler y en las negociaciones vinculadas con los inmuebles.
La comercialización de ovejas y la necesidad de obtener dólares
Las escuchas también registraron operaciones sobre bienes agropecuarios. El 20 de octubre, Cristian Ibañez inició una negociación comercial siguiendo, según la investigación, directivas de Báez. El objetivo era comercializar ovejas pertenecientes a un campo incluido en el listado de bienes sujetos a decomiso en las causas Ruta del Dinero K y Vialidad.
En una conversación con una persona identificada como Oscar Núñez, Ibañez consultó cuánto podían valer 600 ovejas. Núñez respondió que, como mínimo, podían costar 100.000 pesos cada una si eran nuevas, mientras que las borregas podían alcanzar los 150.000 pesos.
Ante la consulta sobre la documentación de los animales, Ibañez reconoció que tenía ejemplares sin documentos. Núñez señaló que ese era un problema para concretar la operación y preguntó si se trataba de ovejas, borregas o capones. Ibañez aclaró que eran ovejas.
Luego, Núñez manifestó que podían hacer algún negocio. En ese momento, Ibañez explicó cuál era su necesidad económica: "Necesito U$D10.000". Agregó que contaba con lana y otros elementos para ofrecer, y que necesitaban reunir dinero porque les faltaba una suma para cubrir sus necesidades.
La conversación dejó expuesta otra de las operaciones comerciales bajo investigación: la posible venta de animales y otros productos de un establecimiento rural que estaba incluido entre los bienes alcanzados por pedidos de decomiso judicial.
