El diputado provincial Mamerto Acuña presentó un paquete de cinco proyectos de ley que integran el plan de gestión pública denominado "Que se quede en Catamarca", una propuesta orientada a establecer condiciones para que la expansión de la actividad minera tenga un impacto concreto y sostenible en la economía provincial.
Las iniciativas tomaron estado parlamentario durante la sesión de este miércoles de la Cámara de Diputados y reúnen cinco líneas de acción legislativa: fortalecer la contratación de proveedores y trabajadores catamarqueños, desarrollar las pequeñas y medianas empresas locales, generar espacios de vinculación comercial, garantizar el acceso público a información sobre empleo y compras mineras y ampliar las facultades de control de la Legislatura.
El paquete fue presentado en un escenario de crecimiento de las inversiones mineras en Catamarca. De acuerdo con los fundamentos de las iniciativas, seis proyectos adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) representan más de 4.700 millones de dólares atribuibles a la provincia.
Sin embargo, Acuña advierte que el volumen de inversiones anunciado no garantiza automáticamente que las contrataciones, los puestos de trabajo y las oportunidades empresariales permanezcan en territorio catamarqueño. Por eso, sostiene que resulta necesario pasar de los anuncios de inversión a políticas públicas capaces de medir, exigir y promover resultados concretos.
El planteo central del legislador es que Catamarca no debe limitarse a ser el lugar donde se extraen los recursos naturales mientras las oportunidades laborales, los contratos y el desarrollo empresarial terminan beneficiando a otras provincias.
"No buscamos frenar las inversiones, queremos que la riqueza que genera la minería se traduzca en oportunidades concretas para los catamarqueños", sostuvo al explicar el sentido del paquete legislativo.
Proveedores y empleo minero catamarqueño
La primera iniciativa propone crear el Régimen Provincial de Proveedores y Empleo Minero Catamarqueño, considerado la columna vertebral del plan. El objetivo es otorgar fuerza de ley al Registro de Proveedores de Empresas Mineras (Re.P.E.M.) y establecer condiciones para que una proporción significativa de las compras y contrataciones de las compañías se realice dentro de la provincia.
El proyecto establece que las empresas mineras deberán contratar al menos el 70% de sus obras, bienes y servicios con proveedores inscriptos. Además, define requisitos para que una firma pueda ser considerada verdaderamente catamarqueña.
Entre las condiciones previstas se encuentran:
Contar con establecimientos operativos en Catamarca.
Tributar localmente.
Tener mayoría de socios catamarqueños.
Emplear al menos un 70% de personal provincial.
Dar prioridad a las empresas de los departamentos donde se desarrollan los emprendimientos y de las jurisdicciones vecinas.
La iniciativa también contempla obligaciones específicas para los proyectos que no se encuentran adheridos al RIGI. En esos casos, deberán integrar sus planteles con al menos un 70% de trabajadores catamarqueños y presentar planes bienales de empleo y contratación, cronogramas públicos de compras y auditorías.
El régimen prevé sanciones económicas ante los incumplimientos. No obstante, incorpora excepciones para aquellas empresas que puedan demostrar que no existe oferta local disponible y que realizaron esfuerzos para desarrollarla.
En cuanto a los emprendimientos adheridos al RIGI, el proyecto contempla expresamente el respeto de la estabilidad comprometida por la Provincia mediante la Ley 5.863. En lugar de modificar esas condiciones, propone mecanismos voluntarios de adhesión, con metas públicas e incentivos fiscales para las compañías que alcancen determinados porcentajes de contratación y empleo local.
Financiamiento para fortalecer a las pymes mineras
El segundo proyecto plantea la creación del Programa Provincial de Desarrollo de Proveedores Mineros Catamarqueños, destinado a fortalecer las pequeñas y medianas empresas de la provincia para que puedan competir en mejores condiciones por los contratos vinculados con la actividad minera.
