El presidente Javier Milei oficializó este lunes el veto a las leyes que establecían un aumento para jubilados, una nueva moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante el decreto 534/2025, donde el Gobierno argumenta que las iniciativas aprobadas por el Congreso representan un "riesgo para la sostenibilidad de las cuentas públicas" y violan el equilibrio fiscal.
El veto se fundamenta en tres ejes principales: el impacto presupuestario considerado "inviable", la falta de fuentes genuinas de financiamiento y graves irregularidades en el procedimiento legislativo durante la sesión en el Senado.
Un costo fiscal "exorbitante"
El principal argumento es el impacto económico que las leyes tendrían en las finanzas del Estado. Según el decreto, las medidas representarían:
Un gasto adicional superior a los $7 billones para 2025.
Un incremento de casi $17 billones en 2026.
Estas cifras, detalló el Poder Ejecutivo, equivalen al 0,90% del PBI para este año y al 1,68% para el próximo, lo que dificultaría las metas de superávit fiscal y pondría en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas.
Falta de financiamiento y vicios técnicos
El decreto remarca que los proyectos vulneran el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige que toda ley de gasto especifique su fuente de financiamiento.
El Gobierno sostuvo que las fuentes contempladas en el caso del aumento a jubilados apenas cubren el 4% del costo total, mientras que la moratoria previsional y la ley de emergencia en discapacidad directamente "no contemplan previsión alguna" sobre cómo se financiarán.
"Graves nulidades" en la sesión del Senado
El tercer argumento central del veto presidencial apunta a las irregularidades en el procedimiento de sanción de las leyes. Según el Gobierno, la sesión del 10 de julio en el Senado incurrió en las siguientes anomalías:
No se realizó la citación previa a los senadores con la antelación reglamentaria.Los proyectos fueron habilitados para su tratamiento con mayoría simple, cuando, según el oficialismo, se requerían dos tercios de los votos.
Se les otorgó carácter de dictamen a documentos que, según la Secretaría Parlamentaria del Senado, no cumplían con los requisitos formales. El Ejecutivo consideró que estas falencias constituyen un "atentado directo contra nuestra Constitución Nacional" y concluyó que las leyes "no deben ser promulgadas" debido a su ilegitimidad de origen.