La propuesta parte de la necesidad de que las inversiones no se limiten a generar oportunidades para empresas ya consolidadas fuera de Catamarca, sino que también permitan desarrollar capacidades productivas dentro del territorio provincial.
Para ello, contempla un conjunto de herramientas de asistencia técnica, financiera y de capacitación. Entre ellas se incluyen diagnósticos empresariales gratuitos, aportes no reintegrables de hasta el 70% para financiar certificaciones de calidad, ambiente y seguridad, líneas de crédito con tasas bonificadas y acciones de formación junto a la Universidad Nacional de Catamarca y las escuelas técnicas.
También se prevén instrumentos para promover la asociatividad entre empresas locales, con el propósito de que puedan fortalecer sus capacidades y responder a las exigencias de contratación de los emprendimientos mineros.
El financiamiento del programa provendría de una suma equivalente al 3% de las regalías correspondientes a la Provincia. El proyecto aclara que ese mecanismo no afectaría los recursos que reciben los departamentos y municipios.
Además, establece la creación de una cuenta presupuestaria específica y la obligación de presentar rendiciones semestrales ante las comisiones legislativas correspondientes.
Acuña sostiene que las regalías mineras deben convertirse también en una herramienta para construir una economía capaz de sostenerse más allá de la explotación de los recursos naturales. En ese sentido, el programa busca que las empresas catamarqueñas desarrollen capacidades, generen empleo y puedan consolidarse como proveedoras incluso cuando los proyectos mineros finalicen su actividad.
Acercar a las empresas mineras y los proveedores
La tercera iniciativa propone establecer una Ronda Anual de Negocios Minera de Catamarca, mediante la cual el Estado provincial deberá organizar, al menos una vez por año, encuentros entre las compañías mineras y los proveedores locales.
El proyecto establece que la sede de estas reuniones será alternada entre la Capital y los departamentos mineros. La convocatoria incluirá a cámaras empresariales, sindicatos, universidades, escuelas técnicas y municipios, con la intención de generar un espacio de vinculación entre las necesidades de las compañías y las capacidades productivas existentes en la provincia.
La propuesta también establece obligaciones concretas para el Gobierno. Antes de cada encuentro, deberá publicar las necesidades de compra de las empresas mineras. Posteriormente, tendrá que informar a la Legislatura los resultados de las rondas.
Ese informe deberá incluir:
La cantidad de reuniones realizadas.
Los contratos concretados.
Los montos económicos involucrados.
Los rubros en los que todavía no existe oferta provincial.
La iniciativa toma como referencia experiencias de otras jurisdicciones y busca evitar que las oportunidades comerciales vinculadas con los grandes proyectos mineros se canalicen exclusivamente mediante encuentros empresariales organizados fuera de Catamarca.
Para Acuña, el Estado debe asumir un papel activo como articulador entre las inversiones que llegan a la provincia y el entramado productivo local. La ronda anual pretende, precisamente, establecer un ámbito institucional para que las empresas catamarqueñas conozcan las demandas de las compañías mineras y puedan presentarse como potenciales proveedoras.
Un tablero público para conocer el impacto de la minería
El cuarto proyecto propone implementar un Tablero Público de Empleo y Compras Mineras, una herramienta destinada a transparentar la información sobre el funcionamiento de los emprendimientos y permitir que la ciudadanía conozca periódicamente sus resultados en materia laboral y comercial.
La iniciativa establece que la información deberá publicarse trimestralmente y desagregarse por cada proyecto minero. De esa manera, se podrá conocer cuántas personas trabajan en cada emprendimiento, de qué departamentos provienen, cuál es la participación de mujeres, cuáles son los niveles de calificación y qué contrataciones se realizaron con proveedores catamarqueños.
El tablero también deberá incluir los compromisos de contratación local asumidos por los proyectos adheridos al RIGI.
Según Acuña, una de las principales falencias actuales en el seguimiento de la actividad es la falta de información pública, sistematizada y accesible para determinar cuál es el verdadero impacto de la minería en el empleo y en las empresas de Catamarca.
El legislador recuerda que distintos pedidos de informe presentados anteriormente no obtuvieron respuestas claras. Sostiene, además, que buena parte de esos datos ya se encuentran en poder del Estado, por lo que el desafío no consiste necesariamente en producir nueva información, sino en garantizar su publicación periódica y su disponibilidad para la ciudadanía.
Con esta herramienta, el proyecto busca que los anuncios de inversión puedan contrastarse con indicadores concretos sobre empleo, participación de trabajadores locales y volumen de compras realizadas dentro de la provincia.
Más atribuciones para el control legislativo de la actividad minera
La quinta iniciativa apunta a fortalecer el funcionamiento de la Comisión Bicameral de Minería y Desarrollo, mediante mayores atribuciones para controlar y realizar un seguimiento integral de la actividad.
El proyecto contempla que la comisión pueda analizar los proyectos mineros y sus compromisos de inversión, el empleo y las contrataciones locales, las regalías, los fideicomisos, el uso del agua, las cuestiones ambientales, la seguridad laboral y el funcionamiento de las empresas estatales vinculadas con el sector, entre ellas CAMYEN e YMAD.
Para desarrollar esas tareas, la propuesta incorpora distintas herramientas institucionales. Entre ellas se encuentran los informes semestrales obligatorios de los ministerios de Minería, Hacienda, Ambiente y Trabajo, la realización de audiencias públicas en los departamentos mineros y la posibilidad de solicitar auditorías al Tribunal de Cuentas.
También contempla la presentación de informes en minoría, establece un plazo de treinta días para la constitución de la comisión y mantiene la presidencia en manos de la oposición, como garantía de un mecanismo de control legislativo independiente.
El planteo busca que el seguimiento de la actividad no quede limitado a la información que proporcionen las empresas o a los informes que el Poder Ejecutivo decida presentar, sino que exista una instancia parlamentaria con herramientas específicas para examinar los compromisos y resultados de la minería provincial.
Que la riqueza permanezca en Catamarca
Al explicar el sentido político de la presentación, Acuña remarcó que las cinco iniciativas no constituyen proyectos aislados, sino que forman parte de una misma estrategia para que la actividad minera genere beneficios sostenibles en Catamarca.
El plan articula cinco dimensiones complementarias: establecer reglas claras para las contrataciones, preparar a las empresas locales para competir, generar espacios de vinculación comercial, transparentar la información y fortalecer el control institucional.
La intención es que el crecimiento de las inversiones tenga una traducción concreta en la economía provincial y que los resultados puedan ser medidos a través de indicadores vinculados con la cantidad de empresas catamarqueñas contratadas, los puestos de trabajo generados y los recursos que permanecen en los departamentos donde se desarrollan los emprendimientos.
"Queremos que cuando se hable de minería en Catamarca, no solamente se hable de millones de dólares de inversión, sino también de cuántas empresas catamarqueñas trabajan, cuántos puestos de empleo se generan para nuestra gente y cuánto de esa riqueza queda en nuestros departamentos", expresó el diputado.
El legislador también buscó despejar cualquier interpretación de que las propuestas tengan como finalidad obstaculizar las inversiones o modificar las condiciones de estabilidad de los proyectos adheridos al RIGI. Por el contrario, el esquema contempla el respeto de los compromisos asumidos por la Provincia mediante la Ley 5.863 y propone mecanismos voluntarios de incentivos para promover mayores niveles de contratación local.
Con los cinco proyectos que tomaron estado parlamentario, el plan "Que se quede en Catamarca" propone instalar una discusión sobre cómo convertir el crecimiento minero en desarrollo productivo, empleo y oportunidades empresariales dentro de la provincia. La iniciativa plantea que el volumen de inversiones, por sí solo, no alcanza para garantizar esos resultados y que el Estado debe establecer reglas, herramientas de promoción, mecanismos de información y controles que permitan verificar cuánto de la riqueza generada por la actividad queda efectivamente en manos de los catamarqueños.
